Las élites políticas y económicas en México acostumbran ocultar sus carreras delictivas mediante campañas de autoelogio y mediante el abuso de la complicidad con quienes tienen a su cargo aplicar la justicia y no lo hacen. Por supuesto, las campañas televisivas juegan un papel determinante en la generalizada impunidad que se vive en el país, donde buena parte de los delitos no se denuncia, pues las víctimas se preguntan ¿para qué, si no pasa nada?, y en ocasiones el denunciante llega a tener problemas por lo que parece ser una ingenuidad: denunciar un delito. La desconfianza en quienes aplican la justicia, es una constante en la vida pública mexicana.
Otra característica de una sociedad desmoralizada como la nuestra es la normalidad con la que se ve a los funcionarios públicos y gobernantes apropiarse de los recursos públicos que les son encomendados. “No pido que me den sino que me pongan donde hay”, es algo así como una divisa asumida por muchos que se incorporan a la gestión pública. Y de pronto, priístas y panistas los más visibles, resultan viviendo donde sólo quienes están en el negocio del narco tienen sus viviendas.
Pero lo más notable es lo que podemos llamar los “abusos legales” cometidos por miembros de los tres poderes de la República. Este tipo de abuso se realiza “gracias a la facultad que les otorga la ley a los cuerpos de legisladores, magistrados y funcionarios” para asignarse el monto de sus emolumentos (Jorge Herrera, “Una fórmula del caos”, La Jornada Semanal, 23–02–14: 6); es decir, se autoasignan sus sueldos y son, eso sí, muy generosos. Los altos mandos de la administración pública –que en teoría son empleados del pueblo de México–, obtienen elevados ingresos por sueldos y compensaciones, bonos y muchos etcéteras más, sin violentar ley alguna, no se trata entonces de corrupción punible sino de una notoria y cínica desvergüenza.
Pero no solo esta “corrupción legal” ocurre en el sector público. También de otra manera se da en el sector privado. Sin duda puede haber empresarios honestos, como hay funcionarios públicos que también lo son, pero si la lista Forbes, donde aparecen los 35 hombres más ricos del México, muestra que la riqueza de ese selecto grupo va de los 558 millones de dólares (el que menos tiene) hasta los 73 mil millones de Carlos Slim, es difícil creer que se puede acumular esa riqueza sin contar con los privilegios fiscales cercanos a la exención tributaria diseñada por los gobernantes y aplicada alegremente por el SAT.
La legalidad fiscal ha permitido a las grandes empresas y corporativos en México, tener en los últimos años adeudos fiscales por 214 mil 665 millones de pesos (tan solo el año pasado los adeudos de esas empresas por concepto de impuestos no pagados –catalogados como créditos fiscales–, ascendieron a cerca de 450 mil millones de pesos); adeudos que, por supuesto, la legalidad fiscal ha condonado o habrá de condonar. El caso más irritante, perdón el más reciente, es la condonación de 3 mil millones de impuestos a Televisa, que tan fielmente sirve de caja de resonancia del poder político y económico, del que la propia empresa es miembro destacado. A modo de justificación de tal acto, el titular del SAT aseguró que se trató de una acción legal, pues fue aprobada por el Congreso, sí el mismo que se aprueba ingresos de miedo.