El jueves 30 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, la Ley de Seguridad Interior, que faculta al Ejecutivo federal para ordenar la intervención militar en zonas de conflicto donde se considere existan amenazas a la paz social. La ley fue aprobada por los diputados del PRI, del Verde y algunos panistas, a pesar de la oposición generalizada por parte de organismos defensores de derechos humanos, movimientos sociales e incluso recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos en México.
Existen diversos factores que pueden hacer dudar al pueblo mexicano de la pertinencia de dar poder discrecional al Ejecutivo federal y al Consejo de Seguridad, debido al incremento en la violencia y violaciones a los derechos humanos a raíz de la profundización de la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Casos documentados, como el de Tlatlaya, fundamentan las preocupaciones.
Según expertos en derechos humanos, esta ley es lesiva porque los mecanismos de activación de protocolos de seguridad recaen en el Poder Ejecutivo y, por otra parte, en las facultades que se otorgan a las fuerzas armadas para intervenir discrecionalmente en actos considerados como riesgosos para la seguridad interna, sin tener protocolos bien definidos para determinar los casos en que la intervención castrense pueda estar plenamente justificada. Se brindan facultades para que las fuerzas armadas intervengan legalmente las comunicaciones de los ciudadanos, considerados peligrosos, sin necesidad de una orden judicial; así, también, se prevé su intervención en protestas sociales consideradas violentas, y los tiempos de intervención podrían prolongarse por un año, con la posibilidad de ampliarse indefinidamente. Estos son sólo algunos de los puntos.
Algunos analistas, consideran esta ley como una medida más para blindar una eventual movilización social ante un posible fraude electoral. Más allá de blindar una elección, pensamos que se está actuando para facilitar el despojo de recursos naturales del control social. En otras palabras se está allanando el camino para legalizar la represión contra quienes se atrevan a oponerse a la depredación que las empresas realizan de los cielos y los suelos que nos vieron nacer. Es una guerra contra el pueblo mexicano. Es un asunto de estrategias geopolíticas que van más allá de una elección presidencial y nos llevan a pensar en el papel que el gobierno ha tenido facilitando la explotación de las riquezas del país en beneficio de unos cuantos.
Las experiencias de América del Sur, que han buscado formas distintas de política económica que permitan el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en beneficio del pueblo, nos invitan a reflexionar acerca de la pertinencia de dar un viraje a una política económica que beneficie a las mayorías y sea capaz de saldar las deudas acumuladas con los más pobres. Literalmente es un caso de vida o muerte. Queda la pregunta ¿Qué haremos al respecto?