Santiago de Chile (27 de octubre de 2020). El recién pasado 25 de octubre, se realizó en Chile un Plebiscito para consultar al pueblo si “Aprueba que se cambie la actual Constitución o, por el contrario, Rechaza esta opción y prefiere que se mantenga tal como está”. Un 78,27% se manifestó por el cambio constitucional y un 21,73% rechazó dicha modificación. La consulta consideró también el tipo de órgano constituyente: una Convención totalmente elegida por los ciudadanos, que obtuvo el 78,99% frente a una Convención Mixta donde la mitad de sus miembros eran elegidos, pero la otra mitad serían diputados o senadores nombrados desde el parlamento, opción esta que solo obtuvo el 21,01%. La opción ganadora por el Apruebo incorporó, además – ¡por fin! – una Convención paritaria, es decir, será el grupo más genuino para representar al pueblo: mitad mujeres y mitad hombres que redactarán la futura Constitución.
Se trató de un resultado tan contundente que dejó al gobierno –de derecha- bastante más debilitado de lo que estaba, con una coalición cada vez más dividida y díscola. Asimismo, la alta participación (ha votado el mayor número de ciudadanas y ciudadanos en la historia del país), puso en evidencia que la gente no se dejó amedrentar por las advertencias de una mayor violencia en las calles, de un horizonte funesto para la economía ni tampoco por las posibilidades de un rebrote en el número de contagiados por el Covid. Las celebraciones espontáneas a lo largo del país se desarrollaron en un ambiente de eufórica alegría y sincera esperanza hasta muy tarde.
En síntesis, este Plebiscito marca un hecho político tan significativo para el destino del país, como lo fue el Plebiscito de 1988 cuando millones de chilenos le dijeron No a Pinochet.
¿Por qué cambiar la Constitución?
La actual Constitución que rige al país data, precisamente, de la dictadura de Pinochet la que, al momento de su formulación entre cuatro paredes (o, mejor dicho, entre cuatro generales), tuvo como principio fundamental el que, cualquiera sea el gobierno que dirija al país, no podrá realizar cambios que modifiquen el formato de la economía y ni de la sociedad de clases. El ideólogo de la época señalaba que “…si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría…”; principio que se ha mantenido por los excesivos porcentajes requeridos para modificar el escenario político e institucional. De esta manera, la Constitución de 1980 es el garante de una sociedad donde la elite empresarial y política ha disfrutado de una acumulación de ganancias y privilegios obscenos mediante colusiones y reparto del mercado con una baja tasa impositiva, así como de una escasa regulación estatal. Donde la administración de las pensiones permite disponer de gigantescos flujos financieros que valorizan el capital bursátil de las grandes empresas. Donde la educación y salud de calidad es, naturalmente, privada. En fin, una Constitución autoritaria que ha garantizado el modelo de sociedad neoliberal excluyente y represivo.
¿Qué detonó la necesidad de cambiar la Constitución?
El 18 de octubre de 2019 será recordado en la historia de los chilenos como el día del Estallido Social. En efecto, durante octubre de ese año se agudizó en todo el país la protesta de miles de ciudadanos mediante marchas, mítines, tomas de carreteras, etc., manifestaciones todas que venían desde más de una década siendo cada vez más masivas, más espontáneas y diversas, pero todas con uno solo denominador: terminar con la profunda desigualdad que imponía una casta de privilegiados y los abusos sistemáticos, y diarios, en contra de la mayoría de la gente en todos los ámbitos. La dimensión del enojo ciudadano alcanzó niveles críticos por cuanto se detuvo el tren subterráneo (se quemaron estaciones), se inmovilizó el transporte público, surgió el pillaje y no pocos saqueos de mercados y tiendas en muchas ciudades.
Pocos días antes del Estallido, el presidente Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de la región, en una entrevista señalaba –con su patético narcisismo acostumbrado- que “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”. Sin embargo, la imposición del toque de queda con militares en la calle, la represión inmediata y generalizada a lo largo del país hacia un pueblo desarmado, dejarían un triste récord de múltiples atropellos a los derechos humanos: fallecidos, ciegos, inválidos y miles de heridos y detenidos durante esa “democracia estable”.
La gente simplemente ya no soportaba las injustas condiciones de vida. Habían marchado los estudiantes tomándose las principales avenidas (se les llamó la marcha de los pingüinos), los trabajadores coparon varias veces las calles del zócalo de la ciudad para decir “No + AFP”, o sea, no más Afores), la clase política avivaba el enojo ciudadano con sus casos de corrupción y cohecho, la institucionalidad jurídica fallaba de manera feble con los delitos “de cuello y corbata”. El caso emblemático que retrata esta sociedad de privilegios ocurrió cuando el Tribunal castigó a dos connotados empresarios por graves delitos tributarios con unas ¡clases de ética! Por su parte, la Iglesia Católica aportó una buena cuota de rabia e impotencia al sentir ciudadano cuando protegió –y protege– a los sacerdotes pedófilos que cometieron abusos sexuales contra niños y jóvenes, abusos que, como es sabido, solo representan la punta de un podrido iceberg.
Pero, ¿quiénes son estos jóvenes que van a las marchas con todo el desenfado del mundo, con la energía y voluntad suficientes como para enfrentar a la policía y apropiarse de calles y zonas poniendo en jaque al gobierno una y otra vez? ¿Por qué no tienen miedo? Son preferentemente los jóvenes que nacieron a comienzos de los noventas, esto es, terminada la dictadura y bajo el manto de un modelo neoliberal lleno de promesas falsas. En primer lugar, esa meritocracia que premiaría a los estudiantes esforzados egresados de las universidades mediocres (cuyo único interés es el lucro, digámoslo) y que a poco andar descubren que su expectativa laboral es deprimente, que el crédito universitario los ahoga, que formar familia es una aventura llena de riesgos, que comprar casa es imposible, etc. La sociedad de consumo, con su estructura jurídica y política de privilegios, definitivamente, no les permite surgir. Solo les permite sobrevivir.
En este cuadro de crisis social, con los jóvenes protagonizando tomas y quemas de buses, con miles de mujeres y hombres asistiendo a las marchas y mítines en todo el país, con un gobierno prácticamente arrinconado, no dejó otra opción a la mayoría de los partidos políticos que suscribir, el 15 de noviembre de 2019, un compromiso que llamaron “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, mecanismo que logró ordenar el itinerario político de las demandas ciudadanas.
¿Qué se espera para el futuro inmediato o de largo plazo?
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que estamos pasando por un momento excepcional: la pandemia del Covid-19, que no solo dejará huellas dolorosas para los que perdieron un familiar o sufrieron el tratamiento infernal dispuesto “en el protocolo”, sino también para quienes perdieron su empleo o su pequeño negocio por lo que el endeudamiento, de por sí muy elevado en Chile, será un problema crítico. Desde luego, las proyecciones de la permanencia y/o mutación del virus al menos llegan a fines de 2021, con una guerra comercial desatada entre los laboratorios. Tratándose de un problema mundial que nos afecta a todos, actuamos “cada uno por su lado”, al más puro estilo de la guerra fría cuando lo más sensato sería que todos los países estuviésemos organizados compartiendo y aprendiendo de sus políticas sanitarias, contribuyendo a financiar las investigaciones correspondientes para encontrar el dichoso medicamento.
Así, en este marco de dificultades económicas y sanitarias, la composición de la Convención Constitucional es el siguiente desafío y cobra una relevancia fundamental. Será muy importante que las chilenas y chilenos logren incorporar a todo el arcoíris de la sociedad. Por primera vez se tiene la convicción de que la composición debe incluir a representantes de los pueblos originarios (el 85% de la población tiene un antepasado indígena, dice Gabriel Salazar), a dirigentes sociales y de base, a científicos y filósofos, a maestros de educación básica y rural, a artistas e intelectuales, en fin, a todas las chilenas y chilenos que viven de su esfuerzo y no de sus privilegios (políticos o de clase). Ya se logró un paso excepcional que nos llena de confianza y esperanza: la mitad de los 155 constituyentes deben ser mujeres.
El día 11 de enero de 2021 es el plazo para la inscripción de candidaturas. Aquí los partidos políticos estarán sometidos al juicio ciudadano pues deberán incluir en sus listas no sólo a sus ansiosos operadores y caudillos locales, sino también a los independientes que señaló el Plebiscito recién pasado, sean o no militantes de sus filas. Recordemos que la opción Convención sin Políticos (el nombre popular de la Convención Constitucional) ganó por un abrumador 78,99%. La elección de los Constituyentes será el 11 de abril de 2021.
Luego viene la discusión propiamente tal de los temas que tratarán las y los constituyentes, para lo cual disponen de nueve meses. En esta fase se espera que en la mayoría de los barrios, comunas y organizaciones locales y sindicales se produzcan discusiones y así se puedan alimentar las deliberaciones de la Convención. Porque, en definitiva, la gran responsabilidad que tendrán nuestros constituyentes es la de diseñar un modelo de sociedad más justo, un modelo institucional que termine con los exasperantes privilegios de la élite, un marco económico que recupere el patrimonio fundamental del país (como el agua, las carreteras, la industria manufacturera básica, etc.) y una visión de país en armonía con los vecinos, los inmigrantes, el medio ambiente y la naturaleza.
Finalmente, la nueva carta magna será sometida a un pebiscito de salida para preguntar al pueblo si acepta o no la nueva Constitución. Todo ello en un año 2021 que, para echarle más condimento al mole, contempla elecciones de alcaldes, gobernadores y presidente.