El viernes 28 de agosto el secretario de Hacienda Arturo Herrera anticipó que la crisis se extenderá a 2021. Dijo que presentará a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre, el paquete fiscal el cual será más restrictivo que el de 2020 y que dos años anteriores. Señaló que será un paquete “muy responsable” y uno pregunta, ¿responsable para quien?, ¿Para el sector financiero? ¿Para aquellos que se favorecen de la reducción del Estado en la economía? pues no será responsable para el que busca empleo y no lo encuentra, tampoco para las empresas que quieren ver incrementadas sus ventas y la producción, pues ante la mayor contracción del gasto público que se avecina, habrá mayor caída de demanda, de ventas, de producción, de empleo y de ingresos de las empresas e individuos y del propio gobierno, pues al gastar menos, contrae el ingreso nacional y por lo tanto, recaudará menos.
Un gobierno recauda lo que gasta, tal como se ha manifestado en los últimos años y en lo que va de 2020, donde el ingreso presupuestal (a pesar que el SAT presionó a las empresas para que pagaran impuestos) disminuyó 3.7% en el primer semestre, como resultado de la política de austeridad fiscal que ha contraído la económica y el ingreso nacional.
La política fiscal sigue sin responder a los desafíos que la economía nacional enfrenta. Frente a la caída de exportaciones (en abril la contracción anual fue de -40.9%; en mayo -56.7%; junio de -12.8%; en julio de -8.9%), como del consumo (la caída anual al mes de mayo fue de -23.5%) e inversión (al mes de mayo presenta una caída anual de 38.4% y la inversión extranjera directa su caída fue de -13% en el primer semestre de 2020), el gobierno solo aumentó el gasto público en 2.1% en el primer semestre y cerró con un superávit primario en el dicho semestre de 61,195 millones de pesos, por lo que la política fiscal en vez de contrarrestar la crisis, la profundiza.
El secretario de Hacienda llamó a “aprender a vivir con el Covid y empezar a ajustar la economía y las finanzas para no entrar en un paro”. El problema es que mientras continúe el Covid no hay posibilidad de reanudar actividades y menos con el ajuste restrictivo de las finanzas públicas. Ello no evitará entrar en paro, sino por el contrario, lo acentuará. De ahí el cierre de empresas (y muchas no regresarán), como la destrucción de capacidad productiva, lo que atenta sobre el crecimiento potencial, como sobre la generación de empleo y el bienestar de la población. Ello llevó a que el PIB en el 2º. trimestre tuviera una caída de 18.7% anual.
Dijo el secretario Herrera que teníamos amortiguadores para absorber el impacto, como las coberturas del precio del petróleo, el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios y el de las entidades federativas y que ya se están acabando y que no nos darán espacio y que en el próximo año no tendremos ese colchón, esos guardaditos, ni los fidecomisos. El Secretario también afirmó, que “aunque la decisión sea no contraer más deuda pública, su valuación sí cambiará por el componente en dólares, entonces, no vamos a tener espacio para pedir más, y vamos a tener que poner a la economía en una trayectoria descendente”. El problema del crecimiento de la deuda no es solo porque parte de ella está en dólares y al devaluarse el peso se incrementa el costo de la deuda en término de pesos, sino también la deuda ha crecido debido a las altas tasas de interés internas, como por la menor recaudación tributaria derivada de la caída de la actividad económica. Ésta se debe no solo a los problemas de la pandemia, sino también por los recortes presupuestarios que disminuyen demanda. El gobierno no debe pedir deuda externa, pero si tiene espacio para financiarse en pesos. Un gobierno soberano que controla la moneda, no tiene restricción financiera, puede financiarse en su moneda. No requiere guardaditos. Simplemente debe gastar y el banco central debe acompañar el gasto público deficitario y si el gobierno tiene que emitir deuda interna, el banco central la debe comprar a una tasa cercana a cero. El gobierno debe incrementar las participaciones federales, como el gasto e inversión pública para reactivar la economía y generar empleo. Ello no será inflacionario, dados los niveles de capacidad ociosa y alto desempleo que tiene la economía y permitiría incrementar la recaudación tributaria y cubrir el pago de la deuda y reducirla.
El Presidente ha señalado que patentará su vacuna de política económica de apoyar a la economía popular y no recurrir en deuda para apoyar a las grandes empresas, debido a que ello ya está reactivando la economía. Sin embargo, ello no está aconteciendo. La predicción de Banxico para el PIB en el 2020 es de una caída de 12.8%. Por su parte la Revista inglesa The Economist, dice que México será el último país que concrete su recuperación.
De proseguir la política fiscal restrictiva, las altas tasas de interés y al no apoyar a las empresas, se atenta sobre la capacidad productiva. Ello nos conducirá a una caída de la actividad económica similar a la presentada en 1932 de 14.2%, e implicará un grave costo económico para empresas y familias y un costo político para el gobierno y su partido, a pesar de su política social, la cual no irradia para reactivar la economía.