Asesinato de Gaspar debe ser investigado por su oposición a minas: ONG

Asesinato de Gaspar debe ser investigado por su oposición a minas: ONG.

Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP–CNPA MN), fue asesinado la noche del pasado lunes en Cuetzalan del Progreso.

El cuerpo del activista, quien se destacó por su defensa del territorio de la Sierra Norte de Puebla frente al embate de los proyectos mineros y de hidroeléctricas, fue hallado en un hotel.

El Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y el Territorio, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE) y el MIOCUP–CPA MN, condenaron el crimen y coincidieron en señalar que las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) “deben orientarse a la identificación de quienes tienen fuertes intereses económicos en el avance de los proyectos extractivos”.


Por separado, las tres organizaciones recordaron el intento de criminalización que ha llevado a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra el MIOCUP–CPA MN y el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), demandando ante la Procuraduría General de la República (PGR) a representantes de ambas organizaciones –entre quienes se encontraba Manuel Gaspar Rodríguez– por su oposición al Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II–Tajín (LAT), que afectaría al medio ambiente y las poblaciones de la Sierra Norte de Puebla.

En una rueda de medios que ofrecieron en un restaurante de la capital estatal, Violeta Valdez, del CDHAE, y Alfredo Guerrero, del MIOCUP, reprobaron que se hubieran filtrado a medios editados en la Sierra Norte fotografías de la escena del crimen e información en la que se sugiere que el defensor de derechos humanos y medio ambiente fue víctima de un conflicto de tipo personal.

Alfredo Guerrero señaló que desde 2014, luego del asesinato de Antonio Esteban, la FGE fue informada de los amagos en contra de Gaspar Rodríguez, pero no estableció las medidas necesarias para salvaguardar la vida del defensor.

Manuel Gaspar
Manuel Gaspar

Los representantes del CDHAE y del MIOCUP exigieron a la Fiscalía General del estado de Puebla “que garantice una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial y que lleve a cabo todos los actos de investigación debidos, como investigación de llamadas y mensajes telefónicos recibidos y mandados desde su celular horas previas a los hechos, cámaras de video públicas y del mote–hotel donde lo encontraron, entrevistas a testigos trabajadores del lugar y respetar el derecho de los deudos de conocer la verdad y obtener justicia”.

Agregaron que la FGE no puede “precalificar una línea de investigación, por el contrario, debe incluir la línea sobre su participación como defensor de derechos humanos”.

En un comunicado emitido por la mañana, el MIOCUP consignó: “El compañero Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos, fue citado por la PGR por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso, entusiasta defensor del medio ambiente impulsó la lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental del estado de Puebla”, expresó el MIOCUP en un comunicado esta mañana.

Recuerda que recientemente, desde el CDHAE AC, impulsó la lucha por la clausura de un “relleno sanitario” convertido en basurero y que desde 2015 la presidencia municipal encabezada por el panista Óscar Paula Cruz, se negó a cerrar a pesar de los señalamientos de mal manejo por instancias ambientales.

El Consejo Tiyat Tlali emitió un comunicado en el cual advirtió que “dada la participación en la defensa de los derechos humanos de Manuel Gaspar, consideramos que las líneas de investigación de su homicidio por ningún motivo deben agotarse en términos delincuencia común o rencillas personales y deben orientarse a la identificación de quienes tienen fuertes intereses económicos en el avance de los proyectos extractivos”.

En ese sentido, exigió “a las autoridades estatales y federales a intervenir para detener la creciente ola de hostigamiento y agresiones a defensores de derechos humanos y del territorio que se está dando en Cuetzalan, en especial a compañeros de CNPA MN y del COTIC a quienes la CFE está denunciando sin razón en una clara acción de intimidación”.

Aseveró que “la omisión por parte de autoridades de los distintos niveles de gobierno no hace más que favorecer un clima de inseguridad y tensión” y responsabilizaron a los gobiernos de Óscar Paula Cruz –presidente municipal de Cuetzalan–, de José Antonio Gali Fayad, titular del Poder Ejecutivo en Puebla y al presidente Enrique Peña Nieto de cualquier agresión a defensores del territorio.

Finalmente, los miembros de Tiyat Tlali exigieron “la inmediata cancelación de los proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla a fin de evitar devastación ambiental, desplazamientos forzosos y una creciente conflictividad social”. ‘