El bloque de organizaciones que conforma el frente “El campo es de todos” alertó que si no se entregan los programas sociales en los primeros tres mes del año, existe el riesgo que 950 millones de pesos de recursos destinadas al agro poblano sean desviados para el proceso electoral de 2018.
En rueda de prensa, Galdino Castillo Gaspar, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en Puebla, exigió al gobierno estatal y federal que de inmediato se preparen las condiciones para la entrega de los programas al campo en la entidad.
Este lunes, representantes de las organizaciones campesinas exigieron al gobernador Antonio Gali Fayad, presidente del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, blinde los recursos para el campo y convoque a sesión para fijar la estrategia a seguir.
Galdino Castillo informó que este 2018 es un año atípico por el proceso electoral en puerta; sin embargo, argumentó que la ley contempla que los primeros tres meses del año se efectúen la distribución de los programas a fin de que estos no se utilicen para otros fines.
“Existe el riesgo que si en los primeros tres meses del año no se entregan los programas, para después del proceso electoral las arcas queden vacías”, alertó.
Por esta razón, informó que este lunes 26 de febrero las organizaciones poblanas participarán en una concentración nacional, en la ciudad de México, para exigir la entrega de los recursos al campo.
Castillo Gaspar dijo que para evitar que estos sean utilizados para fines electorales, demandó que se blinden los programas dirigidos al agro poblano.
En ese sentido, exigió a las autoridades que no se utilice el recurso público para inclinar la balanza a favor de un partido político.
Asimismo, pidió a Gali Fayad emita la convocatoria para que sesione el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, para fijar los plazos para la entrega de programas del campo y se ejecuten.
Explicó que existen programas que no pueden ser utilizados porque vienen “etiquetados”, como es el caso del padrón de Proagro, Prospera y 60 y más.
No obstante, reconoció que en los periodos electorales es cuando más se violenta la Ley, y se ocupa el recurso público para aplicarlo a la campaña de determinados candidatos afines al gobierno en turno.
“Nos preocupa que si no se ejecutan los recursos a finales de marzo, nos quedemos sin recursos para sembrar”, alertó.