Una denuncia por lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y triangulación de recursos por presentarse en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la familia Jenkins, se encuentra entre los pendientes más relevantes que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) heredó a su sucesor Pablo Gómez.
La información recabada por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da cuenta de movimientos financieros irregulares por parte de los Jenkins que coinciden con una denuncia previa que la FGR ya tiene y por la que en marzo giró órdenes de aprehensión en contra de los mismos.
Así lo consignaron diarios nacionales, los cuales citaron a funcionarios de la UIF como fuente de información, pues estos corroboraron que la indagatoria en contra de dicha familia es una de las más relevantes que fue notificada por Nieto a Gómez.
Hay que recordar que Santiago Nieto –quien esta semana renunció como titular de esa instancia– anunció en agosto que la Unidad iniciaría una investigación sobre las finanzas de la Fundación Mary Street Jenkins que a su vez está a cargo de la Fundación de las Américas Puebla (UDLAP) ante el conflicto legal que existe en torno a la casa de estudios.
Nieto dio a conocer la indagatoria, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema y se pronunció por aclarar la situación en torno a la UDLAP.
“Vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación y a partir de eso actuamos”, comentó el mandatario durante una de sus conferencias de prensa.
En esa ocasión, la Fundación Jenkins se dijo a favor de que la UIF revisara tanto sus estados financieros como los de la FUDLAP, e incluso dijo confiar en la imparcialidad de esta instancia.
“La Fundación Mary Street Jenkins considera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizará una investigación imparcial y objetiva que dará certeza al caso de la UDLAP, la cual revelará la persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales”, indicó la familia a través de un comunicado.
El conflicto se suscitó a finales de junio, cuando la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) removió a los Jenkins como patronos de la FUDLAP debido a que enfrentan denuncias por lavado de dinero, al ser acusados de desfalcar el patrimonio de la institución para enviarlo a paraísos fiscales.