En la Cámara de Diputados quedaron evidenciados los funcionarios morenovallistas Jorge Cruz Bermúdez, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, y el procurador Víctor Carrancá Bourget, quienes además de acarrear con burócratas al encuentro, negaron sin sustento que en Puebla existan presos políticos. Esto ocurrió cuando un grupo de pobladores de la región de Cholula, así como de organizaciones como la 28 de Octubre, encararon públicamente a ambos, en la reunión que sostuvieron este jueves con legisladores federales, en el Palacio de San Lázaro.
Durante la sesión, el encargado de despacho de la SGG fue incapaz de resolver las dudas de los diputados federales, de diferentes fracciones parlamentarias.
Incluso, el perredista Roberto López Suárez exhibió a los enviados de Moreno Valle, a los que cuestionó porque habían acarreado a medio centenar de burócratas a la reunión, y quiénes eran los funcionarios que habían abarrotado la sala.
Leer un discurso y no dar contestación a las interrogantes de violaciones a derechos humanos en Puebla, fue la estrategia del gobierno de Puebla, condenó la legisladora Roxana Luna Porquillo.
La diputada perredista indicó que hubo preguntas que simplemente no se contestaron, ni mucho menos se dio una respuesta clara, “el discurso fue decir todo está bien”.
Señaló que hubo falta de seriedad del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por no acudir ante los legisladores que solicitaban su presencia para aclarar la situación en Puebla.
“Hay una falta de respeto a los diputados, a la Comisión”, consideró. Luna Porquillo y la diputada Loreta Ortiz, de Morena, reclamaron sobre la detención de 133 activistas, dirigentes, campesinos, mototaxistas, amas de casa y opositores al morenovallismo en los últimos cuatro años.
Cruz Bermúdez recurrió al mismo discurso de su antecesor Luis Maldonado, “en Puebla hay un clima de paz y en defensa de los derechos humanos”.
En el caso de Chalchihuapan, recalcó que el gobierno estatal cumplió con las 11 recomendaciones emitidas en su contra por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Hace 20 días, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emplazó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a dar una explicación a los legisladores por tres casos específicos.
El primero tiene que ver con el asesinato del niño José Luis Tehuatlie de manos de la policía estatal, durante la dispersión a una protesta social en la comunidad de Chalchihuapan; los 133 presos políticos, y el desalojo violento de universitarios del zócalo poblano.
Sin embargo, el gobernador poblano no acudió al llamado del Poder Legislativo federal, y en su lugar envió a Cruz Bermúdez y Carrancá, quienes fueron severamente cuestionados por las violaciones graves a los derechos humanos cometidos por la autoridad.
En la reunión, que no tardó más de media hora, de 9:30 a 10 de la mañana, se presentó un grupo de activistas que logró burlar la seguridad de San Lázaro, con pancartas y lonas en contra de las agresiones del gobierno morenovallista. Como parte de la protesta, los inconformes demandaron la liberación de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, y de su hijo Rubén Sarabia Reyna.
En su intento de dar validez a su declaración, en defensa del gobernador poblano, dijo que era perredista, fuerza política diferente al mandatario panista.
La participación de Carrancá Bourget fue menor. El procurador dijo que en el desalojo de los universitarios del zócalo poblano, no hubo violencia y tampoco existe una denuncia por lesiones del caso.
Mientras que en la detención de Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, aseguró que el gobierno poblano llevó a cabo todos los convenios de colaboración con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.
El único legislador que avaló la administración morenovallista, fue el nieto de Elba Esther Gordillo, René Ricardo Fujiwara, quien aseguró que no se puede culpar al gobierno poblano sin señalamientos ni pruebas.