Ante los casos de linchamiento que se han suscitado en la entidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), Félix Cerezo Vélez, pretende que el Congreso local elabore una norma similar a la “Ley Bala” creada durante el morenovallismo para reprimir a la ciudadanía mediante la fuerza pública.
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Así lo acusó el activista Luis Soriano Peregrina, quien alertó sobre la gravedad de retomar dicha normativa que en 2014 provocó o muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo y lesiones a una treintena de vecinos de la localidad de Santa Rita Tlahuapan durante un operativo policial.
En conferencia de prensa convocada este miércoles, Soriano explicó que la CDHEP emitirá una recomendación a varias instancias públicas por el linchamiento de David Picazo González en Huauchinango ocurrido el 10 de junio de 2022.
En ese documento, dijo, Cerezo Vélez pide al Congreso del Estado elaborar una ley que regule el uso de la fuerza pública en caso de linchamientos, lo que, en su opinión, representa la reactivación de la “ley bala” aprobada en Puebla durante la gestión de Rafael Moreno Valle y abrogada en 2018 ya en la administración de Miguel Barbosa Huerta.
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Indicó que el presidente de la CDHEP trabaja en la elaboración de la propuesta, de manera conjunta con la diputada local Araceli Celestino del PT.
Soriano mostró un documento en el que solicitó una reunión con el presidente de la Comisión, a fin de abundar en el tema y solicitarle que dé marcha atrás a su propuesta pues insistió en que dicha normativa solo sirve para reprimir y violentar físicamente a la población, por lo que dijo que se encuentra a la espera de que Cerezo Vélez lo reciba y así abordar el tema.
El activista dijo que existen protocolos internacionales que dictan la manera adecuada de actuar ante un linchamiento, por lo que insistió en que no es necesario recurrir a la “ley bala” que ya demostró que no es efectiva sino que solo reprime a la población.
“Una ley no resuelve la violencia, eso es lo que no les ha quedado claro a algunas personas que no han estado en el activismo o en el servicio público por más tiempo. (…) puede haber otras alternativas mejores que reactivar la ley bala, desde el tema de protocolo, desde establecer una cultura de derechos humanos, construir protocolos realmente actualizados, escuelas a policías”, explicó.