Se ha dicho, y con razón, que una sociedad donde se persigue, reprime y asesina a los jóvenes no tiene futuro, o por mejor decirlo, tiene un futuro miserable e indeseable. Pero además, un gobierno que olvida su obligación de ofrecer igualdad de oportunidades a la población y cancela las opciones de estudio o de trabajo digno a los jóvenes y, en cambio, los persigue, reprime y asesina sin razón ni motivo, no merece sino el desprecio social.
El domingo pasado en el zócalo de la ciudad de Puebla, fue agredido un grupo de jóvenes que hacían un plantón en demanda de espacios universitarios para recibir los cursos gratuitos de preparación para solventar los crecientes obstáculos que impone la UAP a los jóvenes que desean seguir estudiando en la universidad pública. Esos jóvenes, mujeres y hombres que no pueden pagar el precio que cobran la UAP y otras instituciones privadas que lucran vendiendo cursos a quienes tienen la ilusión de prepararse para aprobar los dos exámenes que hoy impone la Benemérita a los aspirantes, reciben el apoyo del Colectivo Universitario por una Educación Popular (CUEP) que prepara a los aspirantes, sin cobro alguno, que quieren ingresar a una universidad que, hace tiempo, cuando era crítica, democrática y popular, recibía a todos los aspirantes y mantenía un proyecto educativo alternativo al dominante, sin disminuir el nivel académico ni regatear la atención que merecen los estudiantes.
Nada justifica la brutal agresión, la saña con la que fueron golpeadas las muchachas y los muchachos que siguen creyendo en la vigencia del derecho a organizarse, a expresar su inconformidad en voz alta contra una realidad que los abruma y los excluye, que les niega el derecho a la educación universitaria y a pesar de ello siguen confiando en los estudios universitarios como el camino para adquirir una formación profesional que les permita servir a los demás y tener una vida digna.
No merecían los jóvenes el maltrato, ni la violencia desmedida con la que fueron agredidos por una horda entrenada y organizada para golpear brutalmente y, si llegara le caso, matar a quien se le ordene. Así debió haber sido el infierno del 10 de junio de 1971, cuando surgieron los halcones que sabían dónde, cómo y a quién golpear y asesinar; así fue la tragedia de Iguala el 26 de septiembre de 2014, donde murieron tres jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, uno de ellos desollado sin que eso nos cause el espanto de una muerte inconcebible y sin que a la sociedad se le ofrezca una explicación medianamente creíble de lo ocurrido esa noche infernal, y tal vez no se nos ofrece una explicación porque ni la desbordada imaginación del cansado procurador alcanza para crear una “verdad histórica” medianamente creíble y razonable, para “superar” y aceptar los asesinatos a mansalva como recurso para gobernar. El grito lanzado contra los jóvenes, de “Los vamos a matar como en Ayotzinapa”, hay que tomarlo en serio, porque en cualquier momento la pueden cumplir, pues se saben impunes.
Las evidencias muestran que hoy ser joven es peligroso, sobre todo si se tiene alguna preocupación social y si se interesa no sólo por su presente y futuro, sino también por el presente y el futuro de la sociedad donde viven, donde quieren crecer y vivir con la dignidad que hoy se les niega.
Lamentablemente la agresión sufrida por los estudiantes fue calificada por las autoridades universitarias como un “altercado”, que de ninguna manera lo fue, pues se trató de una agresión violenta, abusiva e irracional contra jóvenes inermes, acto que no solamente es preciso lamentar sino que requiere la exigencia lisa y llana de ¡Castigo a los culpables!