En muchas ocasiones se ha señalado que la violencia de género y la trata de mujeres es un problema cultural. Este argumento, en voz de los y las funcionarias públicas, es utilizado como si por ello fuera imposible de transformarse o debiera aceptarse sin cuestionarlos, lo cual por supuesto no es así, todo lo contrario; cuando hablamos de construcciones culturales estamos señalando que es producto de construcciones humanas, aprendizajes y reproducciones de conductas que las sociedades hacemos a través de ideas, los medios masivos de comunicación, religiones, uso de tecnologías, reglas familiares, etc.
Transformar una situación que daña a las personas, que violenta su dignidad y sus derechos humanos, implica siempre una toma de conciencia por ciertos sectores y un cumplimiento por parte de los gobiernos de los estados para aplicar políticas públicas que favorezcan estas transformaciones. En el tema de violencia de género y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, por el que tanto se ha señalado al estado de Tlaxcala, es una muestra clara de un sector de la ciudadanía que exige la transformación de la realidad, pero donde el gobierno, en los diferentes niveles, tiene una incapacidad de aplicar eficazmente una política pública que favorezca esa transformación.
Un medio por excelencia debería permitir la reeducación como parte de la prevención en el sistema de educación pública en sus niveles de secundaria y preparatoria, ello porque puede acceder a prácticamente todas las comunidades de nuestro territorio; también, en razón de que es justo en estos rangos de edad en los que las jóvenes son enganchadas, los jóvenes pueden iniciarse como consumidores e incluso como tratantes. Esta obligación para trabajar frente a la violencia hacia las mujeres y contra la trata se encuentra establecida. Aquí dos ejemplos:
a) En la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir Libres de Violencia, en su artículo 45, fracción II, establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública “desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomente la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y respeto a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos.”
b) En la Ley General contra la Trata se señala en su artículo 89, fracción VI: “La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, diseñará módulos de prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la educación básica.”
Desafortunadamente, las leyes en México, especialmente aquellas que tienen un carácter social o de protección a los derechos humanos, son letra muerta, hasta donde se puede observar en campo no hay por parte de la Secretaría de Educación Pública programas ni módulos establecidos en secundarias y preparatorias que realmente contribuyan a modificar las conductas de violencia de género y frente a la trata; no se nota en la gran mayoría de las personas docentes un lenguaje incluyente ni ideas de igualdad en el ejercicio entre hombres y mujeres, es decir, el reto de la Secretaría de Educación Pública no es sólo un cambio de ideas y actitudes de sus estudiantes, sino también y en el mismo nivel de importancia por parte del profesorado, pues en estos temas una actitud puede estar educando más que 15 o 20 horas frente a grupo.
No es suficiente con el hecho de que se dé una plática o un taller por algún actor externo, es importante pero no suficiente, porque ello da información pero no cambia las actitudes, esto último depende de una reflexión y acción constante, además de ser apoyado por el contexto inmediato.
Para el caso de Tlaxcala, además de lo que establecen las leyes de orden federal y general, en la política pública estatal se establece que se debe elaborar una cartilla de obligaciones para el personal docente y análogo sobre el deber de comunicar y denunciar el delito de trata; elaborar un programa de formación para estudiantes como agentes de cambio; un modelo de información sobre causas y consecuencias de la trata; un modelo de información para padres y madres; realizar acciones para generar cambios en el imaginario sociocultural sobre el significado de ser hombre, entre otros.
Al no cumplir el sistema educativo con la responsabilidad que le establece el actual marco jurídico y la política pública, se convierte en un violador de los derechos humanos, en tanto ha sido omiso y ello ha generado que muchas jóvenes se mantengan en riesgo, asimismo genera que al haber falta de información y conciencia en los hombres puedan incurrir en actos delictivos; es por tanto cómplice de que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se mantenga totalmente vigente y en expansión.
Sí, lo sabemos, el proceso de transformación de la violencia de género y la trata como una de sus expresiones más violentas depende de diversas instituciones, pero de lo que hoy hemos hablado es de lo que se le responsabiliza a la Secretaría de Educación Pública y de lo cual ya no puede ser omisa.