El contrato que firmó el gobierno del estado en el sexenio pasado de Rafael Moreno Valle Rosas para ceder a la empresa Evercore la administración de los recursos recaudados del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), a través de un fideicomiso, se diseñó de tal manera que esa relación es casi irrevocable.
El diputado federal de Morena Alejandro Armenta Mier, quien ha denunciado la ilegalidad del acuerdo por comprometer los recursos del ISERTP hasta por 50 años, explicó que es difícil la extinción del fideicomiso porque depende de que la administración estatal en turno demuestre su inconstitucionalidad ante tribunales federales.
En esa lógica hizo un llamado al gobernador Antonio Gali Fayad a iniciar las acciones jurídicas necesarias para terminar el contrato con Evercore, tras la revelación periodística de que esa firma habría creado una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Barbados para evadir impuestos en México.
A su vez, el coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, señaló que la administración estatal está obligada a exigir a Evercore explicaciones sobre el manejo que ha dado a los recursos del también conocido Impuesto Sobre la Nómina (ISN), ante las sospechas de que la totalidad o parte de la recaudación “haya ido a parar este paraíso fiscal”.
Moreno Valle niega al gobierno derecho a revocar el fideicomiso
Como gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, actual aspirante a la presidencia del país, creó el fideicomiso para cubrir con recursos del ISERTP la deuda que generó la obra pública, bienes, adquisiciones o servicios que contrató durante su gestión con plazos de pago de hasta 30 años, entre los que destaca el Centro Integral de Servicios (CIS) de la zona de Angelópolis, el Museo Internacional Barroco (MIB) y las plataformas de Audi.
Las condiciones de la relación con Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V se estipulan en un contrato que signó el 29 de noviembre de 2012 el entonces secretario de Finanzas y Administración, Roberto Moya Clemente, y representantes de esa compañía en la que participa Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari.
En la clausula 16.2 se establece que el gobierno estatal renunció de manera expresa a su derecho de revocar el fideicomiso, mientras la clausula 16.1 determina que el contrato tendrá una duración de hasta 50 años y “solo podrá extinguirse en caso de que su cumplimiento sea imposible o de que se haya liquidado en su totalidad” los adeudos con las empresas.
Empodera contrato a empresas favorecidas por Moreno Valle
El fideicomiso no solo tiene el que carácter de “irrevocable” por negar al gobierno del estado su derecho a extinguirlo por sí solo, sino que también coloca trabas para reemplazar a Evercore como administrador de los recursos del ISERTP.
Para que el gobierno de Puebla pueda sustituir a esa compañía como fiduciaria, el contrato impone en la clausula 14.2 la condición de que la destitución sea aprobada por las empresas que reciben los recursos del impuesto como forma de pago por la infraestructura que detonaron durante el sexenio morenovallista. En el caso del MIB se trata de La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V., propiedad de la familia Hank Rhon, también ligada al salinismo.
Las firmas tendrán derecho a vetar la remoción de Evercore y, en caso de avalar el cambio de fiduciario, contarán además con la atribución de proponer “al menos dos alternativas” para sustituirlo, de entre las cuales el gobierno estatal tendrá que elegir a la ganadora.
“Es un contrato leonino que favorece a Evercore, hay un ejercicio de protección hacia esta compañía”, aseveró Armenta, quien propuso a la Cámara de Diputados en julio pasado integrar una comisión especial para transparentar el manejo del fideicomiso.
Se ponen en riesgo 160 mil mdp de recursos públicos, alerta Armenta
En caso de que el contrato dure los 50 años que se tienen previstos, Evercore recibirá un total de 160 mil millones de pesos de recursos del ISERTP, lo que representa el presupuesto del estado de dos años, de acuerdo con estimaciones de Armenta.
Para dimensionar la cifra, explicó que el compromiso de Puebla con esa empresa significa el pago de 9 millones de pesos diarios durante medio siglo.
“Este fideicomiso es en el fondo una forma de esconder deuda pública y se utilizó para eludir la normatividad de adquisiciones y obras, así como vulnerar la vigilancia del Poder Legislativo sobre el origen y destino de los recursos”, afirmó el diputado de Morena.
En tanto, Víctor Manuel Giorgana indicó que Rafael Moreno Valle tiene responsabilidad del manejo que da Evercore a la recaudación del ISN, por ser el “autor no solo intelectual” del fideicomiso, sino también jurídico.