El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, aceptó el diálogo al que los convocó el gobierno del estado para hablar sobre la situación de 366 personas que el colectivo contabiliza como presos, procesados y perseguidos políticos, pero solicitaron que el encuentro sea público.
Miguel Ángel Rosas Burguess, integrante de la organización, explicó que se requiere que sea abierto para que la sociedad se dé cuenta de la situación de cientos de personas que fueron reprimidas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, y de cómo durante está administración se utilizaron las instancias de impartición de justicia como órganos de represión.
Aclaró que no se busca la confrontación, sino que se exponga la realidad de parte de las familias de los presos, y que sus abogados presenten las anomalías de los procesos judiciales que se dieron durante el morenovallismo, y que aún persisten.
“Nosotros podemos acusar a Moreno Valle de encabezar una banda de delincuentes, que incrustados en el gobierno, utilizan para sus intereses políticos y a veces económicos, esas instituciones de gobierno. Y eso es ilegal. Es un asunto de delincuencia organizada”, dijo el activista este domingo en conferencia de prensa.
Carolina González Barranco, vocera del Comité, recordó que el 23 de mayo el colectivo ciudadano entregó una petición formal en la oficina del gobernador, se solicitó la inmediata liberación -sin restricción alguna- de todos los presos y procesados políticos existentes en la entidad, el cese de la persecución política, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes contra diversos activistas.
Junto con la solicitud se entregó una caja con mil 160 hojas foliadas en las que aparecen las firmas de 16 mil 290 personas que respaldan dicha petición.
En respuesta a esto, el 31 de mayo, Roberto Pedro Martínez Ortiz, subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, respondió que el gobierno del estado de Puebla no ejerce represión de las voces disidentes, rechazó la existencia de los presos políticos, aseguró que el uso de la fuerza pública se rige para cumplir la Ley, que el actuar de la actual administración tiene sus propias características para gobernar y con esto se deslindó del morenovallismo.
En la postura oficial también se invita a los integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos a un diálogo, por lo que Carolina González dijo que aceptan con beneplácito el encuentro, pero que se realice de cara a la sociedad poblana y hizo público que estarán al pendiente del llamado.
Respecto a la negativa del gobierno a reconocer la existencia de presos políticos, la vocera insistió que existen, y lo son porque las acusaciones en su contra derivan de falsedades, basadas en hechos concebidos específicamente para inculparlos.
“En todos los casos se trató de personas que realizaron actos disidentes con las disposiciones de aquel gobernador (Moreno Valle), por las que él consideró que debían ser perseguidos judicialmente a como diera lugar en una demostración vulgar de poder político”, precisó Barranco.
Reiteró que son presos políticos los casos de las 366 personas quienes se encuentran sometidas al oprobio de una judicialización artificial por el simple hecho, de que en legítima defensa de sus derechos personales y en ejercicio de su conciencia cívica, se opusieron a las decisiones políticas del ex gobernador.
“Las cárceles son lugares para la represión y la disidencia. Es absolutamente injusta y lacerante la situación de estas personas, por eso exigimos que acabe de inmediato. Abrigamos el temor que tras la negativa a reconocer la existencia de los presos políticos, se esconda la intención de mantener la persecución contra los disconformes”, remató González Barranco.