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Maricela Escobar Sánchez, titular de la Contraloría del Ejecutivo (CE), señaló que no podría señalar si el caso de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) tendrá alcances penales, pero ofreció un procedimiento apegado a derecho.
Según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la UPTx forma parte de las instituciones públicas de nivel superior, involucradas en el desvío de recursos al que se le ha denominado “estafa maestra”, realizado el sexenio federal pasado.
Hace unos días, en diferentes medios de comunicación nacionales, se dio a conocer que, con base en las revisiones efectuadas por la ASF, esta universidad firmó tres convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para transferir a empresas externas cerca de 178.6 millones de pesos.
Al respecto, Maricela Escobar refirió que la CE “trabaja de manera muy activa y puntual” con los entes fiscalizadores y que sigue los procedimientos legales “para tener mucho cuidado en no violar derechos y las etapas correspondientes”.
El asunto es intervenido de manera directa por la ASF, la cual notifica a la Contraloría del Ejecutivo las fases que se cumplen para que se lleven cabo las acciones legales que se determinen, apuntó.
Sin embargo, fue cautelosa para precisar la situación que enfrenta el ex rector de la UPTx, Narciso Xicohténcatl Rojas, ya que en este momento aún se realizan investigaciones, pero –dijo- tengan la certeza de que estamos trabajando con mucha puntualidad, objetividad y sobre todo apegados a derecho.
Contestó que es prematuro señalar si el ex funcionario tendrá que enfrentar un proceso administrativo, pues “tenemos que esperar a que cada una de las instancias vaya substanciando de manera correcta para llevar a cabo las acciones legales”.
Asimismo, respondió que hay más funcionarios públicos involucrados en este caso pero que no puede proporcionar información detallada, ya que se debe observar la Ley de Protección de Datos Personales.
“En la medida en que vayamos caminando ustedes tendrán conocimiento de lo que se está actuando en la Contraloría del Ejecutivo. Son diferentes etapas, hay que esperar a que se presenten pruebas; sería irresponsable decir que hay plazos” para resolver.
La CE se encarga de sancionar las faltas de tipo administrativo, pero si tuviera una connotación penal, las instancias correspondientes serán las que lo determinen, contestó la funcionaria entrevistada por medios de comunicación al concluir un evento.
A la pregunta de si la CE tuvo conocimiento del asunto antes de que se difundiera públicamente a nivel nacional, anotó: “Hemos tenido conocimiento, todas las revisiones y todo lo que sucede, estamos completamente al tanto, solo que esto no está dentro de nuestra esfera de competencia, hay otros órganos fiscalizadores”.
Sobre la adquisición de chamarras escolares, dijo que la ASF requirió información que aún está en análisis, pero que eso “no significa desviación de recursos”, pues hay observaciones que todavía están en proceso de solventación.