El costo de la tierra en el municipio de San José Chiapa se incrementó en más de 3 mil 194 por ciento en los últimos cuatro años por el arribo de la planta armadora de vehículos de lujo Audi, lo que la convirtió en una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla. Es precisamente ahí donde el gobierno estatal, en el sexenio pasado, ofreció en venta bajo un procedimiento irregular y opaco un terreno que compró a bajo precio a ejidatarios en el año 2013 y que hoy se encuentra valuado en más de 26 millones de pesos.
La operación se llevó a cabo seis meses antes de que Moreno Valle dejara el poder y corrió a cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la cual ofreció el inmueble al capital privado en tres ocasiones mediante convocatorias de enajenación, pese a que no tenía la autorización del Congreso de Puebla para comercializarlo.
Lo anterior consta en documentos que la SFA proporcionó a La Jornada de Oriente a través de una solicitud de información que se rehusó a atender durante más de medio año, a la que dio respuesta de manera parcial el viernes anterior, tras la promoción de un recurso jurídico en su contra que se encuentra bajo revisión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Entre la información que la dependencia todavía mantiene oculta se encuentra el nombre de los beneficiarios de la transacción que se llevó a cabo con ese terreno de la zona Audi, cuya dimensión se equipara con 13 canchas del estadio Cuauhtémoc.
Gobierno del estado, entre los especuladores inmobiliarios
El gobierno de Moreno Valle emprendió las negociaciones para la compra de cientos de hectáreas en San José Chiapa y los municipios vecinos inmediatamente después de que se confirmó la instalación de la primera planta Audi en México el 5 de septiembre de 2012, en esa región que era netamente rural.
La primera adquisición se realizó sobre un llano de 460 hectáreas que el Poder Ejecutivo local donó a la armadora para la construcción de la factoría. El predio se pagó a los campesinos en 8 pesos con 50 centavos el metro cuadrado, de acuerdo con el frente de ejidatarios que se formó pocos meses después para defender la tierra de los especuladores inmobiliarios que llegaron a la región.
Los propietarios aceptaron ese precio de venta debido a que los terrenos en el lugar, antes del arribo de Audi, se comercializaban con un valor de entre uno y dos pesos el metro cuadrado.
En los tres años posteriores la administración de Moreno Valle continuó con la compra de predios. En 2015 se conoció la adquisición de 345 hectáreas más en San José Chiapa que se destinarían al proyecto urbanístico Ciudad Modelo, a las que se sumaron 47 hectáreas en el municipio de Nopalucan para la construcción del Parque Finsa II.
Ejidatarios de Nopalucan y San José Chiapa informaron que vendieron sus propiedades en 100 y 170 pesos por metro cuadrado, respectivamente.
Finanzas pudo malbaratar terreno de 94 mil metros cuadrados
El gobierno del estado compró tantas tierras en la región, que llegó un punto en el que éstas dejaron de ser útiles para el desarrollo de las políticas públicas que se activaron ante el arribo de Audi. Al menos ese fue el argumentó que dio Moreno Valle al Congreso de Puebla para convencerlo de autorizarle la venta del terreno de 94 mil 566 metros cuadrados de San José Chiapa.
En un Avalúo Comercial para Predios Rústicos emitido por el Instituto Catastral del Estado de Puebla el 19 de febrero del año anterior, se fijó el costo por hectárea de ese inmueble en 2 millones 800 mil pesos, es decir, en 280 pesos el metro cuadrado, por lo que se puede estimar un precio total de 26 millones 478 mil 716 pesos.
Lo anterior significa que en un año el valor de los terrenos en la zona de San José Chiapa se incrementó en 64 por ciento, si se toma en cuenta el precio de venta de 170 pesos reportado en la adquisición de 345 hectáreas en 2015 para Ciudad Modelo.
Sin embargo, si el valor señalado por el Instituto Catastral se le compara con los 8 pesos con 50 centavos que el gobierno entregó a los ejidatarios que vendieron en 2012 las 460 hectáreas donde se encuentra asentada Audi, se habla de un alza de 3 mil 194 por ciento.
El problema es que se desconocen las condiciones bajo las cuales la SFA cedió la propiedad de ese inmueble, pero las convocatorias emitidas por esa dependencia en 2016 exhiben la realización de por lo menos tres procesos de enajenación para una fracción de 67 mil 91 metros cuadrados, por lo que ya se encontraba en posibilidad de malbaratarlo.
La Ley General de Bienes del Estado determina que si los bienes inmuebles públicos no se enajenan una vez licitados por segunda ocasión, “se podrán adjudicar, pudiendo reducir como máximo hasta 30 por ciento del valor previsto en el avalúo del Instituto Registral y Catastral”.
De ser así, el terreno de 67 mil 91 metros cuadrados habría pasado de un precio de venta de 18 millones 785 mil pesos a 13 millones 149 mil pesos, lo que significaría una pérdida para la hacienda pública de 5 millones 635 mil pesos, a favor de cualquiera que haya sido el comprador.
El terreno de San José Chiapa en cuestión se segregó de uno mayor formado por cinco fracciones de la antigua hacienda de San Miguel El Salado y 25 parcelas. Aunque es un solo inmueble que adquirió el Poder Ejecutivo mediante instrumento público número 16876 de fecha 9 de agosto de 2013, Moreno Valle lo dividió en dos a la hora de presentar la solicitud de autorización para su enajenación a los diputados.
En ambos casos, el gobierno estatal aseguró que “la fracción (…) no es útil ni idónea para ser destinado a oficinas públicas ni para ser utilizadas para la prestación de alguna servicio público, por lo cual dicho inmueble carece de utilidad para el gobierno del estado de Puebla, por lo que de mantenerlo dentro del patrimonio inmobiliario, solo se generan gastos de mantenimiento, lo que representa altos costos para el erario público”.
La primera iniciativa llegó al Congreso el 21 de marzo de 2016, para desincorporar del patrimonio público del estado una fracción de 27 mil 475 metros cuadrados. El Congreso la aprobó el 15 de junio siguiente.
Venta de predios, contraria a la Constitución del estado
Para enajenar los 67 mil 91 metros cuadrados restantes, el entonces gobernador presentó una segunda iniciativa que llegó al Poder Legislativo el 21 de septiembre de 2016, la cual quedó aprobada el 17 de octubre y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla (POEP) el 24 de octubre.
La SFA no esperó la autorización del Congreso para iniciar la comercialización del predio de 67 mil 91 metros cuadrados. Bajo la conducción de Guillermo Edmundo Bernal Miranda, la dependencia emitió tres convocatorias de enajenación meses antes de que el Ejecutivo solicitara autorización al Congreso y éste aprobara dicha operación.
La primera convocatoria se firmó el 20 de julio de 2016 y tenía como fecha de cierre para recibir propuestas el 26 de ese mismo mes; la segunda se signó el 28 de julio con cierre el 2 de agosto; y la tercera se firmó ocho días después, el 10, con cierre el 15 de agosto.
Todo el proceso se concluyó en un mes pese a que la autorización de enajenación quedó firme hasta el 25 de octubre, pues el decreto señala que entrará en vigor hasta el día siguiente de la publicación en el POEP. Finanzas habría infringido el artículo 57 fracción VII de la Constitución del estado, el cual establece que es el Congreso el que tiene la facultad de “autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del estado o de los municipios, a solicitud de éstos”.