Isaías Galicia Alonso
Hace un par de semanas me encontré con la noticia de que el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunciaba que es hoy en día es prioridad para el organismo rehabilitar y poner en función las plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en el estado, las cuales conectan en los ríos Atoyac y Zahuapan.
Para ello hablaba de un “nuevo” programa para 2017, el cual tendría que, entre otras funciones, detectar descargas, ya sea de industrias o de municipios, que carezcan de sistemas de tratamiento o que no se apeguen a los estándares, rehabilitando y poniendo a funcionar las plantas de tratamiento que ya existen y que suman alrededor de 127.
A pesar de verse como una gran idea, pues para muchas de las comunidades que vivimos cerca de los cauces Atoyac–Zahuapan es necesario y urgente por la cercanía y porque somos los que sufrimos en carne propia los estragos de esta problemática de devastación socio–ambiental.
La idea en mención no tiene mucho de nueva, la memoria nos recuerda antiguas promesas gubernamentales que se han hecho, como por ejemplo la dada en abril de 2011 por Mariano Gonzales Zarur, junto con el gobernador del vecino estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, de instalar el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Puebla y Tlaxcala, el cual tenía como objetivo detonar, entre otros proyectos, el saneamiento de los ríos Zahuapan y Atoyac. O si recurrimos a discursos que van años más atrás sobre el saneamiento de los ríos Atoyac y Zahuapan, en 2009, el entonces gobernador de nuestra entidad, Héctor Ortiz, prometió lo mismo haciendo un pacto con el entonces gobernador de la vecina demarcación, Mario Marín Torres, propiciando la creación un Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Puebla–Tlaxcala, el cual contemplaba entre sus tres principales objetivos el de mitigar los fenómenos ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, contaminación por la industria y los municipios en los ríos que cruzan ambos territorios. Según el Diario Oficial de la Federación de octubre de 2009.
De ello, como muchos vecinos del cauce de ambos ríos atestiguamos, no se ha visto gran cambio, pues por años estos “nuevos” proyectos de saneamiento de los ríos no sólo han acabado siendo repetitivos en el discurso, más allá de tener pequeñas modificaciones, si no también infructíferos y casi siempre inviables, prueba de ello es la planta ubicada en el municipios de San Pablo del Monte, inaugurada en 2012, la cual tuvo una inversión superior a los 70 millones de pesos y en la actualidad funciona apenas a un 50 por ciento de su capacidad o las encontradas en Xicohtzinco y Mazatecochco que están abandonadas y sin operar.
Las preguntas que nos hacemos las personas que vivimos a las orillas de estos cauces contaminados son: ¿De verdad es una solución más plantas tratadoras que no sólo cuestan millones de pesos sino que también en la práctica terminan siendo inservibles? ¿De verdad existe una preocupación gubernamental por el saneamiento del mismo o simplemente son meros discursos que año tras año reimplementan para intentar callar a una sociedad inconforme?
Desde hace ya más de 12 años, personas pertenecientes a los municipios de Tepetitla y Natívitas se han organizado justamente para intentar contrarrestar los efectos a la salud y a la vida comunitaria/campesina que ha significado la contaminación de su río, el cual está siendo devastado por las descargas municipales, pero sobre todo por descargas industriales vertidas en el mismo. Ante un discurso gubernamental hueco que no ha resuelto el problema de contaminación del río, los grupos ciudadanos organizados han propuesto “formas alternativas” al saneamiento del mismo.
Estas alternativas son Sistemas Unitarios de Tratamiento y Reuso de Aguas, Nutrientes y Energías (SUTRANE) y baños secos, que disminuyan el impacto que tienen las aguas residuales domiciliarias al cauce, estas tecnologías tienen un muy bajo costo tanto en su construcción como en su operación. Lo anterior no exime al Estado ni a las industrias de cumplir con sus obligaciones de tratar las aguas, ¡que nos están matando!, que más allá de un simple discurso o de meras buenas intenciones, debe atenderse el grave caso de la contaminación del río Atoyac y que es justamente el Estado responsable de garantizar los derechos humanos de todos y de todas.