Domingo, mayo 26, 2024

Agua, obesidad y política pública

El compromiso firmado en febrero de 2012 por México de incluir en la ley la garantía del derecho humano al agua de forma suficiente, accesible, asequible y de calidad, debe ser entendido y asumido desde una noción que demanda la gestión sustentable, integral y equitativa del agua. El reto es ciertamente mayor, pues la demanda de agua para consumo humano en México aumentó seis veces en el último siglo, lo que ha afectado la disponibilidad natural media anual por habitante. Según la Conagua, ésa en 1955 era de 11 mil 500 m3, pero para 2007 había llegado a 4 mil 312 m3, es decir, una disminución en la disponibilidad de 64 por ciento en tan sólo un periodo de 50 años. A tal situación se suma la pérdida de calidad del líquido derivada de crecientes índices de contaminación, pero también del desfinanciamiento y la mala o insuficiente gestión de la infraestructura hidráulica, incluyendo aquella para su potabilización.

Tal mengua de la responsabilidad del estado ha sido en la práctica reemplazada, en el caso del agua para beber, por un creciente consumo de agua embotellada y bebidas azucaradas, lo que se ha reflejado en las últimas dos décadas en negocios muy atractivos para el sector de bebidas (según datos de la Comisión Nacional del Agua, el precio promedio de un metro cúbico o mil litros de agua de la llave es de 25 pesos, mientras que el de esa misma cantidad de agua embotellada ronda los 6 mil 500 pesos).

Lo dicho no es menor, pues como he planteado en otra ocasión (La Jornada de Oriente, 19 de noviembre de 2013) México es el mayor consumidor de refrescos y agua per cápita  a nivel mundial; consumo que se sustenta en la apropiación del líquido –y de los territorios donde se encuentra– por parte de empresas embotelladoras, esencialmente propiedad de Coca Cola, Nestlé y Pepsico. Ello además se constanta tanto en zonas con disponibilidad como en estrés hídrico y en un contexto de opacidad de información pública en lo relativo al volumen realmente apropiado (se estima un volumen total concesionado al sector bebidas de 242.8 millones de m3/año, como de los estados actuales de disponibilidad de agua en las cuencas y acuíferos del país y del impacto específico de tales acaparamientos. Desde luego, también se embotella agua de la llave, previa su potabilización según las normas existentes, pero el volumen apropiado bajo esta modalidad y los subsidios aplicados, en su caso, tampoco son aspectos claros.

Tomando nota de lo anterior, llama la atención que la iniciativa para la instalación de bebederos en escuelas públicas, avalada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 (Gaceta Parlamentaria No. 3905–XI) se encuentre actualmente detenida en el Senado. El proyecto plantea reformar los artículos 7, 11 y 19 de la Ley de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares como medida para atender la problemática de sobrepeso y obesidad, cuya prevalencia suma 71 por ciento de la población adulta (el sobrepeso se registra en 38.9 por ciento de la población adulta, mientras que la obesidad es patente en 32.4 por ciento; además el país se coloca en el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto lugar en niñas). Se trata de un problema de salud pública, particularmente porque la obesidad y el sobrepeso pueden ser causa de diabetes, entre otras complicaciones a la salud. El gasto de su tratamiento ya es considerable y, de seguir la actual situación, ciertamente aumentará: las 14 enfermedades principales asociadas a la obesidad y el sobrepeso cuestan 42 mil millones de pesos, mientras que los costos por pérdida de productividad suman unos 25 mil millones de pesos (Rivera et al. Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado. UNAM. México, 2012).

El alto consumo de bebidas azucaradas, además de alimentos chatarra con un alto contenido de grasas saturadas y escaso o nulo contenido de nutrientes, está bien consolidado ya desde edades tempranas (en buena medida gracias a las potentes campañas de publicidad enfocadas a los niños), de ahí que sea central, además de regular dicha publicidad, cambiar los hábitos alimenticios durante la edad escolar, contexto en el que la presencia de bebederos en las escuelas juega ciertamente un rol vital. Pese a tal reconocimiento, sólo 7 por ciento del gasto público federal en educación básica se destina a que las escuelas tengan acceso a agua potable, luz, teléfono y capacitación.

Ante tal situación la iniciativa de reforma en mención propone instalar fondos anuales para ampliar la disponibilidad de agua potable para beber de forma confiable, suficiente y continua en las escuelas públicas del país (en conveniencia con las autoridades estatales) en un plazo máximo de tres años, ello al tiempo que se obliga a las escuelas privadas para que hagan lo propio en un periodo no mayor a un año y con sus recursos. Los requisitos que se deben cumplir, de ser ésa aprobada, además de usar sistemas y tecnologías sustentables, son los de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano.

Ahora bien, no sobra precisar que hasta donde se sabe, en el país no hay un inventario actualizado y completo de la infraestructura y servicios básicos con que cuentan las escuelas, no obstante, datos del Inegi de 2007 estiman que de aquellas censadas 34 por ciento no tienen agua, que 33 por ciento no cuenta con saneamiento y que 7 por ciento no cuenta siquiera con agua. La calidad de la infraestructura, sobre todo de baños, está fuera de toda valoración, pero se puede sostener que el grueso de casos no cuenta con el mínimo de higiene y mantenimiento (la cuestión agua–saneamiento–higiene debe verse como unidad en cualquier política pública seria). En ese contexto, es pues central la participación de profesores, autoridades escolares y sobre todo de padres de familia para el diagnóstico del estado real de la infraestructura y el monitoreo de su mejora, incluyendo la instalación, operación y mantenimiento de bebederos.

Y si bien la iniciativa de bebederos es más que deseable, dicha acción en efecto debe verse como un paso, entre muchos que se requieren, para dar garantía al derecho humano al agua en nuestro país. Por ello, la demanda ciudadana de la instauración de un observatorio del agua –en su sentido amplio e integral–, gestionado por la ciudadanía y la academia, no es una cuestión que pueda desestimarse. Tampoco lo es la exigencia social de que lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas azucaradas sea genuinamente gastado para atender y mitigar el problema de sobrepeso y obesidad. Y es que hasta ahora dónde y cómo está asignada la responsabilidad y los fondos recaudados aún son cuestiones opacas.

*Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM

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