Viernes, abril 26, 2024

Respuestas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y del Comité por la libertad de los presos, perseguidos y procesados políticos en Puebla a carta
de Máx Cortázar publicada en La Jornada

En referencia a los comentarios vertidos por Max Cortázar, de la oficina del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, quien hace alusión directa a los presos políticos integrantes de la UPVA 28 de Octubre y en especifico a Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, a quien al mencionar a este ultimo y evidenciando su total desconocimiento del caso de los presos políticos incluso le cambia el apellido materno.

Queremos manifestar que lo argüido por la oficina del exgobernador es información errónea y tendenciosa dirigida a abonar una construcción en el imaginario social de que los presos políticos lo están, no por disidentes, sino por haber cometido delitos, mismos que fueron fabricados por las autoridades poblanas, pues no han logrado demostrar su comisión, pues contrario a lo que el señor Max Cortázar afirma en su misiva, nuestros presos han ganado todos los juicios de amparo que han interpuesto.

Primero que nada recordemos que Simitrio se negó a trabajar para ese gobierno; después de ello vinieron las detenciones políticas, desalojos de áreas de trabajo y agresiones oficiales y extraoficiales sobre la UPVA 28 de Octubre.

A Simitrio no lo detuvieron por narcomenudeo, sino por la ilegal revocación que hizo la juez Quinto Penal de Puebla al beneficio de preliberación que le otorgó el gobernador del estado el 11 de abril de 2001 dentro del proceso 113/89 del Juzgado Quinto Penal de Puebla. Simitrio estaba a menos de un mes de compurgar en su totalidad la condena, es decir el 10 de enero de 2015 debió quedar en libertad total, sin embargo lo encarcelan el 19 de diciembre de 2014 bajo esa triquiñuela.

Se demostró la ilegalidad del actuar de la juez Penal y por ende la ilegalidad del encarcelamiento de Simitrio. Aunque, el actual juez Quinto Penal dejo insubsistente la revocación que hizo el 18/12/14 y se declaro incompetente para conocer sobre la situación legal de Simitrio y el secretario general de Gobierno por acuerdo del gobernador de Puebla determinó que no pueden revocar dicho beneficio preliberatorio, en cumplimiento de la ejecutoria 20/2016 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Puebla dentro del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 69/2015 del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, el Ejecutivo estatal no ha emitido la boleta de libertad y Simitrio continua privado de su libertad.

Las acusaciones de narcomenudeo, vinieron un mes después de estar preso el 22 de enero de 2015. Este proceso de narcomenudeo está fundado en llamadas anónimas ratificadas por policías ministeriales en activo, robustecidas con pruebas ilícitas.

Como resultado de esa fabricación de delitos hoy Simitrio junto a su hijo Atltonatihu Ruben Sarabia Reyna, ganaron el tercer y cuarto amparo, respectivamente en los que el Juez de Amparo determina que “Determine que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su especie de suministro del narcotico denominado cocaína y marihuana” y “La justicia de la Unión ampara y protege a Ruben Sarabia Sánchez, en contra del acto reclamado consistente en la resolución del término constitucional de veinte de enero de dos mil diecisiete, emitida por el juez Primero de lo Penal de Puebla Capital, en la causa penal 9/2017, por su probable participación en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su especie del suministro del narcótico denominado cocaína y marihuana …”

Por lo anterior, pedimos sea publicada esta réplica en la que demostramos que en Puebla sí hay presos políticos y los hay desde el gobierno de Rafael Moreno Valle, pues la actuación de las autoridades está fuera del orden jurídico nacional y, por ende, no es un problema de legalidad, sino político para tratar de destruir a la UPVA 28 de Octubre, bajo el rancio pretexto de criminalizar la protesta social.

Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre

Con relación a la carta que envía Max Cortázar, representante de los intereses mediáticos de Rafael Moreno Valle, sobre el tema de los presos políticos en Puebla, decimos lo siguiente:

En Puebla han estado en la cárcel personas por el simple hecho de haber protestado contra las acciones de gobierno de Moreno Valle. Han pasado por la cárcel defensores de la tierra, del patrimonio cultural, mototaxistas, gente que protestó por la supresión de sus rutas de transporte, maestros, un hombre nonagenario que junto con otros defendía un predio, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan quienes levantaron una protesta por las modificaciones a los reglamentos municipales que los afectaban, activistas del movimiento estudiantil quienes solo buscaban manifestarse pacíficamente, miembros de la organización popular UPVA 28 de Octubre, campesinos, jubilados, opositores a la instalación del gasoducto, el líder sindical Israel Pacheco y, como en el caso de Francisco Castillo Montemayor, denunciantes de atentados contra el medio ambiente. Son decenas las personas, las que han pisado las cárceles. Nosotros contabilizamos 161. La mayoría de ellas fue puesta en libertad, pero muchos continúan procesados, siendo obligados a firmar en los juzgados cada semana, privados de sus derechos políticos. Mención aparte son quienes tienen vigentes órdenes de aprehensión. Todo esto fue decidido en el periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle. Actualmente hay dos persecuciones desde el Congreso del estado contra disidentes políticos del mismo partido del exgobernador: el expresidente municipal panista Eduardo Rivera y la presidente en funciones de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez. Menos estos dos últimos, todos los procesos han sido manipulados por la dependencia del hoy fiscal, como pueden demostrarlo los abogados de los sujetos a proceso, con el fin de mantenerlos detenidos o amenazados de encarcelamiento. Llegan al nivel del infundio, como el caso de la familia Sarabia, a quienes acusan de narcomenudeo, o en el caso del exfuncionario Castillo, imputado de malversación de fondos, o Pacheco de extorsión. Por lo tanto, la suma total de procesados, perseguidos, ordenes de aprehensión y presos, es de 366 personas. La lista de nombres y descripción de cada uno de los casos obra en nuestro poder.

Atentamente Comité por la Libertad de los Presos, Perseguidos y Procesados Políticos en Puebla

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