Que mejores resultados estarían por llegar, se desprendería de spots difundidos de manera previa al V Informe de Gobierno de una administración que fenece con más pena que gloria. Y, estarían por llegar, algún día, no importando que el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y en otros instrumentos de política pública, se logren dentro de 20 o 30 años o, en alguna de las próximas administraciones federales, que dependan de los intereses y las intenciones de los próximos gobernantes, como de los vaivenes del entorno internacional. Así sucedería con cuestiones tan importantes como la transparencia, la reforma energética, la de telecomunicaciones, la electoral, la educativa entre otras. En ésta última materia, el mayor de los logros de la reforma educativa estribaría de acuerdo con el encargado del despacho educativo, en la recuperación de la rectoría de la educación. Redención lograda a partir del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales, la suscripción de un pacto político elaborado en contra de los intereses de los y las trabajadoras de la educación y la sumisión política y monetaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organización a la que las autoridades educativas gratifican con el “apoyo” de recursos extraordinarios multimillonarios por 1 675 millones de pesos –prohibidos jurídicamente mediante el acuerdo 492–, con el cobro de las parcialidades de las cuotas sindicales que aportan quincenalmente los agremiados y con la entrega del entero correspondiente, cuya cifra, calculan analistas políticos, rondaría aproximadamente en 627 millones de pesos en lo que va del sexenio.
En el apartado 3 del V Informe de Gobierno que entregara un subsecretario de gobernación a representantes de la Cámara de Diputados, la oficina del titular del ejecutivo federal aborda el tema: “México con Educación de Calidad”. Previamente, Peña habría señalado que la reforma educativa era ya una realidad y que fruto de ella, se habrían recuperado 44 mil plazas docentes, con un importe de 5 000 millones de pesos, que estarían en manos –interpretación por aparte– de aviadores, muertos que cobraban desde ultra tumba, comisionados sindicales y de quienes, laborando para la propia dependencia, realizan labores diferentes a la enseñanza frente a grupo. Pero ni la reforma educativa es una realidad, ni quienes cobran las erogaciones correspondientes a las plazas denunciadas como recuperadas, lo hacen sin la aquiescencia de autoridades locales y/o federales. Así sucedía con el tema de los comisionados sindicales, encargo justificado por la razón que fuere, mediante oficios emanados de la Oficialía Mayor de la SEP federal, turnados a los encargados de los despachos educativos en la entidades o, con quienes aun ya fallecidos, cobraran en nóminas elaboradas por personal de confianza de las autoridades educativas, asunto que provoca “sospechosismo” por el destino de esos recursos o, quienes comisionados por los responsables delegados de los encargados del despacho, realizan labores derivadas de programas educativos –ocurrencias– instruidas por las autoridades educativas centrales y comisionados por mandos superiores locales, por carecer de personal capacitado para cumplir adecuadamente con la encomienda. Aunado a lo anterior, una runfla de oportunistas aprovechaban las circunstancias para hacer de las suyas, cobrando sin trabajar, solapados por líderes sindicales o políticos venales.
El apartado 3 del V Informe de Gobierno destaca que al amparo de la reforma educativa, el Ejecutivo federal elevó a rango constitucional “el derecho a una educación de calidad para todos los mexicanos” y resalta que “en ese sentido, el Estado se obligó a garantizar no sólo un lugar en la escuela a todos los niños y jóvenes, sino a vigilar que se lleve a cabo un servicio educativo de calidad”, cuestiones aún pendientes en ambos rubros.
Después de señalar las estrategias legislativas que darían vida perpetua a ésta y al resto de las reformas estructurales, la introducción del apartado 3 del informe citado, destaca la presentación del nuevo modelo educativo acompañado por: a) una Carta sobre los Fines de la Educación en el Siglo XXI; b) un Modelo Educativo para la Educación Obligatoria integrado por 5 ejes; c) una Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria y por último, d) la ruta para la implementación del modelo educativo. Empero, más que informe de lo realizado, la introducción no deja de ser, hasta ahora, una carta de premoniciones y buenas intenciones.
Salvo la “carta”, mediante la que retomaría la filosofía original del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a través de la cual, se explicaría el “perfil deseado” –estandarizado– al que debería responder la formación académica de cada niña o niño al “término de cada nivel educativo”, los avances del modelo y la nueva propuesta curricular caminan despacito y los resultados esperados “están por venir” como lo señala la propaganda oficial.
Y caminan despacito, sin ajustarse estrictamente a la ruta establecida y sin importar que los agentes encargados de instrumentarla, pospongan el inicio de la propuesta curricular, la publicación de los nuevos planes y programas de educación obligatoria y la elaboración de los nuevos libros de texto –incluida la guía para el docente– para el inicio del ciclo escolar 2018–2019, cuando el próximo inquilino sexenal pudiese, en su carácter de titular del Ejecutivo federal electo, expresar una opinión contraria a la de los reformadores sexenales, cuestión que explicaría los arrebatos y la arenga de Peña Nieto en contra de modelos fracasados. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, el derecho a alterar o modificar la forma de gobierno de acuerdo a sus intereses, a pesar de que los asusten con el petate del muerto.