Tras calificar como brutal y ruin la forma en la que diputados de la LXIII Legislatura local distribuyeron el presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para este ejercicio fiscal, más de 50 personas, en su mayoría militantes del Partido Encuentro Solidario (PES), promovieron un amparo en contra de la asignación y manejo de al menos 535 millones de pesos.
La demanda es en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y busca revertir la asignación de 450 millones de pesos etiquetados por los diputados para el Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado y 85 millones de pesos para el rubro de gestión social asignados a los congresistas locales.
En conferencia de prensa, el líder estatal del PES, Alejandro Martínez lamentó que el Legislativo siga manejando y asignando recursos sin atender principios como la racionalidad y proporcionalidad.
“Nosotros hemos estado denunciando la forma en la que se reparten los recursos en la Cámara de Diputados, son 450 millones de pesos del famosísimo Fondo Moches, más 85 millones de pesos de gestión social, que dan un total de 535 millones de pesos, recursos que deberían de ser para salud o el tema del campo, por eso decidimos pasar de denuncia a la demanda. Nos amparamos, 50 y tantos compañeros y compañeras, ante lo ruin de la distribución del presupuesto”, explicó.
Sin embargo, la queja es mayor pues consideró que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez permitió que los diputados se asignaran esos recursos cuando existen necesidades más apremiantes en el estado, como la salud y el campo.
“El gobernador tenía la posibilidad de veto, y vetó alguna partida, pero casualmente no vio la partida presupuestal que se reparten los diputados, en donde puede haber dinero suficiente para atender le tema del campo, para la salud, porque no hay un proyecto de hospital covid-19 como tal y si lo hay, le falta recurso, pero se dice que no hay dinero, cuando los diputados tienen su guardadito”.
Abundó: “Brutal que no se haya vetado el presupuesto, son 535 millones de pesos, una cosa es el Legislativo y otro es el Ejecutivo, pero los diputados ya se convirtieron en Ejecutivo, ejecutan el presupuesto, compran, gastan, entregan recursos, y dicen que no mochan…lamentable lo que están haciendo”.
Aunque reconoció que la promoción del amparo generará conflictos y hasta intereses, Martínez Hernández sostuvo que la sociedad debe pasar de dichos a acciones legales.
“Queremos hacer valer el derecho del pueblo tlaxcalteca para que el recurso sea ejercido con racionalidad, lo que se busca es que se logre una distribución adecuada, atendiendo temas de primer orden como los ejidatarios, los hombres del campo, la salud, sería para atender enfermos por Covid-19”
Además, alertó que esos recursos serán utilizados para fines electorales y económicos, porque “aunque digan que lo ejecutan los ayuntamientos, sabemos que ellos tienen empresas, que hay moches, los cuales, los quieren institucionalizar para lo que viene. Ahí está el caso del diputado Covarrubias (Miguel Ángel) que se lleva más recurso que los municipios más grandes del estado, 55 millones de pesos o más, …está claro que el diputado quiere comprar la presidencia municipal para el hermano, pues ya se la dejó a su mamá y él busca reelegirse”.