La política criminal del Estado mexicano anda suelta. Paradójicamente las instituciones de procuración y administración de “justicia”, desvirtuada ya su naturaleza, han sido políticamente habilitadas para contener la inconformidad social mediante la represión policiaca y el encarcelamiento de personas cuyo delito es pronunciarse contra la política gubernamental que pone el aparato burocrático militar del estado al servicio del capital y en contra de los sectores populares diseñando una realidad de opresión y descomposición social. El México bárbaro está recreado y un neoporfirismo redivivo gobierna bajo el modelo de orden y progreso legado por el general. La conversión de las instituciones en garrote político corroe al país entero con la decisión de criminalizar la protesta social que busca ser escondida al amparo discursivo de “legalidad”, “estado de derecho”, “aplicación de la ley” u otras expresiones similares cuya fangosidad de significado las hace poco comprensibles para el grueso de la población. Sin embargo, ya es nítidamente apreciable la perversidad gubernamental en el manejo y dirección de leyes e instituciones en ejercicio del poder público para favorecer a unos y castigar a otros.
La innumerable lista de personas puestas tras las rejas a título de “prisión preventiva”, por sucesos políticos o con motivo de ellos, acredita que la inclusión constitucional de los derechos humanos y su regulación legal forman el sustrato de un discurso de protección que la voluntad estatal y práctica jurídica cotidianas niegan. La existencia de presos políticos desmiente el discurso oficial y confirma su vacuidad. La actual reglamentación de los derechos humanos es una forma política de control social diseñada exprofeso para permitir su violación sistemática y degradante a través de actos de la autoridad; obligar a los afectados a transitar los vericuetos legales procesales y las instancias de autoridad en forma ascendente, sin que necesariamente las más altas autoridades del Estado mexicano garanticen su efectiva protección; obligan, así, a tener que acudir a instancias internacionales para que la vulneración pueda ser reconocida.
Examinando las características generales que presentan, jurídicamente, las causas penales que se les siguen, podemos decir que el preso político, lo es, por voluntad del autócrata y no necesariamente por la comisión de delito. La política criminal generadora de presos políticos proviene del manejo del estado que la ejecuta sobre cuatro bases fundamentales: a) imputación arbitraria de figuras delictivas; b) manejo perverso de las instituciones; c) discurso protector de derechos humanos; y, d) control de los medios de comunicación masiva. La imputación arbitraria de delitos es realizada conscientemente bajo dos consideraciones políticas: una, la sociedad, en general, desconoce el contenido de las leyes y sus formas de aplicación e interpretación; dos, la sociedad es una espectadora que presume buena fe en los actos de gobierno al carecer de herramientas teóricas para analizarlos. Esa imputación va seguida del encarcelamiento de las personas “incómodas” al gobierno de que se trate. El manejo perverso de las instituciones sustituye cualquier cosa que signifique “división de poderes”, con la consigna, línea o teléfono rojo. Toda acción de autoridad, por arbitraria y fuera de norma que esté, es puesta automáticamente bajo resguardo discursivo de la protección de derechos humanos de terceros, o de la sociedad, declarándolos afectados como forma de desvío de atención hacia la probable vulneración de los correspondientes a la persona acusada.
Con honrosas excepciones, los medios de comunicación social aceptan convertirse en cómplices del poder –por acción u omisión, conveniencia o cobardía cívica– al desacreditar, mediante exhibición pública, a personas inocentes alentando la idea de culpabilidad delictiva sobre ellas. Solo bajo la hipótesis de aceptar como premisa válida la descategorización lingüística consistente en que las instituciones del Estado pudieran padecer una especie de “imbecilismo” podrían entenderse, como botones de muestra, los casos de Alberto Patishtán que pasó trece años preso sin que la procuración y administración federal de “justicia”, en todos sus niveles, se percataran de su inocencia. El de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas falsamente y condenadas a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de seis agentes federales; o las 11víctimas de tortura sexual en sucesos de San Salvador Atenco, que necesitaron acudir ante instancias internacionales para que se reconociera el abuso en su contra. O los de Nestora Salgado y José Manuel Mireles, presos injustificadamente por atreverse a defender sus pueblos de la delincuencia organizada. Puebla, con sus reclamados 134 presos políticos, demuestra fehacientemente que la persecución, la imputación falsa de delitos y el inmoral manejo institucional han sido convertidos en mecanismo normal de gobierno.
De no aceptarse aquella hipótesis, entonces consideremos otra: estamos frente a un régimen estatal que utiliza leyes e instituciones como instrumentos para asegurar su propio poder político y ponerlo al servicio de los dueños del dinero para la realización de –todo– tipo de negocios. Bajo esta, el estado no persigue a delincuentes organizados; solo criminaliza y encarcela a los afectados por la realización de tales negocios, los tilda públicamente de presuntos delincuentes y obstaculiza institucionalmente su defensa legal aunque, finalmente, sean declarados inocentes. Este mecanismo es autoritario porque invierte el sistema penal, no solo en el sentido de que las personas compurguen una pena de prisión –privación efectiva de la libertad– sin existir sentencia que la declare; sino, en obligarlas desde el encierro a demostrar inocencia respecto de hechos que, en realidad, nunca constituyeron delito. En perjuicio del ciudadano que protesta, disiente o se opone, la autoridad decide trastocar el principio de inocencia por la presunción de culpabilidad para fastidiarle la vida imponiéndole prisión “preventiva”. Con ello exhibe una terrible pérdida de humanidad, como sentido de dignidad propia y de reconocimiento hacia la de los demás.
El caso Simitrio es representativo de la pérdida de humanidad gubernamental, la violación de derechos humanos y ejemplo del manejo absurdo de la ley y de las instituciones. Es el preso que con su estancia en prisión describe y define empíricamente el concepto de preso político. Acosados, perseguidos y calumniados su esposa, sus hijos, la 28 de Octubre; todos, enfrentan la embestida del autoritarismo únicamente con tres argumentos: de su lado está la razón política y jurídica; cuentan con el apoyo solidario de los poblanos y son una organización auténtica. Con su libertad en juego demuestran que protección de derechos humanos, por ahora, no significa respeto para el otro, ni civilidad o justicia. La desnudan para evidenciarla como muestra de poder, como calvario legal y burocrático para conseguirla; como concepto jurídico que no establece tiempo para llegar a ella. ¿Quién castiga al poder que crea presos políticos y viola sus derechos humanos?