El estilo de gobierno característico del morenovallismo se ha basado en el ejercicio abusivo del poder público en tres vertientes: atropello ciudadano, repudio de la legalidad, y apropiación de la institucionalidad del estado; las finalidades por conseguir serían: conservar el poder en Puebla, constituirse en grupo de presión anti–López Obrador, y colocarse en posición de posibles aspirantes, en cualquier forma, al cargo presidencial, exacerbando la convicción ideológica de que el fin justifica los medios.
El atropello ciudadano no ha reconocido límite ético ni jurídico y muestra más caras que un icosaedro. Ha oscilado de los presos políticos, al discurso oficial: “En Puebla no existen presos políticos”; de los muertos y heridos de Chalchihuapan, a la justificación policial: “los pobladores usaron piedras de alto calibre”; de la creciente e imparable inseguridad pública, al sostenimiento contra viento y marea del Fiscal General; de los miles de burócratas despedidos, a la conversión de los tribunales laborales en nidos de corrupción e ineficiencia; del encomio de la libertad de expresión, a la persecución de periodistas y el espionaje político; del soflamero discurso de orgullo por los pueblos originarios, a la desaparición y muerte de los defensores de la tierra y el medio ambiente; de las obras fastuosas, ornamentales y de relumbrón, a la abulia e incapacidad para atender a los afectados por los sismos; de la violencia y trampas electorales, al veredicto de victoria de la candidata consorte, hasta llegar al concurso “Imagina un mundo sin trampas”; de la “alberca” del Parque Amalucan, a la promesa gubernamental de que los poblanos podrán meterse a nadar a Valsequillo; de la corrupción como mecanismo de gobierno, a la promoción de valores éticos “en la calle, la casa, el trabajo y la escuela”. El discurso político convertido en manto protector del atropello.
El repudio a la legalidad se sigue haciendo efectivo bajo esquemas de perversión lingüistica. Los derechos humanos que la Constitución General de la República establece para el bien de los mexicanos, en Puebla, encontraron horma y socavón políticos. Bajo una lacónica expresión de Moreno Valle, “se aplicó la ley”, se persiguió y encarceló a cientos de personas cuya falta fue haberse opuesto, o manifestado, contra sus designios políticos. El vacuo personaje cuya trayectoria pública ha encumbrado a la Fiscalía del estado al primer lugar nacional de ineficiencia en persecución de la delincuencia, no tuvo escrúpulos para fabricar figuras delictivas y, así, llevar a la cárcel a inconformes, disidentes u opositores de “los excesos” del gobernador. Mujeres y hombres pisaron la cárcel sin que se comprobara delito alguno. Un congreso, dominado y servil, dio paso a leyes promovidas por el Ejecutivo que, siendo violatorias de la Constitución, se erigieron en parte integrante del orden jurídico poblano con el impresentable argumento de la unanimidad sin discusión, ni cuestionamiento alguno. Así pasaron: la ley bala, ley mordaza, de expropiación exprés, de privatización del agua; modificaciones a ley orgánica municipal; modificaciones al código penal sin competencia legislativa, etcétera; cuya aplicación dio lugar a la estela de injusticias sociales que están marcando la vida social de Puebla.
La cuestionada elección para la gubernatura del primero de julio pasado y las desaseadas designaciones de personajes proclives al grupo en el poder para ocupar cargos de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, dan perfecta cuenta de que el morenovallismo ratifica su decisión de apropiarse de la institucionalidad del estado. No existe dependencia ni organismo descentralizado cuyo titular no sea un allegado de la élite. Las designaciones de funcionarios se han convertido en auténticos insultos para el grueso de los trabajadores del estado que poseen los merecimientos técnicos y laborales para acceder a tales cargos. A pesar de todo, con tal de imponer a los cuates, violan mandatos constitucionales, leyes orgánicas y de los servicios de carrera. Por el nepotismo que tales actos representan, los escándalos mediáticos están a la orden del día.
Su dominio y control sobre consejeros y magistrados de IEE y TEEP, han permitido la proclamación de la esposa candidata como triunfadora –por lo menos en primera instancia– de la elección de gobernador. Parecen no importar los nuevos vientos políticos, el sentido de la voluntad popular, ni los escándalos públicos. Las ansias de poder son superiores a todo y no existe inclinación por el trabajo político fino. Copar con allegados todos los cargos del estado susceptibles de designación, sobre todo en este periodo de transición del congreso local y del gobernador en funciones, parece ser una labor de prevención ante la incertidumbre que tienen sobre el resultado final de la impugnación de la elección.
Con estas cartas, el jefe del grupo ha obtenido una vicepresidencia en el Senado y contiende por la secretaría general, en fórmula con Héctor Larios para presidente, del PAN. Estas circunstancias abren al morenovallismo una interrogante definitoria para su futura condición de oposición y sobre el mejor método para constituirse en un bastión de la derecha: ¿ser gobierno, estigmatizado y ensombrecido por el clamor popular del fraude electoral y la resistencia civil que ello pudiera generar; o, no serlo, y conducirse frente al que llegue, como “oposición responsable” según recomienda a sus diputados la hasta ahora virtual ganadora? En la definición radica su viabilidad política.
La oportunidad dorada de esa definición puede estar, por paradójico que parezca en la resolución pendiente del Tribunal Electoral local, para definir –antes que la revise el Tribunal Electoral federal– la validez o nulidad de la elección. Que el tribunal local sea el que decrete la nulidad de la elección les hará ganar, por lo menos, el bono democrático tan necesario para cualquier otra aspiración política. Dejar que esa decisión quede en manos del tribunal federal, podría marcar el principio de su fin como expresión política.