Martes, junio 25, 2024

La explosión de Xochimehuacan, una tragedia anunciada: Pemex debió sellar el gasoducto hace 24 años

Con el morenovallismo inició la colusión con las bandas criminales dedicadas al huachicol: Jaime Castillo

Vivir en la calle “Gasoducto” en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, es vivir con miedo e incertidumbre por estar asentada sobre una “bomba de tiempo”. Para las familias que habitan a lo largo de un kilómetro de esta vialidad, que en sus entrañas conduce las arterias de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transporta gas LP y gasolina, en el norte de la ciudad de Puebla, la muerte de cinco personas y 17 más que resultaron heridas, en la explosión del 31 de octubre de 2021, pudo haberse evitado.

La empresa del estado debió inhabilitar el gasoducto desde el año 2000, cuando el panista Vicente Fox Quezada asumió la presidencia de la República, confirman documentos en poder de La Jornada de Oriente.

Don Hermilo Contreras Hernández, vecino desde hace 50 años de la calle “Gasoducto”, afirmó de manera tajante que ahora las autoridades los quieren reubicar, porque viven en una zona de alto riesgo, cuando “nosotros llegamos primero y después la tubería de gas”.

Recordó que anteriormente esta vialidad tenía el nombre de El Barrial, que después fue rebautizado con el de “Gasoducto”, a raíz de la instalación de las tuberías del poliducto Cactus-Tula-Guadalajara.

Entrevistado al pie de la “zona cero”, donde hace más de dos años ocurrió la tragedia de la explosión, causado por una toma clandestina, demostró que la instalación de la infraestructura gasera se dio en la década de los 60, con una vida útil de 30 a 40 años.

Hace más de dos años ocurrió la tragedia de la explosión, causado por una toma clandestina

Esto significa que en el inicio del siglo XXI, el gasoducto debió haber quedado sellado por parte de las autoridades federales, pero esto nunca ocurrió.

Desde entonces, lugareños de Xochimehuacan se organizaron en comisiones y enviaron un escrito al presidente Vicente Fox, para informarle de la situación y solicitar el cierre definitivo del poliducto, petición de la que sólo recibieron evasivas y la intervención del entonces senador panista Francisco Fraile, sin llegar a ningún lado.

Para el 6 de abril de 2005, el ayuntamiento de Puebla que era presidido por el priista Enrique Doger Guerrero dio un ultimátum a los pobladores de la calle “Gasoducto” que tenían 30 días para desalojar sus viviendas, por estar construidas en una zona de alto riesgo, sin previo diálogo ni notificación.

“Pero cómo nos vamos a ir, si nosotros llegamos primero”, recalcó por segunda ocasión don Hermilo, durante la entrevista concedida a esta casa editorial, tras aclarar que los vecinos no se oponen a la reubicación de sus viviendas, siempre y cuando se trate de una permuta de su patrimonio.

La mayoría de las familias habitan predios de al menos 400 y 500 metros cuadrados, en el que viven hasta dos generaciones más, que integra a los hijos y nietos. La autoridad desde ese tiempo ofreció viviendas de 40 metros de construcción, donde estarían hacinados y sin terreno para criar a sus animales.

Sin control, la invasión de tierras

Entre los años 1959 y 1960, Pemex inició la excavación e introducción de tubos en terrenos de cultivos de Xochimehuacan, a pesar de que ya había presencia de las primeras viviendas, por su colindancia con el paso de las vías del ferrocarril, que auguraba ser una zona en desarrollo y crecimiento.

“En su momento se dijo que no se contemplaba ningún peligro y que los tubos serían colocados a dos metros de profundidad de la tierra, sin un decreto ni una autorización para iniciar los trabajos, mucho menos el pago de una indemnización por las afectaciones a los predios”, recordó don Hermilo, quien habita en la casa marcada con el número 73.

Una década después, en 1970, relató que Pemex tendió una segunda línea de tubería en la misma vialidad, del que se aseveró solo tendría una vida de 20 años, para después inhabilitarlo.

“En esos tiempos nadie se preocupaba por el peligro, ni Protección Civil, porque Xochimehuacan, a pesar de ser un pueblo antiguo, era la orilla de Puebla y a nadie le importábamos”, expuso el septuagenario.

Bajo engaños de la paraestatal, comentó que la gente cedió por ignorancia y permitió la introducción de la tubería, sin pensar en las consecuencias que traería vivir sobre el gasoducto.

En solo 30 años, el crecimiento de la mancha urbana llegó hasta Xochimehuacan, en los límites con el estado de Tlaxcala.

Hoy en día la calle “Gasoducto” registra numerosas invasiones de tierra sin ningún control con la instalación de industrias, comercios, escuelas y torres eléctricas de alta tensión que no respetan las medidas de seguridad.

En un recorrido por las siete cuadras que conforman la vialidad, se observó que en cada 20 metros hay una señalética que advierte el peligro de “no construir” ni “excavar” por el tránsito de combustibles.

La alerta de peligro no ha podido frenar la invasión de tierras federales en la calle “Gasoducto” que atraviesa la comunidad, desde la Avenida San Pablo del Monte a la de Ferrocarril, donde a diario conviven cientos de personas.

Los vecinos consultados coincidieron que un error de la delincuencia podría costarles la vida, hasta que ocurrió la desgracia el 31 de octubre de 2021, en la víspera del Día de Muertos.

Una nube blanca con un fuerte olor a gas, provocado por una toma clandestina, alertó a unos 2 mil lugareños que lograron evacuar, sin la ayuda de las autoridades.

Las cuatro explosiones que vinieron detrás se registraron entre las 2 y las 2:40 horas de la madrugada, cuya ignición era inminente por la cercanía a los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El saldo fueron cinco personas muertas, Pedro Bolaños y su esposa Azucena Martínez, quienes dejaron cinco niños en la orfandad, además de doña Praxedis, Andrea, de 17 años, y Abimael Zamorano. También se suman 265 lesionadas y 17 heridos, entre estos últimos seis menores de edad.

De acuerdo con la autoridad municipal, de los 244 predios de la zona donde ocurrió la explosión, 116 son irregulares.

Dos días más tarde de la explosión, los pobladores de Xochimehuacan encontraron una toma clandestina al interior de una vivienda abandonada, en “Gasoducto”, esquina con Santa Bárbara. En la misma zona, la Fiscalía General del Estado (FGE) decomisó una pipa de Gas Maru, una camioneta y documentación en otro inmueble.

Las siete personas detenidas por su responsabilidad en el siniestro fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación y encubrimiento, entre ellos Ricardo N., alias El Callo, quien fue señalado como el líder criminal de la comunidad.

Rechaza Pemex responsabilidad en explosión

Tuvieron que pasar dos años, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera el pasado 19 de octubre de 2023 la recomendación número 169/2023 en contra de Petróleos Mexicanos, Pemex Logística y el ayuntamiento de Puebla por vulnerar los derechos humanos a la vida, la integridad personal y a una vivienda adecuada, en agravio de 265 víctimas, por la explosión del ducto subterráneo en Xochimehuacan.

Además, determinó que, tras examinar la evidencia del expediente número 6/2021/10251/Q, hubo omisión y habrá consecuencias penales y administrativas contra las autoridades por permitir la construcción de viviendas sobre los ductos de la paraestatal.

El resolutivo expuso que “hubo negligencia, anuencia o tolerancia para hacer cumplir la normatividad en materia de hidrocarburos y desarrollo urbano, propiciando las condiciones para que las víctimas estuvieran expuestas a un riesgo inminente de explosión”.

A las dos semanas, la CNDH emitió una segunda recomendación, en el que argumentó que, a partir del análisis de las evidencias, corroboró que las autoridades no actuaron con la debida diligencia para adoptar las providencias necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía por construcciones irregulares.

El organismo nacional pidió a Pemex, Pemex Logística y el ayuntamiento de Puebla se proceda a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y a su primer círculo familiar, así como a 11 indirectas, deudos de cinco personas fallecidas. Igualmente, deberán realizar un censo de muertos y lesionados.

A inicio de diciembre de 2023, Pemex respondió que no aceptó la recomendación en torno a las explosiones de gas en la comunidad, lo que complica el cumplimiento de las observaciones, reveló el entonces alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien dejó el cargo a inicio de este año para buscar la gubernatura de Puebla.

Rivera Pérez pidió a la paraestatal analice la pertinencia de cambiar el paso de los ductos, que actualmente transitan por 22 colonias de la capital poblana, para evitar otra desgracia.

En entrevista, el panista dijo que el ayuntamiento de Puebla continúa firme en atender la reparación de daños a las víctimas de Xochimehuacan, tras la negativa de Pemex que, a su juicio, traerá complicaciones a la atención del caso.

Incluso, reclamó a la Federación que se rehúse a orientar recursos para reubicar los ductos de gas y gasolina en Puebla.

“El problema fue heredado de décadas. Decidimos aceptar la recomendación, pudimos no aceptarlo, pero vamos a trabajar con Pemex para hacer planes de capacitación y verificación en la zona norte de Puebla y tareas como censo de personas afectadas; será complejo llegar a una solución total, a quién quitas ¿a los vecinos? ¿a las colonias? y no sería mala idea desviar los ductos a una zona donde no esté habitada”, declaró Eduardo Rivera.

En el morenovallismo aumentó casi 5000% las tomas clandestinas

Dos décadas después del gobierno foxista, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una estrategia para acabar con el huachicol o robo de combustible en Puebla, que en el sexenio del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) fue epicentro nacional de la ordeña de los ductos de Pemex.

A inicios de 2019, anunció el cierre de los ductos que provocó que las bandas huachicoleras dejaran de robar gasolina y cambiaran el giro al gas LP.

A pesar de los anuncios hechos por los tres órdenes de gobierno en el combate a este delito, Puebla sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional en huachicol.

El portal de datos abiertos “Gobierno fácil”, iniciativa ciudadana que utiliza información gubernamental e investigaciones periodísticas -como ocurre en este caso con la página Serendipia-, reveló que estadísticas de Petróleos Mexicanos demuestran que, entre enero de 2000 y diciembre de 2019, en Puebla se registraron 8 mil 574 tomas clandestinas para el robo de combustible.

Además, la ordeña a ductos de Pemex fue detectada en 30 de los 217 municipios de la entidad, en los últimos 18 años.

En el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, los datos abiertos muestran que hubo un aumento de 4 mil 943 por ciento de tomas clandestinas en municipios de la región del “Triángulo Rojo”, conformado por Amozoc, Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo.

Esto derivó que en 2014 Puebla registrara un desabasto de gasolina debido al huachicol y que, para febrero de 2015, Pemex anunciara que transportaría por sus ductos exclusivamente gasolinas y diésel para evitar el robo de combustible.

Fue 2016 el año con mayor número de tomas clandestinas (1,533) detectadas por la paraestatal en el estado de Puebla, casi al término del gobierno de Moreno Valle, quien para entonces ya andaba en precampaña buscando la candidatura de Acción Nacional (PAN), a la presidencia de México.

Hay vínculos de las autoridades con las bandas criminales: Jaime Castillo

En Xochimehuacan, es del dominio público que el robo de combustible involucra a las bandas de delincuentes con las autoridades locales.

Hace un par de años los mismos vecinos relataron que las tomas clandestinas podían verse a simple vista, mientras que los vendedores de gasolina extraída de manera ilícita deambulaban por la comunidad ofreciendo huachicol en botellas de Coca-Cola hasta en 5 pesos el litro, sin ninguna restricción legal.

La existencia de este nexo delincuencial fue respaldada por el investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Jaime Castillo Palma, quien declaró a La Jornada de Oriente que con el gobierno de Moreno Valle Puebla se convirtió en el primer lugar a nivel nacional en robo de hidrocarburos.

El sociólogo urbano expuso que este delito se da únicamente con la vinculación de las autoridades poblanas, así como de personal especializado de Petróleos Mexicanos, que tienen conocimiento sobre el horario de tránsito del combustible sobre los ductos.

“Hay mucha cola que le pisen a los funcionarios, Puebla sigue siendo de los primeros lugares a nivel nacional en robo de gas y gasolina”, señaló.

El investigador del Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas del Instituto de Ciencias de la UAP destacó que el robo de hidrocarburo a Pemex se trata de un “problema complejo, que inició en la gestión de Rafael Moreno Valle” y que aún continúa.

Dijo que “es impresionante” que el huachicol no haya bajado con los nuevos gobiernos, a pesar de la llegada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que la situación siga siendo la misma vinculada al robo de combustible, transporte de carga y la toma de decisiones.

Sobre Xochimehuacan, pidió a las autoridades que haya reparación del daño a causa de la explosión, tras argumentar que no puede emitir declaraciones sobre el tema urbanístico del gasoducto, debido a un acuerdo de confidencialidad.

Sin embargo, reconoció que en el polígono donde ocurrieron los hechos hay asentamientos irregulares, de los que no hay un control por parte de las autoridades.

Construyen viviendas a 50 metros de distancia de la “zona cero”

La explosión en Xochimehuacan no solo dejó varios muertos y heridos, también arrojó un saldo de 54 viviendas afectadas, de las cuales 50 fueron reconstruidas y 48 entregadas.

La explosión en Xochimehuacan arrojó un saldo de 54 viviendas afectadas
La explosión en Xochimehuacan arrojó un saldo de 54 viviendas afectadas

Las únicas dos viviendas faltantes, para completar el medio centenar de casas, como parte de la reparación del daño, no se entregaron porque los propietarios fueron responsables de los hechos al estar asentados en el derecho de vía del gasoducto.

Este es el caso del sexagenario Rosendo López Moreno, quien no recibió una vivienda, debido a que el lote está dentro de la franja de seguridad, que pertenece al gobierno federal. A su avanzada edad, reconoció que difícilmente podría empezar de nuevo.

De las 50 viviendas, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta construyó 28 casas en San Pablo Xochimehuacan a 30 metros de distancia de la calle “Gasoducto” y a 50 metros de la “zona cero” de la explosión.

Las 22 viviendas restantes fueron edificadas en una zona marginada de la colonia Lomas de San Miguel, camino al hospital psiquiátrico el Batán.

A uno año de que se entregaron las casas, algunas ya presentan cuarteaduras debido a que fueron construidas con material de baja calidad.

Para los vecinos de Xochimehuacan que quedaron sin casa y que recibieron una vivienda nueva del gobierno barbosista, las cosas no van a cambiar si la Marina o la Guardia Nacional no interviene, pues señalaron que la policía local protege a las bandas criminales.

Ante el temor de represalias, los entrevistados pidieron el anonimato para que los grupos delincuenciales no los ubiquen.

“De por sí a todos los que fuimos damnificados de la explosión nos tienen amenazados de muerte si decimos algo, sería peor que dos años después sigamos con el tema”, declararon.

A pesar de que las entrevistas realizadas a los colonos se hicieron por separado, la información proporcionada concuerda entre la mayoría, como es el hecho de que los huachicoleros no son originarios de Puebla y que, entre el modo de operar, está la renta de casas junto al trazo del gasoducto, donde sólo trabajan por las noches y la madrugada.

En la zona del Batán, en las inmediaciones a la cárcel de San Miguel, se construyeron el resto de las 22 viviendas para reubicar a los damnificados de la explosión, pero sólo la mitad de las casas se encuentran habitadas.

La mayoría de los nuevos propietarios optó por rentarlas, debido a una serie de factores determinantes, entre ellos, la carencia de servicios básicos, trasporte público, la inseguridad y el hecho de que sus pequeños negocios y talleres de oficios se quedaron del otro lado de la ciudad, en Xochimehuacan, donde a diario tienen que trasladarse.

Solo 12 de las 22 viviendas están habitadas, hasta donde los habitantes, en su mayoría mayores de 60 años, llegan caminando por 15 minutos a falta de transporte.

Debido a que las casas fueron edificadas en una zona solitaria, algunas casas ya no cuentan con puertas ni ventanas, las cuales fueron sustraídas por la delincuencia.

Otros han optado por la colocación de protecciones de herrería para evitar el saqueo, y para dar la impresión que hay personas que las habitan.

Un tema crucial que orilló a los damnificados a dejar sus buenas casas es que no cuentan con seguridad, servicio de internet y aún no aparecen registrados como una nueva colonia, lo cual impide que le expidan tarjetas del Instituto Nacional Electoral (INE), con el nuevo domicilio.

Incluso, esta situación pondría en riesgo recibir algunos programas sociales de la Secretaría del Bienestar, por no contar con una tarjeta de identificación actualizada.

Los damnificados reclamaron que las viviendas otorgadas, como parte de la reparación del daño, no representa en algunos casos ni la tercera parte del patrimonio que anteriormente poseían y que fue destruido por la explosión de gas.

Esta situación ha derivado en el hacinamiento de familias completas que ahora tienen que compartir una recámara, con al menos cuatro de sus integrantes.

A dos años de la tragedia, la vida cotidiana regresó a la calle “Gasoducto” de Xochimehuacan, entre el temor de sus habitantes que en cualquier momento vuelva a ocurrir una nueva explosión, debido a que Puebla continúa en el ranking de los estados con el mayor robo de gas y gasolina en México.

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