Margarita Sánchez Cruz
Se ha señalado que Tlaxcala es el tercer estado más seguro. Frase sumamente preocupante y contradictoria, pues basta con hojear los periódicos y encontrar notas de mujeres o niñas desaparecidas, secuestradas, violadas, halladas sin vida, algunas tiradas en lotes baldíos, otras en barrancas, tal y como si fueran desecho. Pero, ¿a qué se debe esta situación?
Sucede que aun cuando las mujeres hemos logrado avanzar en el ejercicio de nuestros derechos y de participar en los espacios públicos, persisten ideas y costumbres patriarcales, que están interiorizadas e instaladas en la cultura, en la vida cotidiana, así como en la conciencia de las personas; estas ideas van marcando el camino y las relaciones entre hombres y mujeres.
Históricamente el patriarcado es un sistema que ha dominado a nuestra sociedad, el cual favorece las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres, colocando a éstas en una posición de inferioridad frente al hombre.
Mensajes, roles, palabras y colores son mecanismos que se utilizan para reproducir y naturalizar el control y la violencia, la cual afecta a familias, comunidades, sociedad, pero muy en especial a las mujeres de todas las clases sociales y de distintas edades.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer menciona que la violencia contra la mujer “es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Bajo este entendido, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es resultado de la violencia extrema que existe contra las mujeres, al ser sometidas a todas las formas de violencia (verbal, física, sexual, económica y psicológica), privadas de su libertad y obligadas a realizar actos inhumanos que atentan contra su persona y su dignidad.
A pesar de que existen convenios, protocolos, leyes e instituciones que tienen como finalidad garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, esto no sucede así, no solo en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, también en el feminicidio, la violación y la desaparición.
Queda claro que la persistencia de la violencia hacia las mujeres, especialmente el de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, es también resultado de la omisión de las autoridades de todos los niveles. Es lamentable que los gobiernos locales anteriores hayan minimizado dicha problemática y que a seis años de la existencia de la política pública que combate el delito, prevalezca un mínimo avance en la aplicación y desarrollo de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas (aprobada en 2011) y del Plan Sexenal contra la Trata de Personas (validado en 2012).
En Tlaxcala, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se extiende y trasciende las fronteras dejando en total vulnerabilidad a las mujeres tlaxcaltecas y de otros estados: Morelos, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Tabasco, Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí, entidades con mayor índice de mujeres enganchadas para ser explotadas sexualmente y que han sido identificadas a partir de un seguimiento hemerográfico realizado de enero de 2009 a julio de 2015 desde el Centro Fray Julián Garcés.
A esta situación podemos sumar los hechos de mujeres del estado de Puebla, víctimas de feminicidio que han sido encontradas en nuestro territorio, el caso Karla que a la fecha sigue sin respuesta o las violaciones de niñas que no se atienden de manera adecuada ni se previenen, como recién ocurrió en Altzayanca.
Los hechos constantes de violencia hacia las mujeres parecen indicar que la problemática se está agravando, lo cual debería preocupar al gobierno dado que actualmente Tlaxcala está sujeta a la Solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Violencia Sexual y Trata.
Durante el pasado mes de marzo, en el marco de los foros para construir el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021, entregamos formalmente al gobernador Marco Antonio Mena, 4 mil 536 firmas de ciudadanos y ciudadanas solicitando que el problema de “la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual sea incluido en un apartado específico del PED”, que las acciones que establezca el gobierno estatal se sustenten en la política pública establecida en la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal; e impulsar una estrategia educativa integral y permanente con perspectiva de género y masculinidades no violentas, que transforme los patrones culturales y enseñe a la población estudiantil y al profesorado a identificar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual –entre otras formas de violencia–, a prevenirla, a no generarla y a no reproducirla.
Si las mujeres somos o no importantes para el actual gobierno, lo sabremos en la medida que se implementen las acciones que se realicen para salvaguardar nuestra vida y nuestros derechos, en la medida que se erradique la violencia hacia nosotras, si ello no pasa, sabremos entonces que para este gobierno seguimos sin ser sujetas de derechos.