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El primer aviso de esos problemas se produjo el año pasado, cuando el 26 de octubre, los rectores de cinco universidades autónomas (la Michoacana, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas), publicaron un desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el cual señalaban la imposibilidad de cumplir sus obligaciones contractuales y denunciaban que, a pesar de habérseles invitado a participar meses antes con la SEP en un programa de saneamiento financiero, a poco tiempo de concluir el ejercicio fiscal de ese año, se les informó, “que (dicho programa) no sería apoyado”. No hubo respuesta, la federación puso oídos sordos.
Un mes después, en noviembre, como cada año al momento de discutirse en la Cámara de Diputados el presupuesto de la Federación, volvieron a ventilarse los graves problemas financieros de las universidades públicas y la persistencia de la Federación en su negativa de apoyo financiero. En consecuencia, el miércoles 22 de noviembre, como respuesta a la política restrictiva del gobierno federal, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), a la que pertenece el SITBUAP, denunciaba: “La profundización de las políticas de restricción presupuestal impuestas durante los dos últimos años, en los que han disminuido los subsidios extraordinarios de las universidades públicas en más de 50%, en términos reales, respecto lo ejercidos en el año 2016”. El desplegado de la CONTU concluía rechazando el tope salarial de 3.4% “por representar un porcentaje inferior a la inflación del cierre del año 2017”, que fue de 6.7% y convocaba, “ante la posibilidad de que las universidades en crisis presupuestal no reciban apoyo del gobierno federal (a la realización de) un Paro Nacional con los sindicatos de las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior” (La Jornada, 22102017: 17).
La falta de una respuesta satisfactoria de las autoridades apresuró la profundización de la crisis financiera en varias universidades y, en diciembre pasado la CONTU advertía “que las universidades en crisis y con un quebranto financiero brutal son: Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma Agraria Antonio Narro de Coahuila y las autónomas de Zacatecas, Guerrero, Morelos y Nayarit”, donde no hay recursos para pagar salarios ni prestaciones. (La Jornada, 11–12–18: 15). A estas instituciones se han sumado la del estado de México, Querétaro y, recientemente, la UAP.
No quisiéramos pensar que esta mezquina política fuera una provocación para desestabilizar a las universidades y lanzarlas a las calles en demanda de lo que es obligación del gobierno satisfacer: la entrega oportuna de recursos suficiente para permitirles cumplir sus tareas sustantivas. También puede ser que la miopía neoliberal impida reconocer el papel fundamental de las universidades públicas en el desarrollo nacional. Y eso, también, es grave.