En un enérgico y drástico mensaje de la jerarquía eclesiástica arremetió contra los políticos mexicanos acusados de malversar fondos públicos; y a los exgobernadores y gobernantes bajo investigación o en procesos judiciales, dedicó expresiones de escándalo:
“Los criminales son los mismos gobernantes, que en su momento fueron supuestamente escogidos bajo lupa, a través de procesos rigurosos de selección, dignísimos líderes merecedores de confianza, pero que en los hechos demostraron el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado, y como siempre, los más pobres son los grandes perdedores debido a la rapacidad de estos gobernadores que encarnan a la corrupción misma”.
Al puntualizar la situación de emergencia que vive el país por la corrupción, la crítica eclesiástica se radicalizó y llegó hasta los más altos niveles: “Desde la pasada elección federal de 2012 –la de Peña Nieto– la historia muestra la gran tragedia que soportamos”. Fue una crítica frontal, sin miramientos a Los Pinos.
Tras conocerse los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la malversación de recursos federales por parte de los gobernadores de las 32 entidades del país, la Arquidiócesis de México se fue contra los gobernantes corruptos que dispusieron ilegalmente de 98.2 mil millones de pesos que debieron aplicarse a obras de infraestructura, el pago de la deuda pública, la educación y la seguridad social entre 2013 y 2015.
En su editorial, el semanario Desde la fe mencionó que sobre todo en cinco estados de la República: Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca se concentra el 56 por ciento de los recursos desviados, que se reflejan en mayores índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad.
Contra el ex gobernador Mariano González Zarur hay 12 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por la presunta simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación de 82.7 millones de pesos. Y todavía no ha habido acción penal en su contra. Las denuncias penales datan desde agosto y octubre de 2014.
Con un lenguaje duro, DLF recuerda que cuando se discutió la Reforma Política los partidos políticos y los organismos electorales federal y estatales propusieron vigilar sus procedimientos para blindar a sus candidatos y evitar que el crimen organizado se infiltrara.
Sin tregua, el Episcopado de la Ciudad de México acusó al organismo electoral y los partidos de ineficientes para cuidar los procesos electorales. “Resultó que el enemigo estaba en casa. El Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad”.
Lo más justo y lo mínimo –agrega el editorial de DLF– sería la cancelación del registro de los partidos políticos que han prohijado y patrocinado esta corrupción.
Luego, apuntó hacia los temores que está generando la sucesión presidencial en puerta: “Mientras se acerca el inicio del proceso electoral de 2018, los ciudadanos manifiestan desconfianza creciente hacia un sistema de partidos en irrefrenable caída y descomposición que, al final, se niegan a responder de las atrocidades cometidas por sus gobernadores, que al amparo de sus partidos, devastaron las economías”, por lo que la Santa Sede estudia aplicar la excomunión a los gobernadores rapaces, es decir, su separación de la Iglesia.
Lo más seguro es que Mariano González Zarur le apuesta al olvido de las autoridades de la Procuraduría General de la República, pues hay antecedentes que documentan la impunidad de la que ha gozado en los últimos tres años. Sólo hace falta que la sociedad tlaxcalteca no olvide, para que haya justicia y juicio político. [email protected].