El 23 de septiembre de 2014 los investigadores del INAH Puebla entregaron un dictamen interdisciplinario negativo a la construcción del Parque Intermunicipal Cholula (PICH). Este dictamen fue puntual y minuciosamente documentado a pesar de la premura con que tuvieron que redactarlo porque fueron notificados hasta el 17 de septiembre del proyecto constructivo (según consta en oficios y documentos liberados por el IFAI/INAI y disponibles a todos los interesados en: [email protected]).
Con la intención de obtener los permisos del INAH para intervenir un polígono protegido por ley desde 1993 y construir el Parque Intermunicipal Cholula (PICH) sobre suelos arqueológicos el gobierno de Rafael Moreno Valle, según demuestran los oficios liberados, procedió sin informar a los cholultecas afectados pero también a los investigadores que podrían objetar la destrucción patrimonial para construir negocios turísticos. Eso lo demuestra un oficio, del no arquitecto Jorge Salgado Tlahuis, pero coordinador de Monumentos Históricos del INAH Puebla (ver G. Hernández, “Peritos Cachirules en el INAH Puebla” en Proceso, 15 de mayo 2015) que da constancia que para el 17 de septiembre él ya había estudiado los planos y proyectos y compartido sus opiniones con Ortiz Pedraza. En ese oficio, el mismo día en que son informados los investigadores del proyecto PICH, él ya dictaminó sobre “módulos sanitarios, casetas de vigilancia, locales comerciales y mobiliario urbano” haciendo la acotación que como “se presume” que existen “vestigios arqueológicos” en la zona había la necesidad de intervención del área de arqueología del INAH para aprobarlo. En una adenda, además, da su visto bueno al “Parque Teleférico” y al “Ciclo Vía de los Fuertes” en la Puebla monumental con la sola excepción de unas “canchas” porque considera incluso el mobiliario urbano el “adecuado”.
El subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín de los Santos Cabrera, en otro oficio da constancia que el 19 de septiembre entregaba al Arq. Arturo Balandrano, coordinador Nacional de Monumentos Históricos, la carpeta con todos los proyectos del PICH (ver oficio sub–opc–084/ 214); y para el 25, solo cinco días después y ya teniendo el dictamen negativo de los investigadores del INAH Puebla, sin haber obtenido un dictamen del Consejo de Arqueología, el Arq. Balandrano apresuradamente otorgó a su vez un permiso al gobernador Rafael Moreno Valle para que pudiera avanzar con “trabajos preliminares” dentro del polígono protegido por ley y en la base de la gran pirámide. Le autorizaba entonces al gobernador de Puebla permisos para desmantelamiento de mobiliario urbano y luminarias, retiro de banquetas y guarniciones, despalme y limpieza de “áreas” que terminaron destruyendo adobes de plataformas aledañas y del mismo edificio piramidal (denunciado aquí y con documentación fotográfica enviados a la Unesco). La Mtra. Valerio Valero Pié, directora de Apoyo Técnico, y el Mtro. Antonio Mondragón Lugo, subdirector de Supervisión de Proyectos y Obras Externas fueron los autorizados el 3 de Noviembre (oficio 401.F(6) 19.2014/3869) para supervisar estas intervenciones “preliminares” sobre los adobes de la mayor pirámide en volumen del mundo, con un tiempo constructivo de cuatro o cinco (quizás más) etapas que datan desde 500–200 a.C. hasta el Siglo XII. Estos oficios demuestran trampas a procedimientos del INAH y perversión de la ley de parte de autoridades del INAH; burlando así mismo el mandato constitucional de la institución (como sus reglamentos internos) para autorizar destrucciones a los bienes patrimoniales de la nación.
El 31 de octubre finalmente el Consejo de Arqueología recibió el proyecto y el 10 de Noviembre emitió un dictamen que dice “que el mismo no ha sido aprobado”; es decir es un dictamen negativo sobre la viabilidad del PICH (oficio 401.F (4) 50. 2014/7/1844).
Desde el 25 de septiembre (quizás presionado por el dictamen interdisciplinario de investigadores enviado al INAH federal tres días antes con las firmas de arqueólogos experimentados en la investigación de la zona ceremonial en las Cholulas) el coordinador de arqueología del INAH Puebla Eduardo Merlo envió al Consejo de Arqueología y a Ortiz Pedraza su propio dictamen contenido en 16 hojas; y proponiéndose como imparcial relator sobre un “asunto” que algunos quieren “politizar”, según dice, y antes que “uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, pueda ser afectado de forma irreversible”. Sus 16 hojas merecen un comentario crítico pero lo único que por el momento quiero resaltar es que su dictamen es también negativo al PICH.
El INAH, entonces, no tiene ningún aval de sus investigadores, ni del Consejo de Arqueología, para haber procedido a permitir “trabajos preliminares” pero tampoco para otorgarle un permiso al gobernador Rafael Moreno Valle para la construcción del PICH en la zona ceremonial de las Cholulas. Es más, un permiso otorgado por el INAH al PICH, en caso que se diera, sería enteramente ilegal.
El gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde Leoncio Paisano, sin embargo, en octubre de 2014, después de que se dieron los dictámenes negativos de los investigadores del INAH, mandaron apresar con violencia al Lic. Adán Xicale y a su hijo Paul porque denunciaron que el PICH en la zona ceremonial cholulteca destruye patrimonio y cultura y viola la ley de 1993. Lo mismo que dictaminaron los investigadores y el Consejo de Arqueología del INAH. ¿Cómo se puede justificar que merecen cárcel ciudadanos cholultecas como Adán y Paul Xicale por exigir que se respete la ley?
Po otro lado, el 26 de junio el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por unanimidad, declaró inconstitucional el decreto de expropiación que el gobernador Rafael Moreno Valle aplicó sobre terrenos de san andreseños para construir su PICH. La primera batalla ciudadana ganada a los dos alcaldes de San Pedro y san Andrés fue por iniciativa del Lic. Xicale al amparar a los propietarios de terrenos afectados en San Pedro Cholula. ¿Cómo se justifica entonces la cárcel para el Lic. Xicale por reclamar la ilegalidad de las expropiaciones para construir el PICH como ahora lo reconoce el Tribunal Colegiado?
Hoy, 2 de julio de 2015, atestiguamos cuando el alcalde José Juan Espinosa, asumiendo implícitamente cualquier responsabilidad que tuvo al no atender la defensa patrimonial ciudadana y que tiene injustamente al Lic. Xicale en la cárcel, anuló la entrega que él mismo promovió el 20 de octubre de 2014 del Parque Soria y Xelhua al gobernador Rafael Moreno Valle para sus proyectos constructivos. Estos predios tienen plataformas arqueológicas que son parte del conjunto ceremonial de la gran pirámide y están dentro del polígono protegido por la ley de 1993. Desde que el Lic. José Juan Espinosa promovió la entrega en comodato de estos predios a cambio de construcciones y supuestas inversiones con fines de utilidad pública de parte del gobernador nosotros nos opusimos y le cuestionamos porque las Cholulas no necesitan inversiones que se pagan con la destrucción y enajenación de su patrimonio cultural y arqueológico. Al rectificar hoy esta enajenación patrimonial tres militantes del PAN, Arturo Carranco, Víctor Romero Tepanecatl y Pablo Melgarejo Luna atendieron mejor los intereses del gobernador Rafael Moreno Valle y le dieron la espalda a la defensa del patrimonio de los cholultecas votando en contra. A pesar de ellos, sin embargo, la rectificación fue aprobada y nosotros la aplaudimos aunque recordando el costo y sacrificio que pagan los Xicales por insistir precisamente en lo que hoy el cabildo de San Pedro reconoció: el enorme acervo cultural y arqueológico cholulteca debe ser preservado para las Cholulas y los cholultecas porque ese es el mandato de la ley y la ética.