La reasignación de expedientes a jueces y la lentitud con la que el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realiza estudios, retrasará la resolución de casos de violencia familiar contra mujeres y retención de menores, reconoció Yeny Charrez Carlos, presidenta de la asociación civil Mujeres con Poder.
Recalcó que persisten muchas actitudes de discriminación y violencia institucional en contra de víctimas del género femenino, durante el trámite que deben realizar para acceder a la justicia en el estado.
Apenas este lunes –indicó- se reanudaron actividades de manera normal en el Poder Judicial, tras varios meses de atención parcial durante la emergencia sanitaria implementada para reducir contagios de Covid-19 entre la población.
Sin embargo, ahora las mujeres se van a enfrentar todo un proceso porque los juzgados que durante esa fase de la contingencia funcionaron en calidad de “guardia”, dejarán de serlo para retornar “a la normalidad”, comentó.
Explicó que los expedientes radicados serán remitidos a oficialía común y ésta los turnará a diversos juzgados, por lo que será un nuevo juez quien tenga que conocer de nueva cuenta todo el asunto, de lo contrario no podrá tomar decisiones lo más acertadas posible.
Esto significa una recapitulación de todos los casos, ya que en los juzgados de guardia fueron recibidos solamente los de emergencia o urgencia, pues la mayoría corresponde a retención de menores o violencia familiar.
Se tiene conocimiento de que en un solo juzgado había cerca de 300 expedientes radicados –señaló- desde el inicio de la pandemia a la fecha. Tan solo Mujeres con Poder ha asistido en al menos 85 asuntos que se encuentran en los cuatro juzgados de Ciudad Judicial y el Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.
Resaltó que algunos “fueron rápidamente solucionados en junta familiar, pero otros están detenidos completamente porque implican estudios de psicología, trabajo social y visitas domiciliarias que el DIF debe realizar”.
Mencionó que esta situación se atribuye a una carga de trabajo en el DIF, por lo que no puede dar atención pronta a todos los expedientes, “es –subrayó- demasiado lento para entregar la información de resultados.
Pero –acentuó- es mucho más tardado más en la reintegración de menores a sus familias; “de por sí antes de la pandemia atrasaba demasiado, ahora es total”.
Expuso que hay dictámenes emitidos desde el mes de mayo pasado y que en ocasiones esta organización ha exigido a través de escritos que el juez instruya al DIF a apresurarse a llevar a cabo los análisis y darlos a conocer.
“Hasta que el juzgado apercibe o establece un término de tres días, el DIF los presenta y realiza las acciones pendientes. Fuera de eso hay veces en las que ni da contestación”, lamentó la también activista.
Asímismo, Charrez Carlos anotó que esta es una de las instancias “que más deben estar pendientes” y atender asuntos relacionados con el tema familiar y de niñas y niños, pues si bien es entendible que la pandemia ha afectado el ritmo de labores, hay un rezago que repercute en los procesos judiciales.
Citó el caso relativo a una reintegración de menor cuyo trámite inició desde mayo y a la fecha no ha sido concluido, lo cual significa que han transcurrido tres meses en espera de recibir los resultados de estudios de psicología, trabajo social y visita domiciliaria.
Agregó que mientras el DIF efectúa esos estudios y emite conclusiones, esta organización civil seguirá el curso que los expedientes tendrán en los juzgados de Ciudad Judicial.
Charrez Carlos también consideró que por una parte es positivo “movilizar” los asuntos a otros jueces, “porque eso impide actos de corrupción” u otras situaciones irregulares en su tratamiento, pero afecta en el sentido de que es necesario volver a analizarlos junto con su secretario de acuerdos y su proyectista.
Avizoró un retraso en el desahogo de estos expedientes, “por muy pequeños que sean tienen informes de trabajo social, psicología y peritaje. Algunos son muy extensos por su peligrosidad o gravedad, sobre todo cuando hay violencia”.
En este tipo de circunstancias se debe analizar bien qué está ocurriendo y qué determinar cuando está en riesgo la vida de la mujer y niños o exclusivamente la de sus hijos, incluso hay ocasiones en las que se propone una red familiar, cuando el padre ni la madre se pueden hacer cargo de ellos, destacó.
Evidenció que durante los primeros meses de contingencia por esta pandemia, el colectivo Mujeres con Poder registró que la población femenina tlaxcalteca se había enfrentado a la falta de acceso a la justicia pronta y expedita con perspectiva de género, además de que les fue impuesta la convivencia con su agresor. Asimismo, señaló que se iniciaron varios procedimientos en contra de la sustracción de menores de edad.