Con el objetivo de que los centros educativos informen a los padres sobre charlas, talleres y/o materias que sean ética y moralmente controvertidas, la diputada Luz Vera Díaz presentó una iniciativa de reforma la fracción VIII del artículo 140 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, en la que plantea que quien ejerza la custodia pueda autorizar o no de manera expresa que sus hijos reciban o no este tipo de contenidos.
La legisladora del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) detalló que a esta autorización expresa se le denomina “Pin Parental” en esta iniciativa y aclaró que no afectará los contenidos esenciales y formativos de los educandos, tales como matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, ya que está enfocado a los talleres de sexualidad impartidos en los colegios que han demostrado su fracaso durante más de 20 años.
“El ‘Pin Parental’ de manera electrónica ha sido utilizado a través de códigos o claves, que bloquean el acceso con la finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de páginas web o programas de televisión que no son aptos para su edad. Al no estar bien dirigida una información puede crear mayores dudas, criterios erróneos y hasta traumas, que en algunos casos podrían ser fatales. Como padres, madres o tutores, se tiene una gran responsabilidad, sobre todo en la edad temprana de nuestros hijos e hijas de guiarlos de manera adecuada para que no salgan lastimados, ya que muchas veces al quedar expuestos a información errónea o que, por su inmadurez de edad, no comprenden, son presas fáciles de depredadores sexuales y secuestradores”, argumentó.
En esta propuesta, el “Pin Parental” consiste en recabar por escrito autorización expresa o consentimiento informado a los padres, madres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad, previa a la impartición de talleres, pláticas y similares, que la escuela y organizaciones ajenas pretendan impartir.
Tal autorización expresa debe contener como mínimo el nombre de la o el menor a quien se autoriza o no, el tipo de conferencia, charla o taller, así como el centro, organización o persona que imparte el taller sobre derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, talleres de sexualidad y varios más, mismos que no han demostrado ninguna eficacia para la reducción de las tasas de embarazo en adolescentes, baja en enfermedades sexuales y disminución de abusos sexuales a temprana edad, en los últimos años en México.
Asimismo, Luz Vera sustentó que de acuerdo con el informe ejecutivo de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), sobre fecundidad en adolescentes a partir de nacimientos en niñas y adolescentes, se advierte una tendencia creciente en el número de nacimientos en niñas y adolescentes en general, ya que entre 2003 y 2009 se estimó que los nacimientos pasaron de 7 mil 277 a 9 mil 442, mientras que para el año 2016 se registraron alrededor de 11 mil 808 eventos. En Tlaxcala, se consideró un 17.1 por ciento en el año 2005, para el año 2015 aumentó a 19.6 por ciento y a la fecha el crecimiento se eleva aceleradamente.
“El modelo educativo de pretender disminuir la fecundidad en adolescentes, dando como solución la repartición de anticonceptivos y preservativos, es obsoleto, ya que sólo fomenta la erotización de los menores en las escuelas y colegios”, alegó.
Añadió que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política federal, existe el deber por parte del Estado, de velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. De acuerdo con este principio de interés superior del menor, dijo, se deben diseñar, ejecutar, seguir y evaluar las políticas públicas dirigidas a la niñez, de modo tal que los niños y las niñas tengan satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Ante ello, planteó que los padres, madres y tutores deben estar en constante comunicación con las autoridades escolares, ya que maestros y maestras tienen la responsabilidad en el aula dentro de los planteles educativos, pero los padres, madres y tutores les corresponden los conocimientos y el cuidado en el hogar. Ante esto, surge la necesidad de trabajar en conjunto de manera coordinada para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
La propuesta de reforma plantea que “los padres, madres o tutores podrán prestar su consentimiento previo por escrito, el cual es denominado PIN Parental, respecto el contenido de las clases y actividades que se impartan en los planteles educativos, los cuales contravengan sus convicciones éticas, morales o tradicionales. Asimismo, tendrán derecho a manifestar su oposición o negativa a que sus hijos e hijas participen en conferencias, actividades, talleres, pláticas o charlas que contravengan sus principios morales, éticos o tradicionales”.
Además, “las autoridades escolares están obligadas a recabar por escrito la autorización expresa o consentimiento informado a los padres, las madres o tutores vía PIN Parental, con 30 días mínimo de anticipación previa a la impartición de talleres o pláticas impartidos por organizaciones ajenas al plantel educativo mediante ‘Pin Parental’”.
En dicha propuesta, también se plantea que las instancias educativas deberán entregar un informe de los talleres, actividades extracurriculares, conferencias, pláticas o programas educativos que cursan sus hijos al inicio del curso escolar, a fin de que los padres y madres de familia, o tutores puedan informarse y ejerzan su derecho de elegir la educación de sus hijos e hijas sobre temas que no son propios de la educación científica.
Las y los educandos hijas e hijos de padres y madres de familia, o tutores que manifiesten su oposición vía “Pin Parental” no podrán ser objeto de coerción, amenazas, intimidación, detrimento de su evaluación o discriminación arbitraria por parte de las autoridades escolares.
Cabe destacar que la propuesta fue remitida a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio análisis y dictamen correspondiente.