Con la finalidad de potencializar la capacidad financiera de las Comunas, el diputado de Morena, Ramiro Vivanco Chedraui, propuso al pleno del Poder Legislativo concretar una reforma constitucional para eliminar topes de endeudamiento para municipios y la restricción que establece que no podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos similares.
Al dar lectura a su iniciativa argumentó que su propuesta solo busca “alinear el marco jurídico estatal, con las facultades, restricciones y responsabilidades que ya marca la Legislación Federal y nuestra Ley de Deuda Estatal”, a fin de que el único tope para la adquisición de créditos sea “con base y en función de sus particulares capacidades de pago, eliminando un porcentaje que simula una homogeneidad que no existe”.
Ante el pleno del Congreso local, refirió que la posibilidad de que los municipios accedan al número de financiamientos que les permita la combinación de su capacidad de pago con las diversas fuentes de amortización de deuda que les autoriza la Ley de Coordinación Fiscal, les abrirá un potencial de respuesta acorde a su desempeño presupuestal y al tamaño de sus necesidades, y acorde a los requerimientos de desarrollo de cada municipio.
Abundó que en Tlaxcala desde el año 2011, más del 50 por ciento de los municipios del Estado se han beneficiado del financiamiento, y éstos han cumplido cabalmente con sus compromisos “sin desequilibrios financieros y se han aplicado de manera fehaciente los recursos crediticios”.
Es así como del 2011 a la fecha, 32 municipios han acudido al financiamiento con la Banca de Desarrollo, realizándose 388 obras con un poco más de un millón de beneficiarios. La rentabilidad social del financiamiento es evidente.
Vivanco Chedraui sostuvo que también es evidente que el fenómeno de urbanización campo-ciudad está exigiendo la dotación de más y mejores servicios públicos y en las zonas rurales la expansión de los mismos, y crece la necesidad de ampliar la infraestructura urbana y de servicios de mayor magnitud en esas principales ciudades del estado.
Ante este panorama, dijo que el Estado y los municipios no pueden mantenerse pasivos y deben considerar de manera seria y responsable la utilización de nuevas alternativas o esquemas de financiamiento, que les permita incrementar la inversión y hacer frente a estas necesidades que mejoren el nivel de vida de sus habitantes, pero que por el otro lado también le den viabilidad a la entidad como un atractivo de inversiones.
Por lo anterior, propuso derogar la disposición constitucional que establece un tope del 15 por ciento para municipios y 20 por ciento para el Estado de su presupuesto anual como monto susceptible de adquisición de deuda, y suprimir la restricción que establece que los municipios no podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto.