El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Pue bla (IDHIE) presentó ayer su informe sobre la trata de personas en Puebla, destacando que la entidad ocupa el quinto lugar en la comisión de ese delito, a nivel nacional.
El estudio, que puede ser consultado en internet, señala que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que se iniciaron 257 averiguaciones previas y carpetas de investigación del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2022, entre las que se identificaron un total de 280 víctimas, lo que significa que en una denuncia pueden estar implicadas más de una persona.
Añade que el mayor número de víctimas se identificó, al igual que en las querellas , en los años 2015 con 96, y 2021 con 58.
“De los datos anteriores, resulta preocupante que después de que entre 2015 y 2016 hubo una reducción del 75 por ciento en el número de víctimas, y desde entonces se mantuvo una tendencia baja en el número de denuncias y de personas afectadas por este delito, para 2021 se volvió a registrar un alza en la incidencia de trata de personas en la entidad, por lo que es posible dilucidar que las políticas de combate a la trata de personas no están siendo eficientes o incluso podría reflejar un sesgo en los registros oficiales de la Fiscalía”, se consigna en el análisis.
Por otra parte, la Secretaría de Salud del Estado atendió durante el periodo de octubre de 2019 a diciembre de 2022, a 10 víctimas de trata de personas en distintos hospitales de la entidad. Dicha atención responde a las Acciones de Atención Médica y Psicológica que se detallen en el Protocolo actualizado para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el estado de Puebla, al cual se hará referencia más adelante. De ellas, siete fueron mujeres y tres hombres; además, se en respuesta a las solicitudes de información pública que se presentaron, la dependencia indicó que cuatro tenían entre los 13 y 17 años de edad, cuatro entre 31 y 37, y dos de 57 y 62. “Sin embargo, llama la atención que sólo en seis de los casos, la dependencia dio aviso al ministerio público, lo que es preocupante tratándose de un delito grave y una irregularidad”, apunta el informe.
El documento aclara que para la elaboración del informe se consideró como fuente a la FGE dado que es una instancia de primer contacto con las víctimas, ya sea por los operativos de rescate o por la presentación de denuncias.
“Cabe destacar que se hace referencia a un acercamiento a la caracterización de las víctimas, dado que, por la naturaleza de la clandestinidad de la trata de personas, en donde las víctimas son trasladas de un lugar a otro a efectos de evitar su rescate, así como la desarticulación y captura de la red de trata, la cantidad de víctimas en Puebla se multiplicaría, debido a que gran parte de ellas está en condiciones de cautiverio y sin posibilidad de escapar. En este sentido, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos estima que por cada víctima de trata identificada existen 20 víctimas más sin identificar. Asimismo, como se ha mencionado con anterioridad, habría que considerar que las denuncias por trata de personas no reflejan la totalidad de la problemática, considerando los altos índices de delitos que no se denuncian y que se reconocen como ‘cifra negra”
