La justicia federal ordenó la restitución de las 16 patentes de notarios asignadas en el ocaso del mandato como gobernador de Héctor Ortiz Ortiz y emplazó al actual titular del Poder Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, para que en un término de tres días entregue a dicho fedatarios “los elementos materiales inherentes al ejercicio de su función”.
Con ello, regresan a la función notarial ex servidores públicos, funcionarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), ex líderes partidistas y personajes afines al ex mandatario Héctor Ortiz, quienes el 10 de septiembre de 2010 recibieron del entonces gobernador su patente de notario. Dicha restitución operará hasta que se resuelva de fondo el recurso que en su momento promovió Efrén Amaro Suárez en contra de dichas asignaciones.
Los beneficiados con dicha determinación son: Marcela Flores y Flores, hija del notario Gonzalo Flores Montiel, de Apizaco y ex presidente del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala; Francisco Velásquez Nava, vástago del ex diputado federal panista y ex secretario de Salud con Héctor Ortiz, Julián Velásquez Llorente. Alejandro Moreno Morales, hijo del finado notario de Zacatelco, Toribio Moreno; Rubén Flores Leal, ex coordinador de asesores del Poder Ejecutivo y ex líder estatal del extinto partido Convergencia.
También están Osvaldo Ramírez Ortiz, sobrino del ex mandatario Héctor Ortiz, además de su ex secretario de Gobierno, Raúl Cuevas Sánchez; el cuñado del ex mandatario, Eduardo Lozano Tovar; Liliana Eloísa García Barba, hija del ex diputado federal y local del PRI, Javier García González; Carlos Eric Ixtlapale Carmona, descendiente del notario de Huamantla, Carlos Ixtlapale y Cesáreo Santamaría Madrid, ex consejero electoral y actual funcionario de la UAT.
Además, Raquel Beatriz García Lozano, Verónica Sánchez Veana, Selene Cabrera García, Miguel Tízatl Santos, José Germán Alberto Escobar y Arrona y Aldo Calva Reyes, hijo del ex diputado priista y ex líder de la CNC, Aristeo Calva Lira.
El juez primero de distrito, Ignacio Manuel Cay y Mayor determinó lo anterior, al resolver un recurso de incumplimiento de sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por lo que “se requiere nuevamente a las autoridades responsables, gobernador del estado de Tlaxcala, secretario de Gobierno, director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y al director del Periódico Oficial local, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que (sic) queden legalmente notificadas del presente proveído, den cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha 11 de enero de 2017, esto es, deberán dejar insubsistentes todos los actos que hubiesen emitido en cumplimiento a la ejecutoria del recurso de revisión 302/2012”.
A través de dicho recurso, en su momento, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito determinó que era ilegal el procedimiento de otorgamiento de constancias de aspirantes a notarios públicos. Dicho fallo fue emitido el 18 abril de 2013, por mayoría de votos, por los magistrados Justino Gallegos Escobar y Othón Manuel Ríos Flores, y con el voto en contra de Octavio Chávez López.
Además, el juez primero de distrito advierte que de incumplir con dicho mandato, “se les impondrá multa equivalente a 50 días de salario mínimo”.
Además, a petición del ex diputado local, Rubén Flores Leal, también notario y como tercero interesado de este litigio, el juez ordenó a las autoridades responsables entregar todos los materiales necesarios a los 16 fedatarios beneficiados con la resolución.
“Visto el escrito del tercero interesado Rubén Flores Leal, atento a su contenido, en cumplimiento a la ejecutoria… se requiere a las autoridades responsables, gobernador del estado de Tlaxcala, secretario de Gobierno, director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y al director del Periódico Oficial local, para que inmediatamente después de que dejen insubsistente lo requerido en el diverso proveído de fecha 11 de enero de 2017, lo ordenado en el presente proveído, sin excusa ni pretexto alguno, deberán entregar a los notarios públicos aquí terceros interesados, los elementos materiales inherentes al ejercicio de la función notarial, como son sello de autorizar, y libros que integran el protocolo que utilizan para ejercer la patente de notario público, mismos que fueron devueltos en cumplimiento a los acuerdos dictados con motivo del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que quedó insubsistente”, refiere el fallo.
También advierte que tras diversos litigios, es procedente restituir a los notarios de todos sus derechos y obligaciones, además de los materiales respectivos, pues ello implica “necesariamente la insubsistencia de todos los actos jurídicos derivados de la ejecutoria de amparo, que fue revocada… en virtud de que los terceros perjudicados contaban con patente de notarios antes de dictarse la ejecutoria del recurso de revisión 302/2012, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con motivo del concurso que invalidó y si tal determinación fue posteriormente declarada insubsistente, por ende, los efectos de dicha invalidación necesariamente alcanzarán a los actos de autoridad que se hubiesen emitido para cumplir con la primera ejecutoria”.
Esta resolución, emitida con fecha 23 de enero de 2017, respecto al expediente 1384/2010 y su acumulado 1572/2010–IIIA, ya fue notificada a las partes, entre éstas, el Congreso del estado y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
Al respecto, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez aseguró que su administración acatará esta resolución emitida por la justicia federal.
“La ley y las resoluciones son para cumplirse, no para comentarse, a algunas personas les puede agradar y a otras no, pero en mi gobierno vamos a hacer todo lo que esté en términos de cumplimiento de la ley y se hará lo que se tenga que hacer”, afirmó en entrevista el mandatario.