Por mayoría de votos, en una segunda ronda, el pleno del Congreso local suspendió de sus funciones como alcalde y síndica de Ixtenco a Miguel Ángel Caballero Yonca y Lucía Rojas González, respectivamente, por un periodo de 180 días, a fin de resolver la procedencia de la revocación de mandato del presidente municipal.
Sin embargo, el diputado petista, Jesús Portillo Herrera denunció que fue ilegal el proceso parlamentario de validación, ya que en primera instancia el dictamen no alcanzó la votación requerida y nuevamente los congresistas repitieron dicho ejercicio hasta lograr mayoría calificada, es decir, al menos dos terceras partes de los integrantes de la LXII Legislatura, además de que “hubo votos de más, existieron votos de diputados que no están en el pleno”.
La síndica del ayuntamiento de Ixtenco, quien estuvo presente en la plenaria, anunció que impugnará el resolutivo de los diputados, ya que además de las violaciones al proceso parlamentario, a ella le violentaron su derecho de audiencia, pues nunca fue notificada de que podría ser suspendida de sus funciones.
Este martes, en la sesión ordinaria, el pleno de la LXII Legislatura local decidió suspender de sus funciones a ambos representantes populares, al responsabilizarlos de diversas acciones y omisiones que mantiene en conflicto a la población de Ixtenco, además de tener cerrada la presidencia municipal, lo que ha generado una confrontación hasta llegar a los golpes entre los grupos de ambos bandos.
De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la medida busca tener en igualdad de condiciones a ambos munícipes en el proceso de revocación de mandato iniciado en contra del alcalde emanado del Partido Encuentro Social.
Los diputados recordaron que desde el pasado mes de enero, existe una confrontación en contra de Caballero Yonca y éste “no ha logrado establecer los mecanismos de diálogo que permitan recuperar la detentación del palacio municipal, y menos aún la gobernabilidad de la municipalidad en que formalmente ejerce ese encargo”.
Además, “el hecho de que el alcalde continúe ostentando el cargo público aludido, cuando menos por el momento, genera conflictos sociales en el municipio, así como al interior del cuerpo edilicio que integra, al grado de ser motivo de verificación de hechos violentos, como se evidenció con los acontecidos el 12 del mes que transcurre (fechado en marzo)… y por el incumplimiento constante y reiterado de sus funciones, cuando menos desde el 15 de enero del año que transcurre”, por lo que declararon procedente suspenderlo del cargo mientras se desahoga el juicio de revocación de mandato en su contra.
Mientras transcurre ese periodo de suspensión, las funciones de alcalde la asumirá el primer regidor del ayuntamiento, Giovany Aguilar Solís y, en su lugar, llegará el regidor suplente Gamaliel Maceda Sangrador.
Respecto a la decisión de proceder por la misma vía en contra de la síndico, los diputados argumentaron que ella será la encargada de dar seguimiento a la demanda de revocación del mandato del alcalde y “a fin de garantizar el equilibrio procesal entre ella y el imputado, de modo que se hallen en igualdad de circunstancias, evitando ventajas indebidas, derivadas del estatus de servidor y/o funcionario público que a ella le asiste, lo procedente es que el pleno de esta Legislatura disponga también la suspensión del mandato inherente a su cargo de síndico municipal”.
Además, los diputados concluyeron que la suspensión es procedente en virtud de que la síndica ha incurrido en diversas omisiones en el ejercicio de sus funciones, como no informar al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) los motivos por los cuales no ha firmado la cuenta pública municipal, con lo cual “se advierte que no ha reaccionado en la forma que ordena la disposición legal transcrita y, en cambio, ha hecho uso de mecanismos no fundados en ley y poco ortodoxos, como reclamar la exhibición de la cuenta pública en el área administrativa de la tesorería municipal, generando fricciones fácticas con el personal de esa oficina, que resultan innecesarias”.
Por ello, también decretaron la suspensión de la síndica y, en su lugar, ordenaron llamar a su suplente Anayeli Angoa Flores, para que asuma esa posición por el tiempo que dura la medida aprobada por el pleno del Congreso.
Sin embargo, al momento de la validación del dictamen, que se realizó a través de cédulas y en voto secreto, el resolutivo solo alcanzó 15 votos a favor de la suspensión del presidente y 16 a favor de la sanción en contra de la síndica. Tras una discusión en la mesa directiva y varias negociaciones, la presidente de la mesa directiva, Dulce María Mastranzo Corona declaró receso en la sesión, el cual fue usado para recomponer su estrategia y al reanudar la plenaria, sostuvo que ante la falta de votos para aprobar por mayoría calificada el resolutivo, nuevamente lo sometería a la voluntad de los congresistas.
Tras ello, por fin alcanzó los 17 votos requeridos –mayoría calificada–, con lo cual declaró la validez del mismo y ordenó a la Secretaría Parlamentaria notificar a las partes de esa resolución.
En tanto, la síndica de Ixtenco anunció que impugnará la resolución de los diputados, pues consideró que se violó su derecho al debido proceso en este caso.
“Me desconcertó porque no me dieron derecho de audiencia, se supone que se tenía que agotar el procedimiento y no lo están haciendo los diputados, no veo el motivo de la suspensión. Voy a promover un recurso contra este dictamen, pues cómo es posible que no me den, como mujer, una garantía de audiencia, cosa que al presidente sí, que es Miguel Ángel sí, quiero pensar que hay favoritismo”, concluyó.