La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en su artículo 22 señala que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
En los últimos años, frente a una realidad de violencia que persiste en diferentes estados del país, la sociedad civil ha tenido que pedir la aplicación del mecanismo en mención. El estado de Tlaxcala fue la entidad número 18 para la que se solicitó la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; sin embargo, es importante subrayar que es la primera entidad del país que dicha alerta se solicita por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
El anterior hecho no debería sorprendernos, dado que el problema se dejó crecer durante décadas, motivo que permitió el fortalecimiento de las redes de tratantes y la expansión de sus operaciones en otros estados de la República mexicana, así como en Estados Unidos.
El que hoy la sociedad civil se haya visto obligada a solicitar la activación de este mecanismo federal, responde a la necedad de las autoridades estatales y municipales en turno por negar, minimizar o simular actuar frente a este delito, que violenta la integridad y dignidad de una gran cantidad de mujeres y niñas.
En su estrategia mediática, el gobierno del estado de Tlaxcala ha intentado mostrar que la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) es parte del fortalecimiento de sus acciones para enfrentar la violencia de género, pero ello no es así. A continuación podemos observar de manera sintética el desarrollo de este mecanismo:
El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos A.C. presentó la solicitud de la AVGM para algunos municipios de Tlaxcala ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que funge como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El mismo día se envió a la Conavim dicha solicitud.
El 24 de agosto se seleccionó, por unanimidad, a las y los representantes académicos del Grupo de Trabajo, mismo que quedó integrado por Alejandra Silva Carreras, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP); Amalia Cruz Rojo, representante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Óscar Montiel Torres, representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y Ángel Christian Luna Alfaro, representante de El Colegio de Tlaxcala (Coltlax).
El 30 de agosto la Conavim emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud de la AVGM.
El 2 de septiembre la Secretaría Ejecutiva informó al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, sobre la admisión de la solicitud de la AVGM.
El 6 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión del Grupo de Trabajo. Ese mismo día el Centro Fray Julián Garcés participó en las entrevistas hechas a la sociedad civil y entregó el informe “Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala, análisis de la situación actual y la inacción gubernamental”.
El 7, 8 y 9 de septiembre el grupo de trabajo realizó visitas a los municipios señalados en la solicitud de AVGM.
El 15 de septiembre el gobierno del estado de Tlaxcala remitió la información solicitada por el Grupo de Trabajo.
El 5 de octubre la Secretaría Ejecutiva, en su calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo, entregó el informe a la Secretaría de Gobernación para su análisis.
El 4 de noviembre la Conavim remitió el informe que elaboró el Grupo de Trabajo a la asociación civil solicitante y al gobernador.
El 25 de noviembre de 2016 se vence el plazo para que el gobernador acepte o rechace las nueve recomendaciones que le hace el Grupo de Trabajo.
La necedad del gobierno actual de minimizar el fenómeno de la trata de mujeres y niñas, lo ha llevado a un punto que ya no tiene retorno, deberá elegir entre aceptar las nueve recomendaciones y demostrar en los próximos seis meses que las está implementado de manera efectiva; o podrá rechazarlas y en automático ser sujeto de que la Federación le active la AVGM.
Evidentemente el tiempo se le agota.
Al final de la administración de Mariano González Zarur, podemos comprobar que la trata de mujeres con fines de explotación sexual nunca fue su prioridad; el informe del grupo de trabajo que revisó la solicitud confirma la gravedad de la violencia hacia las mujeres de la que han sido objeto y que por años como sociedad civil hemos venido denunciando.
Ojalá que el próximo gobierno que lo relevará, aprenda de los errores del actual y no intente minimizar la gravedad del delito o simular, pues enfrentarlo no es un acto de buena voluntad o un simple anunció de campaña proselitista, sino que es una obligación de Estado.