El outsourcing consiste en que el trabajador se encuentra formalmente contratado por un empleador distinto de aquel para el cual labora.
El outsourcing, cuya práctica que se ha extendido en el país de manera explosiva en los últimos tiempos, resulta profundamente nocivo para los derechos laborales de los trabajadores empleado bajo este esquema, pues se encuentra expresamente diseñado para este propósito, provocando la precariedad laboral y violentando la Constitución. En efecto, cuando un empleador recurre a un proveedor de servicios de outsourcing, busca reducir costos de producción eludiendo el contrato colectivo negando al trabajador los derechos más elementales con lo que se genera inseguridad, incertidumbre y una visible precarización de las mayorías que tiene como grotesca contrapartida las enormes fortunas amasadas por las empresas dedicadas a esta actividad.
Este tema ha provocado desavenencias en la Cámara de Senadores, y pese a que el proyecto de reforma laboral que busca regular la subcontratación se aprobó por unanimidad en comisiones del Senado, la discusión de la iniciativa en el pleno fue pospuesta hasta febrero por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, encabezada por Ricardo Monreal. Las cúpulas empresariales aplaudieron el congelamiento de la reforma, mientras el senador Napoleón Gómez Urrutia, impulsor de ésta y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo denunció como un producto de las presiones, amenazas y chantajes del sector privado, mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aplaudió la decisión. Con la posposición de la iniciativa, los empresarios buscan ganar tiempo para utilizar a sus abogados, amigos y cómplices para el cabildeo.
Las operaciones de subcontratación suponen un quebranto acumulado de 500 mil millones de pesos para el erario, toda vez que el esquema facilita eludir los pagos correspondientes al IMSS o al Infonavit, así como emitir facturas falsas mediante las cuales se evaden responsabilidades fiscales.
En este escenario, la posposición del debate de la reforma laboral, y las subsiguientes declaraciones del senador Gómez Urrutia, indican que ya se encuentra en curso un intenso cabildeo por parte de los beneficiarios del outsourcing, es decir, tanto las empresas que contratan estos servicios como aquéllas que los ofrecen. Es imperativo recalcar que, el cabildeo representa una distorsión de la democracia en beneficio de los grandes intereses corporativos poseedores de la capacidad financiera para traficar influencias.
Sin duda, resulta evidente la urgencia de regular esta práctica que en la actualidad ha cobrado dimensiones y modalidades francamente escandalosas, no solo en lo que se refiere a su uso por parte de las instituciones públicas, sino también de las empresas privadas.
La demanda de empleo en un contexto de empobrecimiento de amplias franjas sociales ha sido aprovechada para contrataciones masivas de empleados vía outsourcing y así evadir las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, lo que ha desvirtuado las eventuales ventajas que algunos han esgrimido para defender a la figura de la subcontratación laboral. El outsourcing es inconstitucional, y punto.