Representantes de frentes sociales y campesinos que participaron en la Marcha por la Dignidad de los Poblanos dieron a conocer la minuta que firmaron con el gobernador Rafael Moreno Valle, la cual está conformada por 18 puntos que serán analizados en mesas de trabajo a partir del 7 de julio, después de las elecciones locales.
La firma del acuerdo se dio luego de que el mandatario poblano cedió a las presiones de la movilización y se trasladó este miércoles a la capital del país para dialogar y escuchar las demandas de los manifestantes.
Al frente de la interlocución entre ambas partes quedó el delegado que designó la Secretaría de Gobernación, Mario Vázquez Hernández.
La minuta fue presentada en una rueda de prensa por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, Hilario Alonso Flores y Alejandro Tapia, quienes encabezaron la protesta en la Ciudad de México, donde también recibieron el respaldo del Movimiento Nacional de Los de Abajo.
La legisladora informó que durante los dos años que lleva el gobierno panista los frentes sociales y campesinos marcharon 11 veces, pero la autoridad se negó a establecer canales de comunicación con los manifestantes, por lo que indicó no les quedó más que emprender la caminata a la capital del país para evidenciar la insensibilidad, intolerancia e ingobernabilidad en Puebla.
Indicó que, como parte de los acuerdos con la autoridad estatal, hoy jueves se reunirá con Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno, con la idea de atender cuestiones urgentes y de ahí establecer la agenda de trabajo después de la elección local; sin embargo, una hora después del anunció el gobierno estatal le cambio la fecha y la hora del encuentro, sin argumento de por medio.
Ante estas “malas señales”, la legisladora comentó a los medios de comunicación que la minuta se firmó, pero confesó que desconfían de que el gobierno morenovallista no les cumpla después del día de la elección.
Luna Porquillo explicó que los tianguistas, mototaxistas, ejidatarios y comuneros que participaron en la protesta entregaron un pliego petitorio al mandatario estatal.
Estas demandas fueron incluidas en la minuta signada entre el gobernador y la comisión de dirigentes, que considera en análisis de 18 problemáticas en el estado que serán resueltos en mesas de trabajo.
El documento, en poder de esta casa editorial, exige la cancelación del Arco Poniente, la legalización del servicio de mototaxis en el estado, la restitución del área de La Cuchilla del tianguis de San Martín Texmelucan a la asociación de comerciantes Francisco Villa y la entrega del permiso definitivo para la instalación del tianguis del barrio de Santa María Xixitla, en el municipio de San Pedro Cholula.
También pide la construcción de una central de abasto para productores de hortalizas y legumbres de la región de las Cholulas, la regularización del predio Ampliación Xilotzoni, que pertenece a Bienes Nacionales, así como del cerro Tlanimaconi, de la localidad de Santa Isabel Cholula, que es propiedad comunal.
Asimismo, solicita la restitución de 480 hectáreas de bosque de la comunidad de San Lucas Atzala, que son propiedad del pueblo y ahora están en manos de particulares, pese a que pertenecen al área protegida del volcán Popocatépetl.
Además, exige la cancelación del Gasoducto del Proyecto Integral Morelos, la indemnización a los afectados por Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al paso de líneas de alta tensión en sus viviendas, la autorización de sitios de taxis en la ciudad de Puebla, específicamente en la entrada al fraccionamiento Lomas de Angelópolis, así como solución al tema de los defraudados por las empresas Sitma e Invergroup, propiedad de la familia Tiro Moranchel, entre otros puntos.
“Queremos que el desarrollo de Puebla comience desde el campo”
En la rueda de prensa la diputada Roxana Luna Porquillo destacó que el triunfo de la protesta fue de la gente organizada, de los campesinos, de los mototaxistas, de las mujeres de edad avanzada que marcharon con sus hijos más de 130 kilómetros hasta la Ciudad de México, para que el gobierno poblano les respete su tierra y les garantice su trabajo.
Expuso a los reporteros que el frente campesino que marchó el pasado 17 de junio a la capital del país dejó a un lado los colores partidistas para sumarse a la demanda del impulso del agro poblano y el freno al despojo del agua y la tierra en la región de las Cholulas y la Sierra Nevada, que pretenden entregar a la inversión extranjera.
En su intervención, Abraham Cordero Calderón, juez de paz de la comunidad de Tepeyecac y dirigente del Frente de Ejidatarios, Campesinos y Pequeños Propietarios de la Sierra Nevada y San Martín Texmelucan, dijo que la exigencia mayor para esta agrupación es la cancelación del proyecto carretero Arco Poniente.
Expuso que esta autopista privatizada afectará a 19 comunidades rurales que están dispuestas a movilizarse para impedir el avance de su construcción.
“No vamos a aceptar la construcción del Arco Poniente porque atenta contra la alimentación de los pueblos, el trabajo de 10 mil jornaleros y la vida cotidiana de nuestras comunidades, y no es que estemos en contra del desarrollo, pero le expresamos al gobierno que exigimos que el desarrollo comience desde el campo”, señaló tajantemente.
Cordero Calderón refirió que durante el encuentro con el titular del Ejecutivo, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), le informó que en las comunidades de la zona de los volcanes no ha llegado la ayuda que su gobierno pregona.
“Ningún campesino ha recibió mototractores ni fertilizantes, como el gobernador presumió en su segundo informe de gobierno”, destacó.
El dirigente aseveró que no ha visto mototractores en tierras de Huejotzingo, Cholula, San Andrés Calpan, Domingo Arenas y San Martín Texmelucan, mucho menos proyectos productivos en favor de este sector.
Finalmente, indicó que a nombre del Frente Campesino demandó certeza para que las tierras no sean destinadas a proyectos carreteros o industriales en esta región de Puebla.
Marcharon más de 6 mil agraviados por el gobierno morenovallista
Al último, Roxana Luna Porquillo explicó que antes de comenzar la marcha a la Ciudad de México publicaron la movilización en medios nacionales con la intención de que el gobierno estatal se interesara en atender a los grupos inconformes. Pero refirió que eso nunca ocurrió.
Al día siguiente dijo que más de 6 mil agraviados por el gobierno poblano se concentraron en el zócalo poblano para comenzar la caminata a la capital.
Relató que los marchistas arribaron el día martes a la Ciudad de México, donde fueron atendidos por representantes de la Secretaría de Gobernación, que comenzaron a atender las demandas del ámbito federal. Ese día tampoco hubo acercamiento con la autoridad estatal.
El miércoles, para presionar al gobierno estatal, informó que se instaló un plantón indefinido frente a las oficinas de la Segob, en la Avenida Bucareli, en donde los manifestantes se sacaron sangre con jeringas, que utilizaron como tinta para escribir mensajes al gobierno.
Posteriormente emprendieron varias marchas por las calles céntricas de la capital mexicana –en total cinco–, una de ellas al templo de San Judas Tadeo, en donde pidieron “un milagro” para que sus demandas fueran escuchadas por Moreno Valle Rosas.
Aunque la protesta se prolongó hasta los ocho días, la legisladora dijo que esto no debilitó la manifestación.
Por el contrario, relató que los manifestantes provenientes de Acatzingo, Soltepec, Cuautlancingo, Huejotzingo, Coronango, Nealtican, Juan C Bonilla, San Juan Tlautla, San Francisco Ocotlán y Mihuacán, se fueron turnando las guardias durante los siguientes días que duró el plantón, hasta que una semana después arribo a la Ciudad de México el gobernador poblano para escuchar sus demandas.
“La lucha valió la pena, fueron tres días de lluvia, sufriendo las inclemencias del tiempo en el plantón, pero al último logramos nuestro propósito”, secundó al último Juana Escobedo, propietaria de un motocarro en el municipio de Acatzingo, de donde viajó con su hijo para participar en la marcha.