La subcontratación, llamada comúnmente como outsorcing (por las generaciones de mexicanos nacidos y educados en el espanglés, parafraseando a Carlos Monsiváis), es un negocio millonario que ha traído ausencia de impuestos altos al gobierno, la falta de inscripción de trabajadores en los servicios de salud, la ausencia de pensiones en millones de personas, el despido y contratación arbitrarias y que empresas de un mismo patrón tengan varias denominaciones, entre otras cuestiones.
El gobierno propuso una ley, en la cual hay sanciones mayúsculas, aunque como era lógico, hasta los empresarios más progresistas se han opuesto al máximo. Por ello se ha dificultado aprobarla, pero en primera instancia, el martes 8 de diciembre se pondría a discusión y votación, aunque después se acordó analizarla en febrero de 2021.
Es necesario hacer notar que los contrarios a la propuesta son los supuestos partidos opositores a la Cuatro T: PRD, PRI, PAN y MC. Y ello no les causa asco, como dice la legisladora panista, Cecilia Romero; quién afirmó que siente nauseas coaligarse con el PRI, aunque todo sea en aras de menguar la fuerza de López Obrador. Se le olvida a dicha señora que tal confluencia de objetivos ha existido, a sotto voce, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien dialogaba cotidianamente con Diego Fernández de Cevallos.
Según un estudio de las investigadoras del Colegio de México: Graciela Bensunsán, Landy Sánchez y María Edith Pacheco, el asunto ha crecido de 2004 a 2014, en casi el doble, ya que antes había 9 por ciento de cada 100 trabajadores en subcontratación y hoy existen 17 por ciento.
En el 60 por ciento de las empresas grandes, con altos rendimientos, se han implantado tales formas de emplear a los que se suman al trabajo, ello porque tanto el IMSS, la secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) han estado ausentes de inspección en los multimillonarios negocios. Lo que muestra el favoritismo para la ganancia y la ausencia de apoyo a los trabajadores.
Cerca de cinco millones de empleados, de más de 22 millones, sufren esta situación que los pone al borde cotidiano del despido, la ausencia de las garantías del artículo 123 (uno de los fundamentales en la Constitución y pionero en Latinoamérica) que posibilita salario digno y justo, reglamento del trabajo y posibilidades de salud, educación, vacaciones y aguinaldo, entre otras cuestiones.
Pero a quien ahora están empleando sin los derechos fundamentales, se encuentran como decía hace muchos años el prócer Valentín Campa de los ferrocarrileros que no tenían contrato: “pelones”, ya que su salario cada ocho días resultaba lo único que obtenían.
En el actual régimen capitalista, lejos de aumentar las posibilidades para los que realizan algún trabajo gocen de una vida mejor, la involución ha sido tremenda. Ya que hasta las jornadas de trabajo son más largas y peligrosas.
En esta situación se encuentran el 90 por ciento de los empleados bancarios, incluso de consorcios como Bank of America y Volkswagen Bank, no se diga del principal ganador de utilidades en el país BBVA, el cual obtiene el 35 por ciento de sus utilidades aquí, tres veces más de lo que logra en su matriz, España.
Esto lo ha difundido ampliamente el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), cuyo director es Héctor de la Cueva.
La mayoría de bancos pequeños, incluido uno en quiebra como Famsa, los cuales obtuvieron concesiones durante el gobierno de Vicente Fox, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, han operado como si no existieran leyes laborales.
Otros lugares donde la situación es anómala, el sector salud y de asistencia, en el cual 46 por ciento de las desprotegidas son mujeres. También destaca el caso de la educación, cuyos maestros obtienen salarios ridículos, cargas de trabajo largas por las tareas a calificar y ninguna posibilidad de obtener lo elemental.
La industria automotriz, extranjera toda, es un sitio donde asimismo existe esta también llamada tercerización, ya que las armadoras, en las cuales hay cada vez amplia mano de obra femenina está en la indigencia.
En la construcción y las actividades agropecuarias, cuando menos el 16 y el 12 por ciento de su plantilla se encuentra en malísimas condiciones. En ambas labores, por cierto, el trabajo infantil es frecuente y los accidentes o fallecimientos de menores va en aumento.
Según la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en ocasiones hay 13 empresas de subcontratación en una sola plantilla, con el objeto de hacer más complicado encontrar y distinguir las irregularidades.
Hay otras muy conocidas que hacen de esta práctica un credo: las de comida rápida, las de hamburguesas y pizzas, de reparto alimenticio y hasta una buena cantidad de oficinas gubernamentales, ya que sus servicios de limpieza, de policía y de honorarios, están fuera de los sindicatos.
Según, Carlos Romero Aranda, Fiscal de la Federación, el gobierno deja de recibir 200 mil millones de pesos al año por la subcontratación
La nueva iniciativa: ¿permitiría una nueva simulación con diversas modalidades? Esperemos que no sea así.