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Legisladores federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN) y al menos 116 mujeres encargadas de guarderías de Tlaxcala, promovieron ante el juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación un amparo para demandar la cancelación de apoyos del “Programa de estancias infantiles para el apoyo a madres trabajadoras”.
La diputada federal Adriana Dávila Fernández, así como los legisladores locales, Leticia Hernández y Omar Milton López Avendaño, acompañados de medio centenar de personas, llegaron hasta las instalaciones de Ciudad Judicial para presentar esta querella, a través de la cual denunciaron la violación a los derechos de al menos 7 mil infantes de Tlaxcala que ya no tienen acceso a dicho apoyo.
“Es un amparo colectivo, de concederse el amparo, los beneficios serán para todas, y estas mujeres han dado una lucha importante para cubrir los derechos de otras”, explicó a su arribo Dávila Fernández, quien a nombre de sus correligionarios, enfatizó que “no es una lucha de carácter partidista sino de reconocimiento de los derechos y a tratados internacionales que reconocen la necesidad de proteger a la primera infancia”, dijo la diputada federal Dávila Fernández.
De acuerdo con la demanda, los legisladores y las 116 mujeres que firmaron la demanda, reclaman la reducción del presupuesto correspondiente al programa de estancias infantiles; la emisión de las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños. Hijos de madres trabajadoras; la omisión de la entrega de subsidio a estancias infantiles, como acto de ejecución por la disminución del presupuesto y la emisión de las nuevas reglas de operación, así como el retiro del servicio de estancias infantiles a población objetivo.
Los quejosos buscan en esencia, explicaron, mantener el programa de estancias infantiles, además de la asignación de presupuesto para el subsidio del programa de estancias infantiles para el apoyo a madres trabajadoras, con el propósito de que éstas operen al menos en las mismas condiciones que venían prestando el servicio.
Por ello, los diputados federales y locales pidieron la suspensión del mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de modificar las reglas de operación del programa, pues consideraron que con ello, “se estaría permitiendo al Estado mexicano renunciar a su deber de rectoría en materia de protección efectiva a los derechos de niñas y niños; así como, en materia de políticas públicas para erradicar cualquier tipo de violencia por razón de género, pues conforme al contexto de nuestro país, el cuidado de menores ha sido y es, tradicionalmente asumido por mujeres -grupo históricamente discriminado-, siendo dicho sector de la sociedad uno de los más afectados con el cambio de reglas de operación”.
En entrevista, la diputada Adriana Dávila Fernández, denunció que la medida emprendida por el gobierno federal, además de violar diversas disposiciones constitucionales y legales, ejerce “violencia estructural a las mujeres al impedirles condiciones para desarrollarse conforme a su proyecto de vida y por incentivar la reproducción de estereotipos de género”.
Los diputados federales y locales del PAN, así como las mujeres inconformes con la medida, confiaron en que la justicia federal atenderá sus reclamos, pues aseguraron que más allá de posiciones partidista “queremos el bienestar de la niñez y si hubo algún manejo irregular que se proceda conforme a derecho con las denuncias penales correspondientes en contra de quienes hayan cometido algún delito, pero no afectemos a los niños ni a mujeres inocentes.