En ausencia del juez, la secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Penal, María Alicia Maldonado Montes, suspendió en medio de sobresaltos el careo que estaba programado entre Atl Rubén Sarabia Reyna, dirigente de la UPVA 28 de Octubre y el Policía Ministerial que lo acusó de narcomenudeo, dentro del proceso penal número 510/2013.
Suspenden careo porque abogado no conoce el caso
En las oficinas que se ubican en un anexo al Cereso de San Miguel, el argumento que dio Maldonado Montes fue que el abogado Román Mendoza Flores no conoce suficientemente el caso de su defendido Rubén Sarabia Reyna, luego de cambios en la defensa legal del comerciante.
Tal aseveración fue tomada por los abogados del luchador social como una práctica dilatoria, pues la próxima fecha del careo podría darse hasta dentro de cuatro meses.
El abogado Felipe Monroy acusó que la secretaria de Acuerdos incurrió en violaciones a la ley, por lo que podrían presentar una denuncia contra de la servidor público.
Cuidando presuntamente los intereses del procesado Rubén Sarabia Reyna, suspende el careo en una actitud dolosa e ilegal porque prejuzga los conocimientos profesionales del abogado, quien conoce a profundidad el tema; veníamos dispuestos a realizar más de 200 preguntas en contra del ministerial, dijo a La Jornada de Oriente.
La cancelación del careo se dio este miércoles al mediodía entre señalamientos y reclamos por parte de Rubén Sarabia a los representantes del juzgado.
Detrás de las rejillas de locutorio, el hijo de Simitrio –fundador de la UPVA 28 de Octubre– denunció a los medios de comunicación presentes que están violando sus derechos humanos por mantenerlo en prisión desde hace año y medio, sin pruebas que lo inculpe.
Incluso increpó al Policía Ministerial, quien después de dos ausencias se presentó a testificar, a quien exclamó que es un agente de consigna del gobierno estatal.
Esto último, refirió el preso político, por falsear su declaración y fabricar nombres de personas “fantasmas” que supuestamente lo acusaron de dedicarse a la venta de drogas en su domicilio.
Ante el descontrol, la secretaria en funciones de juez intentó prohibir la labor periodística de los reporteros, arguyendo que no podían estar en el inmueble, aunque las diligencias procesales son de carácter público.
No solamente exigió que se retiraran del edificio judicial, sino también –a propuesta del Ministerio Público– pretendió obligar a los periodistas a firmar contra su voluntad un acta, pese a que previamente se identificaron con las credenciales pertinentes.
Ministerial falsea declaración: Monroy
En entrevista, el abogado Felipe Monroy aclaró que el Tribunal Superior de Justicia del estado en Puebla ha informado que en la capital y la zona metropolitana no se ha implementado el nuevo sistema penal, que entrará en vigor el próximo 17 de junio.
Sumó que entre otras anomalías en el proceso contra el hijo de Simitrio, está que el policía ministerial dio dos nombres falsos de los presuntos testigos.
Se trata –dijo– de Gloria Sánchez Galindo y Eduardo Lozano, quienes según en un informe judicial señala que dichas personas no existe ni son vecinos de Rubén Sarabia Reyna.
El litigante expuso que el pasado 28 de noviembre de 2014, el Policía Ministerial sacó a familiares de Rubén Sarabia de su domicilio, y los obligó a declarar en contra del dirigente del mercado Hidalgo, a sabiendas que el procedimiento es irregular.
La declaración que daba el abogado a los reporteros, fue interrumpido por Rubén Sarabia quien declaró que el litigante Román Mendoza Flores es de toda su confianza y forma parte del equipo jurídico que lo representa.
Se me están violentando mis derechos, exclamó Rubén en repetidas ocasiones con voz entrecortada, mientras la secretaria de Acuerdos del Juzgado le pedía que se calmara.
El preso político hizo público su negativa a firmar el documento, donde admite que su defensor legal no estaba presente en el juzgado, cuando presenció el alegato.
Por su parte, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre marchó por enésima ocasión para exigir la liberación de sus cuatro presos políticos (Rubén, Xihuel y Atl Rubén Sarabia, y Fernando Alonso); además, condenó enérgicamente el trato intimidatorio de los funcionarios judiciales y agente del Ministerio Público adscritos al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, hacia los periodistas que se presentaron a ejercer su labor informativa.