Rita Amador, esposa y compañera de lucha del preso político Rubén Sarabia Simitrio, dio a conocer que acudirán a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso de las violaciones sistemáticas en contra del dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.
La declaración se dio la mañana de este martes, previo al ingreso al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
Ahí estuvieron los abogados defensores de Simitrio, encabezados por su hijo Tonatiuh Sarabia, y Marcelo Chalreo, consultor de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presidente de la Orden de Abogados de Brasil.
En una entrevista, Rita Amador destacó la importancia de la visita al dirigente social para que conozca de la propia voz de Rubén Sarabia las violaciones padecidas en sus garantías, las cuales han deteriorado su salud, y el desaseo que existe en el proceso judicial en su contra.
La declarante expuso que la visita del consultor de la ONU “garantiza que el caso de Simitrio saldrá de México, porque aquí las instituciones están cooptadas”.
Por esta razón, adelantó que acudirán a todas las instancias internacionales que sean necesarias, “porque vemos que en México no hay apertura”.
Fue sincera al señalar que desconoce el alcance jurídico de la visita de Chalreo, pero declaró que necesita dar a conocer las violaciones de las que ha sido objeto su esposo y familiares, a quienes les “fabricaron” delitos del orden federal.
“Queremos que la gente sepa que aquí en Puebla se violan los derechos humanos, lo cual nos motiva a estar en desacuerdo con las políticas represoras”, informó Amador.
Del caso jurídico de Simitrio, relató en presencia de Chalreo que a su esposo y a sus hijos les fincaron delitos “fabricados” por narcomenudeo.
En su intervención, el abogado Tonatiuh Sarabia –vástago del preso político– expuso que no hay sustento legal en contra de su padre para que siga en reclusión.
“Llama la atención en el caso de Simitrio, que por primera vez en la historia jurídica de México un juez de primera instancia revoque una orden de preliberación a un preso de conciencia dictado por el titular del Poder Ejecutivo”, arguyó el litigante, al sostener que este procedimiento es violatorio de la ley y por lo tanto, agregó, el proceso penal se encuentra viciado desde su origen.
Entre las inconsistencias, dijo que la denuncia de narcomenudeo en contra de su padre y hermanos fue hecha por un policía estatal, quien declaró que vio a una distancia de 300 metros cómo en casa de los hijos de Simitrio se vende droga.
Pero como tal versión no fue contundente, comentó a Chalreo que la juez Quinto de lo Penal inhabilitó el beneficio de la preliberación a Simitrio.
Tras cumplir su sentencia de 25 años y seis meses, Tonatiuh señaló que las autoridades acusaron a su defendido de narcomenudeo, y sin una orden de aprehensión de por medio fue detenido junto a su hijo Rubén Sarabia Reina.
Al final, el abogado entregó una copia del grueso expediente al enviado de la Organización de las Naciones Unidas.
Hay que recordar que Simitrio, durante la gestión del gobernador Piña Olaya, estuvo sujeto a varios procesos penales: 113/1989, del Juzgado Quinto de Defensa Social; 337/1985, del Juzgado Primero de Defensa Social; 507/ 1986, del Juzgado Segundo de Defensa Social; 156/1989, del Juzgado Séptimo de Defensa Social; 37/89, del Juzgado Cuarto de Distrito; en los cuales, en su tiempo, fue juzgado y sentenciado.
Compurgadas con prisión efectiva todas las sentencias, conforme a la legislación vigente en aquellos años quedó pendiente la de más alta condena por 25 años y medio que, con el beneficio de libertad preparatoria de que gozaba, debió extinguirse el pasado 11 de enero. Sobre ésta actuó la juez penal.