A petición de la comunidad, personal de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recorrió este domingo la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan para registrar las violaciones a las garantías individuales de algunos pobladores de esta demarcación.
Esto a raíz de la detención irregular de cinco vecinos, ocurrida la madrugada del sábado, a quienes se les acusó de participar en la protesta del pasado 9 de julio, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Se trata del segundo ingreso del organismo federal a la comunidad; el primero ocurrió por “violaciones graves” a los pobladores de este lugar, cuando padecieron la embestida de la Policía del estado hace tres meses, durante una protesta social.
La señora Araceli Bautista, madre del alcalde de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, fue quien solicitó la presencia del organismo federal, quien además narró los hechos a los visitadores.
Sin embargo, reveló que la CNDH ninguneó la solicitud de apoyo de la comunidad, ya que cuando se le pidió la ayuda el mismo sábado que ocurrieron los hechos, el organismo federal respondió que estaría en el poblado cuando pasara “algo más grave”.
Lamentó que tenga que ocurrir una segunda muerte para que sean tomados en cuenta.
“Desde el sábado les hablé. Uno de los jefes me dice ‘si pasa algo grave pues ya usted me llama a este número’; bueno, qué más grave quieres que pase, ya pasó algo grave”, explicó.
En ese sentido, Araceli Bautista cuestionó: “¿Porque no le quitaron la vida no es tan grave o qué?”.
La declarante relató que advirtió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la situación podría salir de control en cualquier momento. “Les dije que ya no podemos parar a la gente, porque está indignadísima por los hechos”.
Fue así que tres visitadores llegaron el domingo a Chalchihuapan con el fin de documentar las intimidaciones a cinco familias que sufrieron amenazas de muerte y vejaciones por parte de agentes de la Policía Estatal y Ministerial de Puebla.
Al allanar las viviendas de los detenidos, ancianos, mujeres y niños –principalmente– fueron encañonados por la Policía Ministerial, sus familiares fueron amenazados de muerte por los agentes ministeriales.
Asimismo, registraron los destrozos hechos en las cinco viviendas de los detenidos, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García.
Posteriormente el personal de Derechos Humanos se trasladó al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, con el objetivo de dialogar con los detenidos.
La madrugada del sábado 18 de octubre un comando policiaco ingresó con brutalidad a la junta auxiliar de Chalchihuapan para detener a cinco pobladores, quienes presuntamente habían participado en el bloqueo carretero del pasado 9 de julio, que derivó en la muerte de un niño y más de un centenar de lesionados.