En entrevista para el suplemento La Jornada del campo, Francisco Cravioto, investigador de Fundar-Centro de Análisis e Investigación y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, afirmó que la reforma energética debilitó de forma contundente, uno por uno, todos los espacios que tradicionalmente se han utilizado desde las instituciones para los procesos de defensa de la tierra tanto para la propiedad social como para la privada.
“Ahora, con el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, que considera a las actividades energéticas de utilidad pública e interés social, resulta un hecho la expropiación a favor del capital privado. De forma populista, los legisladores eliminaron la palabra expropiación, pero en los hechos utilidad pública implica eso; se activa la Ley de Expropiaciones”, apuntó.
Asimismo señaló que el régimen de regulación ambiental, que de por sí era bastante laxo, se debilitó en principio con la reforma energética, ya que la reforma crea la Agencia para la Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos, en la cual “el Ejecutivo tendrá la facultad de colocar y remover libremente a su titular”.
Frente a la embestida que presentan los megaproyectos, Craviotó consideró que la sociedad debe actuar utilizando absolutamente todos los mecanismos a su alcance: el derecho, las movilizaciones, las alianzas con otros grupos afectados y susceptibles de sufrir daño y la difusión por los medios de comunicación que así lo permitan, ya que “la clave será actuar antes de que empiecen los proyectos”, pues ese “es el momento de espantar la inversión”, concluyó.
S.S. Lya Camille Morales Hdez.