El comisionado fugitivo

Hervé Hurtado Ruiz, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), es el funcionario público del gabinete de Marco Antonio Mena Rodríguez que más ha sido requerido por legisladores y medios de comunicación. Hasta ahora ha logrado esquivar los llamados para que explique sobre la fallida estrategia en este rubro.

Apenas el miércoles de la semana pasada rehuyó nuevamente a la prensa, al abandonar rápidamente un evento efectuado en Palacio de Gobierno. Tras él salieron cuatro reporteros intentando alcanzarlo. Al percatarse que era seguido, apretó el paso para acelerar la llegada a su oficina que se encuentra a casi una cuadra y sus escoltas comenzaron a obstaculizar la marcha de los comunicadores que ya se le acercaban. Nunca respondió a la petición de una entrevista. Se siguió de frente.

Sobre el comisionado fugitivo de periodistas y congresistas no solo pesa un llamado a comparecer, sino una demanda de renuncia al cargo por parte de organizaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP), al aludir a un reportaje publicado en la revista Proceso (15/03/2018), en el cual es vinculado al crimen organizado.


Pero sobre esta presunción, Tito Cervantes Zepeda, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), respondió en una entrevista con varios medios de comunicación, concedida el martes pasado: “No tenemos conocimiento que haya algo de eso en concreto, en caso de que lo haya, se analizaría”.

Por fin, luego de reiteradas peticiones realizadas desde el año pasado, el pleno del Congreso local aprobó  la solicitud de comparecencia de los titulares de la Segob y de la CES, para que informen de las condiciones de seguridad que privan en la entidad tlaxcalteca.

Aunque no hay que echar las campanas al vuelo, porque todavía falta que el jefe de estos funcionarios, el gobernador Marco Mena, acepte la petición impulsada principalmente por legisladores de oposición al partido en el poder, el Revolucionario Institucional, particularmente por el perredista Alberto Amaro Corona, víctima de la delincuencia. Incluso, en el supuesto de que sea avalada, habría que esperar bajo qué dinámica se desarrollaría esta presentación, ya sea en sesión pública o privada, según lo convenga el propio titular del Ejecutivo local.