Las más de 200 organizaciones sociales que participaron en la Segunda Cumbre Ciudadana Por los Derechos y las Libertades emitieron una llamada de atención a las autoridades de los tres niveles de gobierno para no retomar actos represivos del pasado. El exhorto se lanzó desde Puebla por ser una de las entidades federativas cuyo gobierno intentó legalizar el uso de armas de fuego para disolver protestas públicas.
El tema se abordó durante el acto de clausura, en el que estuvo presente el mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas, quien fue autor de la condenada #Ley Bala; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Lozano de la Torre.
Las organizaciones presentes en el cónclave nacional exhortaron al titular de la Conago a promover en las 32 entidades federativas del país la construcción de una relación de diálogo entre autoridades y sociedad.
“La libre expresión de la ciudadanía en sus diferentes manifestaciones merece no sólo atención institucional, sino la garantía de que el diálogo prevalecerá sobre cualquier intención de regresar a escenarios de represión que ya hemos superado”, manifestó Eva Nájera, del Consejo Cívico de Nuevo León.
En entrevista posterior, la activista social reconoció que el llamado lo realizó motivada en una preocupación de las organizaciones participantes en la cumbre, por la aprobación de la #LeyBala en Puebla el 19 de mayo pasado.
Explicó que existen versiones de que 11 estados más intentarán repetir ese ejercicio legislativo, pese a la condena internacional que recibieron las autoridades poblanas, la cual obligó al Congreso local a corregir la iniciativa del Poder Ejecutivo con el fin de que en la ley quedará prohibido el uso de fuerza letal contra manifestantes.
“Es sumamente peligroso para la libertad de expresión y los derechos humanos. En el pasado podemos referirnos a muchos momentos históricos, no muy lejanos, donde la sociedad que se manifiesta en contra de los gobiernos ha sido reprimida hasta la muerte.
“Sí nos parece un momento muy importante para alzar la voz en contra de este tipo de leyes; esto se tiene que parar, no solo en Puebla, sino en el resto de los estados del país”, enfatizó Eva Nájera, quien se solidarizó con los grupos ciudadanos del estado que han denunciado al gobierno estatal por actos de represión.
A su parecer, ese tipo de normas se promueven porque existe “miedo” en los gobiernos, principalmente aquellos que no encuentran las vías adecuadas para resolver el descontento social.
Aclaró que la postura de la Segunda Cumbre Ciudadana “no es de crítica destructiva”, sino de análisis, propuesta y colaboración, por lo que las organizaciones participantes realizaron la invitación a las autoridades a abrir los caminos de la comunicación.
Emplazan a autoridades
Tras dos días de trabajo, que tuvieron como sede el Complejo Cultural Universitario, los más de 200 grupos ciudadanos que participaron en las mesas de análisis elaboraron un pliego de peticiones que enviarán a los tres niveles de gobierno y a los poderes de la Unión, a quienes solicitaron establecer una ventana de interlocución permanente con la sociedad civil.
Las autoridades tendrán hasta el 3 de julio para responder por escrito las demandas, definiendo si las suscribirán o no, además de que deberán establecer mecanismos de seguimiento periódico para evaluar el avance de los compromisos.
Las peticiones se desglosan en nueve temas: seguridad, justicia y derechos humanos; democracia y participación ciudadana; derecho a la alimentación; educación; fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil; inclusión social y cohesión comunitaria; migración; salud, y trata de personas.
Dentro de seguridad, justicia y derechos humanos se incluyó la despenalización efectiva del uso y posesión de la cannabis, fortalecimiento y puesta en práctica del Programa Nacional de Derechos Humanos, así como establecer pruebas psicométricas de control de confianza y de conocimientos para los puestos de directivos.
En materia de democracia y participación, se propuso que grupos ciudadanos formen parte del proceso de arbitraje electoral para tener una participación directa en la designación de los consejeros locales del Instituto Nacional Electoral (INE); la aprobación de una Ley General de Participación Ciudadana; y abrir el debate en torno a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
Para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, la Segunda Cumbre Ciudadana propuso una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de eliminar la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos y eliminar la constancia de acreditamiento de actividades en el trámite de autorización como donatarios.
En materia de derecho a la alimentación las organizaciones sugieren una reforma al campo que incorpore una sección específica de políticas dirigidas a la agricultura familiar, en pequeña y mediana escala, y evitar la concentración, el acaparamiento y la especulación en materia alimentaria.
Cabe destacar que la Primera Cumbre Ciudadana, que tuvo como temática un México Pacífico y Justo, se llevo a cabo en mayo de 2012 para incidir en las políticas públicas.
Entre las organizaciones que participaron en la segunda edición se encontró Mexicanos Primero, Transparencia Mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México, Causa Común, Movimiento por la Paz de México, Observatorio Nacional Ciudadano, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Centro Mexicano para la Filantropía, el Consejo Cívico de Nuevo León, Actívate por Puebla y Puebla Vigila.