Desde el inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto puso su mayor empeño en disminuir la presencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex en el mercado energético, para lo cual impulsó la reforma del sector promulgada el 11 de agosto de 2014.
A partir de ese momento, advierte Víctor Rodríguez Padilla, el gobierno de Peña Nieto, hizo todo lo que tenía a su alcance para hacer irreversible la privatización, entregó a diestra y siniestra numerosos contratos, permisos y autorizaciones, con una duración de hasta 50 años con posibilidad de renovación. Todo el que llegaba era atendido, pero se prefería a las grandes compañías internacionales, actores poderosos con recursos y respaldo diplomático para enfrentar a un posible gobierno nacionalista que pretendiera revertir el desmantelamiento de la industria energética y recuperar el proyecto de la soberanía energética (Observatorio Ciudadano de la Energía A. C., Boletín Energía y Futuro, 21 de diciembre de 2017).
En realidad, la verdadera intención de la reforma energética no fue fortalecer a Pemex y la CFE, sino minimizar su presencia en la actividad energética. Con ese propósito, una vez aprobada la reforma, el esfuerzo del Ejecutivo se concentró en hacerla irreversible mediante la acelerada multiplicación de interconexiones con los Estados Unidos, el desarrollo de lazos e intereses empresariales de ambos lados de la frontera, y la inclusión de la energía en los tratados comerciales con ese país.
Pedro Joaquín Coldwell, artífice de la privatización del sector energético, sostenía: “la reforma es irreversible independientemente de la elección presidencial de 2018 y las negociaciones del TLCAN. La reforma tiene un blindaje muy importante y ese blindaje es la Constitución, la cual es muy difícil de cambiar, ninguna persona o partido podría conseguirlo solo”. Además, Coldwell aseguraba que “la Constitución protege el nuevo esquema, el cual otorga a las empresas privadas la libertad de participar en toda la cadena de valor” y concluía haciendo profesión de fe neoliberal: “Luego de casi ocho décadas de monopolio estatal. sería absurdo pretender regresar a un modelo energético que reservaba para el Estado todas las inversiones en electricidad e hidrocarburos” (Nayeli González, “‘Gigantesco disparate’ e imposible eliminar reforma energética: Coldwell”, Excélsior, 23 de octubre 2017).
No se puede dudar de la pretensión de esa reforma ni de cómo la planearon desde entonces los neoliberales: si en las elecciones de 2018 la derecha perdía, como minoría impediría la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, con lo cual se obstaculizarían los cambios que se propusieran para revertir la reforma; si este mecanismo llegara a fallar, está el inefable Poder Judicial, cuyo objetivo parece ser el de proteger los intereses del capital privado y mantener la libre competencia y al mercado sin regulación.
Hoy, con la declaración de inconstitucional de la Ley de la Industria Eléctrica por dos ministros de la Corte, la derecha ha mostrado seguir puntualmente el guion antidemocrático elaborado en el gobierno de Peña Nieto para abrir el mercado al capital privado. Seguramente los negacionistas seguirán hablando de su democracia, de esa en la que dos ministros designados, y uno de ellos con voto de calidad para desempatar, pueden frenar la propuesta de la soberanía energética aprobada por dos poderes cuyos integrantes fueron elegidos por el voto popular. Esa es la democracia que propone la derecha.