Isaías Galicia Alonso
Con el objetivo de revisar el ejercicio de los derechos de acceso a los servicios de agua y saneamiento en México, identificar los principales obstáculos para lograr la garantía de dichos derechos y recomendar al Estado mexicano las medidas necesarias para enfrentar esos impedimentos, terminó la visita oficial del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Agua y Saneamiento, Léo Heller, quien durante su estancia oficial en México –del 2 al 12 de mayo– pudo documentar de primera mano las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en el país en este tema.
El informe final del relator lo presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sesión número 36, en septiembre de 2017; sin embargo, hizo un informe preliminar que se dio a conocer al final de su visita, en donde evidenció –entre otras cosas– la simulación del Estado mexicano en el tema de agua y saneamiento, pues según entrevistas con funcionarios gubernamentales, “el 94 por ciento de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93 por ciento al saneamiento”.
Lo anterior contrasta totalmente con las realidades que se viven por todo el país, solo falta recordar que diversos medios de comunicación en 2014 reportaron que en México siete de cada 10 ríos están contaminados, enfatizando en los afluentes Santiago (Jalisco), Lerma (Estado de México) y Atoyac (Tlaxcala–Puebla), en donde existe mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno y benceno, entre otros elementos contaminantes.
Léo Heller comentó que si bien las cifras que menciona el Estado mexicano son impresionantes, terminan viéndose solo reflejadas en infraestructura y no en cambios de raíz o por lo menos tangibles para los colectivos y comunidades, ya que a pesar de que hay infraestructura, ésta termina siendo insostenible y obsoleta por sus altos costos para construirlas y por “la falta de mantenimiento y una operación experta, así como los altos costos energéticos”.
Es importante resaltar que en relación al saneamiento el gobierno mexicano tiene una inacción sistemática en todos los estados de la República, pues por ejemplo en el caso de Tlaxcala donde cruza uno de los ríos más contaminados del país (el río Atoyac), el gobierno del estado asegura haber realizado inversiones millonarias en el rescate de la cuenca del Atoyac –al pasar por territorio tlaxcalteca los ríos Atoyac-Zahuapan-, al destinar fuertes sumas económicas para grandes estructuras de cemento y metal, pero poco para acciones de saneamiento integral de los afluentes.
Es importante recordar que el caso del río Atoyac también fue presentado ante el relator y ante ello las recomendaciones que él haga, por sí solas no resolverán de fondo el problema de la contaminación de dicho afluente (ni de ningún otro), sino que es de suma importancia que las personas que vivimos cerca de la cuenca actuemos y exijamos que las autoridades cumplan con esas recomendaciones, y hacer que haya un efecto de este tipo de visitas, que nos ayudan a visibilizar la problemática que existe en las comunidades y que en este caso es por la contaminación del agua.
El futuro se ve prometedor para las comunidades afectadas, pues a esto también se le suma la recomendación número 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue emitida hacia autoridades de los tres ámbitos de gobierno para atender de manera inmediata la contaminación del Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala.
Ahora, somos la sociedad civil organizada la que en próximos meses estaremos vigilantes del cumplimiento de las recomendaciones de Léo Heller de su informe final y de la que ya emitió la CNDH, ambas dirigidas al saneamiento del río Atoyac; para lograr así un cambio real en beneficio de nuestras comunidades, pues el río no estaba así hace 30 años y somos nosotras y nosotros los que tenemos el cambio en nuestras manos, hagamos valer nuestros derechos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la vida; hagamos que las autoridades cumplan con lo que les corresponde.