La creciente pobreza está asociada al desempleo, al subempleo, a la economía informal, a los bajos salarios, a la reducción de las prestaciones laborales, como de los servicios públicos, así como a las crecientes ganancias de las empresas y al hecho de que la política económica predominante ha actuado a favor de la cúpula empresarial y del sector financiero, y no para satisfacer las demandas de ingreso y bienestar de las grandes mayorías de la población.
El problema de la pobreza es inherente al sistema capitalista, donde los dueños del capital se aprovechan de aquellos (la gran mayoría) que solo tienen la mano de obra para ofrecer en el mercado, por lo que los contratan o subcontratan con bajos salarios. La pobreza y la desigualdad del ingreso se han recrudecido a partir de los años 80, cuando pasó a predominar una política a favor del sector financiero y dejó de existir política industrial y agrícola, y a relegar, por lo tanto, al sector productivo, lo que llevó a que la mano de obra pasara a ubicarse sobre todo en el sector comercio y servicio con bajas remuneraciones. Cabe señalar que nunca ha habido política de empleo en el país más allá de la política de caminos intensivos en mano de obra que instrumentó Echeverría a inicios de los años 70, que fue acompañada de política de incremento salarial por arriba de la inflación, que no gustó al sector empresarial.
El hecho de que no haya política de empleo ni industrial ni agrícola, sino que la política favorezca al sector financiero, lleva a que cerca de 60 por ciento de los trabajadores se ubique en la economía informal, donde los trabajadores no tienen salario asegurado ni prestaciones laborales y se haya aumentado la pobreza y la violencia en el país.
Si hay desempleo y subempleo es porque hay pocos empleos, y ello es consecuencia de la política económica predominante. Por un lado, las políticas de austeridad llevan al gobierno a no gastar suficiente, y el problema se agudiza con los recortes presupuestales. A ello se le suman las altas tasas de interés, que encarecen el crédito y la inversión y por lo tanto la generación de empleos. La apertura comercial y los tratados de libre comercio han incrementado las importaciones, las cuales desplazan a la producción nacional, lo que origina el cierre de empresas, la reducción de la inversión, con los consecuentes despidos y menor generación de empleos.
La política económica ha privilegiado objetivos de baja inflación y estabilidad monetaria a favor de quienes controlan el dinero que es el capital financiero, a costa de dejar de tener políticas a favor del empleo, de los salarios del crecimiento económico. Las mejores condiciones de ganancia en el sector financiero, han llevado a que los flujos de inversión se canalicen a dicho sector y no a la industria ni a la agricultura, lo que actúa en detrimento de la generación de empleos, incrementando ello la pobreza y la desigualdad del ingreso.
Los bajos niveles de crecimiento económico, contraen la generación de empleo y los salarios, lo que disminuye demanda y menos crecimiento económico se tiene. Aunque la economía creciera, tampoco se resolvería el problema de desempleo. El crecimiento económico es insuficiente para alcanzar el empleo para todos aquellos que lo buscan, debido a que el crecimiento puede concentrarse en sectores que no generan mucho empleo, y/o la demanda puede filtrarse a importaciones y también debido a la creciente tecnificación y robotización que actúan contra la generación de empleo.
Los objetivos a buscar no es el crecimiento económico per se, sino la generación de empleos bien remunerados sobre todo en las zonas donde la pobreza existe, lo que se da tanto en el campo, como en las ciudades. Se debe aumentar el salario a los sectores de bajos ingresos y restringir los altos salarios, las ganancias y dividendos de los sectores de altos ingresos, a fin de reducir el diferencial de riqueza existente. El crecimiento económico debe ser resultado de la mayor generación de empleo y la mejor distribución del ingreso.
La generación de empleos bien remunerados para todo aquel que lo requiera es esencial para reducir la pobreza. Esta política no es considerada por los tomadores de decisión ante el temor inflacionario, como para no aumentar el poder de negociación de los trabajadores, que llevaría a demandar mayores salarios y mayores prestaciones laborales, que mermarían las ganancias de los empresarios. Cabe señalar que una política de pleno empleo no sería inflacionaria si va acompañada de incremento de la productividad y de la capacidad productiva para aumentar la producción para satisfacer la mayor demanda generada para evitar presiones sobre importaciones y sobre precios. En última instancia, una ligera inflación no es problema si va acompañada de mayor crecimiento productivo y del empleo.
Una empresa solo genera empleo si éste le reditúa más de lo que gasta en su contratación. Compete al gobierno actuar como empleador de última instancia. Solo él puede generar empleo sin fines de lucro. Al gobierno le compete satisfacer las demandas nacionales. Se necesita fuerza política para exigir al gobierno que instrumente políticas de empleo, de incremento salarial y de mayor bienestar social para combatir la pobreza.