El conflicto por el control de agua potable en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan escaló, luego de que dos grupos se disputan el control del comité ciudadano, reveló Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación municipal.
Adicionalmente, en la demarcación ubicada al norte del municipio de Puebla, persiste el adeudo de 3 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo que ha provocado escasez de líquido en la comunidad.
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Sin embargo, Cruz Lepe, afirmó que los grupos en conflicto se han negado a que el gobierno municipal cubra el pasivo ante el riesgo de que pudiera tomar el control del suministro, por lo que han dicho que ellos lo van a pagar.
“Luego de hacer una asamblea se hizo a un lado al antiguo comité, lo tomaron, el otro no se dejó y regresó, nosotros instalamos la mesa de negociaciones”, expuso.
El servidor público municipal sostuvo que el gobierno capitalino no pretende apoderarse del control de los pozos como temen en la junta auxiliar.
De esta forma habría en la capital poblana al menos dos conflictos latentes, el de Xochimehuacan y La Resurrección, demarcaciones en las que hay dos grupos, respectivamente, que se disputan el comité.
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Cruz Lepe subrayó que en ambos casos la Segom funge como mediadora de las partes enfrentadas para llegar a acuerdos, ya que los comités son autónomos y se rigen bajo los usos y costumbres de las comunidades.
Cabe recordar, que en septiembre de 2022, vecinos de San Pablo Xochimehuacan protestaron contra el comité de agua por desabasto, cortes del servicio y malos manejos administrativos, lo que provocó un enfrentamiento a golpes entre pobladores.
El pasado 19 de febrero, Gloria García Pérez, tesorera del Comité de Agua de La Resurrección que fue ratificado el 21 de enero, reveló que dicho órgano presentó una denuncia penal por despojo en contra del grupo que tomó de manera violenta las instalaciones del organismo el pasado 5 de febrero.
En entrevista con La Jornada de Oriente, la integrante del comité, cuyos opositores intentan derrocar, afirmó que la denuncia se promovió en contra de Álvaro Aguilar, presidente del órgano que se asume como “legítimo”, el juez de paz y el presidente del Comisariado Ejidal.
“Además de haber tomado las instalaciones, han hecho elecciones a modo para decir que son legítimos pero la última palabra la tiene la comunidad”, indicó.
Agregó que la gestión de la que forma parte ha sido ratificada por habitantes en tres ocasiones diferentes: la del 21 de enero, una más del 28 de ese mismo mes y la última el 5 de febrero, previo a que fueran sorprendidos por las personas que rompieron los candados y abrieron las puertas de las oficinas a golpes.