Hoy presentamos un reportaje, elaborado por nuestra compañera Yadira LLaven, sobre la explosión ocurrida en San Pablo Xochimehuacan el 31 de octubre de 2021 y que costó la vida de cinco personas, 17 más que resultaron heridas, así como 265 lesionadas. A más de dos años de la tragedia, que pudo ser peor si la población no hubiera evacuado la zona al percibir el fuerte olor a gas y la nube que cubría la zona, las condiciones de extracción ilegal de gas LP y gasolina, mediante tomas clandestinas se mantienen y la vida de la población asentada en la zona sigue en riesgo.
La explosión también arrojó un saldo de 54 viviendas afectadas, de las cuales 50 fueron reconstruidas y 48 entregadas. De las 50 viviendas, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta construyó 28 casas en San Pablo Xochimehuacan a 30 metros de distancia de la calle “Gasoducto” y a 50 metros de la “zona cero” de la explosión. Las 22 viviendas restantes fueron edificadas en una zona marginada de la colonia Lomas de San Miguel, camino al hospital psiquiátrico El Batán y presentan problemas en su edificación.
Para los vecinos de Xochimehuacan que quedaron sin casa y que recibieron una vivienda nueva del gobierno, las cosas no van a cambiar, pues señalaron que la policía local protege a las bandas criminales. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es posible entender la expansión y el sostenimiento del huachicol y el huachigás sin un entramado de contubernio y protección para la extracción ilegal. En Puebla, la expansión potencial de estos ilícitos se ubica en tiempos del extinto gobernador Rafael Moreno Valle. Por otra parte, la urbanización en los últimos 30 años de la zona, que de manera legal e ilegal se fue conformando, y en la actualidad están densamente pobladas implica para las autoridades la necesidad de encontrar una salida a esta grave situación de riesgo.
A raíz de la tragedia, el 19 de octubre de 2023 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 169/2023 en contra de Petróleos Mexicanos, Pemex Logística y el ayuntamiento de Puebla por vulnerar los derechos humanos a la vida, la integridad personal y a una vivienda adecuada, por la explosión del ducto subterráneo en Xochimehuacan. En una segunda recomendación se argumentó que, a partir del análisis de las evidencias, las autoridades no actuaron con la debida diligencia para adoptar las providencias necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía por construcciones irregulares. El resolutivo expuso que “hubo negligencia, anuencia o tolerancia para hacer cumplir la normatividad en materia de hidrocarburos y desarrollo urbano, propiciando las condiciones para que las víctimas estuvieran expuestas a un riesgo inminente de explosión”. Pidió a Pemex Logística y al ayuntamiento de Puebla se proceda a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y a su primer círculo familiar, así como a 11 indirectas, deudos de cinco personas fallecidas. En diciembre de 2023, Pemex respondió que no aceptó la recomendación en torno a las explosiones de gas en la comunidad, a diferencia del ayuntamiento, que sí la aceptó y según se informó habría solicitado a la paraestatal analice la pertinencia de cambiar el paso de los ductos, que actualmente transitan por 22 colonias de la capital poblana.