La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro ponente, emplazó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como al Congreso de la Unión, a que se pronuncie respecto a la controversia constitucional que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula presentó en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Con fundamento al Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de México tendrá que dar contestación en los próximos 30 días.
El pasado 9 de enero, la Corte federal admitió a trámite la demanda que presentó la síndica, Esperanza Estela Chilaca Muñoz, en representación del municipio de San Pedro Cholula.
Para su estudio y análisis, el caso fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El Ayuntamiento demandó en este procedimiento constitucional al Congreso de la Unión, por conducto de sus cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, así como el Poder Ejecutivo Federal, y no así al director del Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un órgano subordinado.
El alcalde José Juan Espinosa Torres, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que la SCJN les dio la razón, por presentar los argumentos jurídicos, lo cual consideró un triunfo no sólo para su gobierno sino para los municipios del país.
“Con la controversia presentada se lograría que se respete la figura de los gobiernos municipales del país”, declaró, de ganar el proceso.
Asimismo, confió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrijan y enmienden la plana al Poder Legislativo de Puebla, que “a todas luces se equivocó porque la militarización del país no es la solución para recuperar la paz y tranquilidad que merecen las familias mexicanas”.
“La Suprema Corte le entrará al estudio y análisis de la controversia, en la cual somos muy claros que hay una violación a la autonomía municipal porque dejaron fuera a los gobiernos municipales, que somos el nivel más próximo a la población”, informó el edil.
En entrevista, Espinosa Torres reconoció la labor del Ejército Mexicano en el tema de la seguridad, sin embargo, rechazó que la Ley Interior de Seguridad va más allá de su propia naturaleza, al extralimitar sus facultades y funciones.
-¿En año de elecciones no se contamina la controversia, o hay un fondo político?
-No, no tiene nada que ver, lamento mucho la irresponsabilidad de muchos funcionarios que pretenden etiquetarnos o etiquetar esta acción como parte del clima electoral, no es así.
“Primero porque el que la publicó y presentó fue el presidente de la República; los tiempos no los marcamos nosotros, lo marcó el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal al publicarla, a pesar del llamado de organizaciones nacionales e internacionales, donde se pidió no promulgar”, arguyó.
Espinosa Torres hizo un llamado a los alcaldes del estado y del país, para que se sumen a la controversia que presentó la semana pasada ante la Corte federal.
Pidió a los ediles reflexionar para darse cuenta de los alcances de esta nueva legislación, cuando “las policías municipales sean echadas a un lado por el Ejército Mexicano que entrará al mando, por solicitud de un gobernador o por del Congreso local”.
La controversia –dijo- tiene por objetivo se respete el estado de derecho, la autonomía de los municipios y los derechos humanos.
La Ley de Seguridad Interior entró en vigor el pasado 21 de diciembre, a pesar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que esa legislación vulnera la autonomía y la efectividad del propio organismo, así como de las fiscalías e instancias anticorrupción, ya que estarían obligadas a entregar información sobre asuntos que se consideran amenazas o riesgos a la seguridad interior.